No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles las Resoluciones recaídas en los expedientes incoados contra las mismas por infracción a la normativa en materia de consumo, y conforme al artículo 59, apartado 4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a las personas jurídicas que se citan, las Resoluciones recaídas en los expedientes que les han sido instruidos por infracción a la legislación en materia de consumo.
Los interesados podrán interponer recurso ordinario contra la Resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
El pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda. 2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.
1) VISTO EL EXPEDIENTE NÚMERO: 38-475/95. INSTRUIDO A: Estación Suramérica, S.A. D.N.I. o N.I.F.: A-38047684.
MOTIVACIÓN
Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. REFERENCIA DE HECHOS: el día 2 de junio de 1995, un Inspector de esta Dirección General practicó visita de inspección en la gasolinera ESSO, propiedad de la entidad mercantil Estación ESSO, propiedad de la entidad mercantil Estación Suramérica, S.A., sita en salida Playa de las Américas del término municipal de Arona, y mediante acta nº 41.817 instruida al efecto, procedió a comprobar la reclamación presentada en la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Arona por D. Francisco Chinea Plasencia, el día 13 de marzo de 1995 (Registro Interno nº 344/95). Denuncia el reclamante que compró gasolina en dicha estación el día 11 de marzo, a las 7,30 horas de la mañana, y le cobraron un importe indebido, ya que la gasolina había bajado 10 céntimos por litro a las 0 horas del mismo día. Adjunta ticket por la cantidad suministrada y el importe pagado. En la visita de inspección, el compareciente, D. Juan Bello Esquivel, en calidad de encargado, reconoció que, efectivamente, el día 11 de marzo, a las 0 horas, debía bajar el precio de la gasolina súper, de 78,1 pesetas a 78,0 pesetas, pero que el cambio se efectuó a las 12,00 horas del día 11 de marzo, ya que el encargado del cambio no pudo personarse antes. Esta Dirección General comprueba que la entidad encartada cobró al reclamante un precio superior al autorizado legalmente, ya que el precio de la gasolina súper había quedado fijado en 78 pesetas desde las 0 horas del día 11 de marzo de 1995. Este hecho supone infracción a la normativa de consumo. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículo 2º, número 1, letra b), y artículo 34, números 5 y 6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y artículo 3º, apartados 3.2.1 y 3.3.1, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: por transcurso de los plazos previstos en el artículo 24, apartado 4, del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora (B.O.E. nº 189) y artículo 43, apartado 4, de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 189), el expediente ha de entenderse caducado. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 8 de la Orden de 18 de agosto de 1995, de desarrollo de las competencias de los órganos creados por Decreto 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 109), en conexión con los artículos 11, apartado f), y artículo 18, apartado 2.B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10.9.93),
ACUERDO:
El sobreseimiento del expediente nº 38-475/95, y el archivo de las actuaciones. Santa Cruz de Tenerife, a 9 de julio de 1996.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
2) VISTO EL EXPEDIENTE NÚMERO: 38/135/96. INSTRUIDO A: Vabri, S.L. D.N.I. o N.I.F.: B-38.322.533
MOTIVACIÓN
Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. REFERENCIA DE HECHOS: el día 11 de enero de 1996, un Inspector de esta Dirección General realizó visita de inspección en un establecimiento de venta menor, de rótulo B H S, del que es titular Vabri, S.L., sito en el Centro Comercial Santa Cruz, planta baja, término municipal de Santa Cruz de Tenerife, levantando el acta nº 42.808 instruida al efecto, comprobó reclamación nº 1.027/95, presentada por D. Salvador Torres González, provisto de D.N.I. nº 41.988.737, por la presunta contradicción en los plazos de devolución o cambio de mercancías compradas en fechas 23 de septiembre de 1995 y 30 de septiembre de 1995 (tres y siete días respectivamente) y la posterior negativa a entregar Hojas de Reclamaciones, y solicitadas éstas por el Inspector actuante no las presenta la persona compareciente Dña. Luisa María García Toribio, reconociendo que tampoco estaban a disposición de la clientela en el momento en que las requirió el reclamante y constituyendo tales hechos infracción en materia de consumo. FUNDAMENTOS DE DERECHO: es de aplicación el artº. 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue notificado al interesado el día 12 de julio de 1996, mediante carta certificada con aviso de recibo, sin que en el plazo de diez días concedido al efecto formulara alegaciones. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 8 de la Orden de 18 de agosto de 1995, de desarrollo de las competencias de los órganos creados por Decreto 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 109), en conexión con el artículo 11, apartado f), y artículo 18, apartado 2.B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10.9.93),
ACUERDO:
Imponer a Vabri, S.L. la sanción de cincuenta mil (50.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 9 de julio de 1996.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
3) VISTO EL EXPEDIENTE NÚMERO: 38-147/96. INSTRUIDO A: Discos Manzana, S.L. D.N.I. o N.I.F.: B-38039319.
MOTIVACIÓN
Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. REFERENCIA DE HECHOS: el día 17 de enero de 1996, un Inspector de esta Dirección General realizó visita de inspección en un establecimiento venta menor de discos, C.D., Cass, del que es titular Discos Manzana, S.L., sito en el Centro Comercial Santa Cruz, planta 1ª, local nº 26, Urbanización Añaza, término municipal de Santa Cruz de Tenerife, levantando el acta nº 42.691 instruida al efecto, comprobando que este establecimiento tiene expuestas en escaparate aproximadamente 280 unidades de compact-disc, careciendo del preceptivo marcado de precios de forma visible. Asimismo, se comprueba que el resto de los artículos expuestos en el escaparate no lleva el marcado de precios de venta al público de forma visible, constituyendo tales hechos infracción en materia de consumo. FUNDAMENTOS DE DERECHO: es de aplicación lo establecido en el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 1º y 3º del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: el interesado, en escrito presentado en el registro de entrada de la Dirección General de Consumo, provisto con el número 1.550 de fecha 7 de agosto de 1996, sucintamente, manifiesta: negar totalmente los hechos a que refiere el expediente, por ser inexactos y no ajustarse a la realidad. Se deduce una evidente contradicción. Es sumamente incoherente que en el escaparate al que se refieren estas actuaciones, se marquen y concreten todos los precios de los productos existentes en el mismo, y no así, el de los indicados compact-disc. Tal razonamiento evidencia la inexactitud reseñada en el particular primero de este escrito. En cuanto a la denominada forma visible de los etiquetados siempre los ha efectuado en proporción al producto que se exhibe. Por consiguiente, todos los productos estaban en el escaparate perfectamente marcados, en proporción directa al tamaño de los mismos, siendo por tal motivo, cuanto alude al tamaño del etiquetado, una cuestión de mera apreciación, y de un marcado carácter subjetivo del Sr. Inspector que efectuó el Acta de que se discrepa. Efectivamente, existían los compact-disc a que se aluden, y en cantidad aproximada, como con acierto se expresa, de unas 280 unidades. Ciertamente no estaban los 279 etiquetados. Y ello por una sola razón: todas las unidades eran de la misma clase y producto; razón por la cual sólo se procedió a etiquetar, y en forma totalmente visible, uno de los compact-disc que se exhibían, ya que su colocación en el escaparate se ubicaba en forma de acumulación, o sea, todos juntos. Suplico acordar el archivo de este expediente sin imposición alguna de sanción a mi representada. INFORME DEL INSTRUCTOR A LAS ALEGACIONES DEL INTERESADO: no se desvirtúan en modo alguno los hechos imputados, por lo que no procede eximir de responsabilidad al interesado. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 8 de la Orden de 18 de agosto de 1995, de desarrollo de las competencias de los órganos creados por Decreto 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 109), en conexión con el artículo 11, apartado f), y artículo 18, apartado 2.B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10.9.93),
ACUERDO:
Imponer a Discos Manzana, S.L. la sanción de cuarenta mil (40.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 9 de julio de 1996.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
4) VISTO EL EXPEDIENTE NÚMERO: 38-450/95. INSTRUIDO A: Dulce Sabor, S.L. D.N.I. o N.I.F.: B-38299871.
MOTIVACIÓN
Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. REFERENCIA DE HECHOS: el día 18 de mayo de 1995, un Inspector de esta Dirección General practicó visita de inspección en el establecimiento de venta menor de productos de confitería, repostería y bollería, propiedad de la entidad mercantil Dulce Sabor, S.L., sito en la calle Ángel Guimerá, 1, término municipal de Santa Cruz de Tenerife, y mediante acta nº 41.805, instruida al efecto, comprobó que se hallaban expuestos y dispuestos para su venta al público, en expositores de mercancía, diversos productos como tocino de cielo, petit-suizze, dulces de hojaldre, palmeras, croissant, tartas de fresa, chocolate y manzana, y trozos de pizza, sin que se exhiba su precio de venta al público (P.V.P.). Este hecho supone infracción a la normativa de consumo. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículo 13 y artículo 34, apartado 6, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y artículo 3º, apartados 3.3.1 y 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en conexión con los artículos 1º y 3º del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado en la venta al público de artículos al por menor, y artículos 2º, 4º y 8º del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre (B.O.E. nº 29), por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: notificado el Acuerdo de iniciación del expediente mediante publicación en el Boletín Oficial de Canarias e Ilmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y por transcurso de los plazos previstos en el artº. 24, apartado 4, del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora (B.O.E. nº 189), y artículo 43, apartado 4, de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 189), el expediente ha de entenderse caducado. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, por el artículo 8 de la Orden de 18 de agosto de 1995, de desarrollo de las competencias de los órganos creados por Decreto 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 109), en conexión con el artículo 11, apartado f), y artículo 18, apartado 2.B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10.9.93), ACUERDO:
El sobreseimiento del expediente nº 38-450/95, incoado a la entidad mercantil Dulce Sabor, S.L., y el archivo de las actuaciones. Santa Cruz de Tenerife, a 9 de julio de 1996.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
Santa Cruz de Tenerife, a 22 de octubre de 1996.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
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