Visto el informe del Director General del Servicio Jurídico, de 4 de enero de 1996, emitido a solicitud de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, en relación con el régimen jurídico aplicable a los efectos anulatorios de la Sentencia de 8 de septiembre de 1995 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Santa Cruz de Tenerife), que anula la Orden de 29 de junio de 1993, por la que se convocó concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo de la Inspección Educativa.
Visto el informe del Director General del Servicio Jurídico, de 31 de enero de 1996, emitido a solicitud del Director General de la Función Pública, en relación con el Proyecto de Orden de incoación de expediente de revisión de oficio de la Orden de 15 de marzo de 1993, por la que se que convoca concurso para acceder a puestos de función inspectora entre funcionarios de Cuerpos docentes.
Vista la propuesta de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de 8 de marzo de 1996, sobre revisión de oficio de la Orden de la Consejería de Trabajo y Función Pública de 15 de marzo de 1993, por la que se convocaba concurso para acceder a puestos de función inspectora entre funcionarios de Cuerpos docentes.
Visto el dictamen preceptivo nº 68 de fecha 17 de septiembre de 1996, emitido por el Consejo Consultivo de Canarias.
Vista la propuesta de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 2 de octubre de 1996, sobre revisión de oficio de la Orden de la Consejería de Trabajo y Función Pública de 15 de marzo de 1993, por la que se convocaba concurso para acceder a puestos de función inspectora entre funcionarios de Cuerpos docentes.
Visto el dictamen preceptivo nº 97/1996 de fecha 20 de noviembre de 1996, emitido por el Consejo Consultivo de Canarias.
Teniendo en cuenta los siguientes antecedentes y consideraciones jurídicas. I. ANTECEDENTES
1º) La Consejería de Trabajo y Función Pública procedió a convocar concurso para acceder a puestos de función inspectora entre funcionarios de Cuerpos docentes mediante la Orden de 15 de marzo de 1993 (B.O.C. de 31 de marzo) para, con posterioridad, por Orden de 24 de mayo de 1993 (B.O.C. de 28 de mayo), declararla nula y sin efecto por considerar que en la mencionada convocatoria se incurría en vicios invalidantes al no prever, por un lado, la participación previa de los funcionarios docentes que ya hubieran accedido a la función inspectora, conforme a lo establecido en el Real Decreto 1.524/1989, de 15 de diciembre, de aplicación supletoria por falta de regulación en el Decreto Territorial 130/1988, de 1 de agosto, de Ordenación de la Inspección Educativa de Canarias y, por otro lado, por otorgar una presencia absoluta a los funcionarios del Cuerpo de Inspectores sobre los funcionarios docentes (base 2.2), contradiciendo lo dispuesto en la Disposición Adicional 15ª de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificada por la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, por cuanto ésta sólo establece la reserva de un porcentaje de plazas a los funcionarios del Cuerpo de Inspectores.
2º) Revocada la Orden de 15 de marzo, la Consejería de Trabajo y Función Pública procedió a realizar una nueva convocatoria, por medio de la Orden de 29 de junio de 1993 (B.O.C. de 2 de julio), con el propósito de subsanar los vicios advertidos en la convocatoria inicial.
3º) Contra estas dos Órdenes, de 24 de mayo y 29 de junio de 1993, se interpuso el recurso contencioso-administrativo nº 800/93, ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, promovido por Dña. Carmen Nieves Crespo de las Casas y D. José Francisco Leal Simón, recayendo el 8 de septiembre de 1995 Sentencia estimatoria nº 684, que anula los actos impugnados por no ser conformes a Derecho, al haberse dictado prescindiendo del procedimiento legalmente establecido para la modificación de la convocatoria.
4º) Una vez recibido el testimonio de la firmeza de la Sentencia, la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, mediante Orden de 29 de diciembre de 1995, dispone el cumplimiento en sus propios términos de las declaraciones contenidas en el fallo, anulando las Órdenes de 24 de mayo y de 29 de junio de 1993, publicándose la Orden de ejecución para general conocimiento en el Boletín Oficial de Canarias nº 7, de 15 de enero.
Por su parte, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, mediante Orden de 22 de febrero de 1996 (B.O.C. nº 48, de 19.4.96), procede a anular los nombramientos resultantes de la convocatoria de la Orden de 29 de junio. 5º) Sin perjuicio de la Sentencia ejecutada, la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, previo informe favorable de la Dirección General del Servicio Jurídico de 31 de enero de 1996, resuelve, mediante Orden de 7 de febrero de 1996 (B.O.C. nº 28, de 4.3.96), iniciar expediente para la revisión de oficio de la citada Orden de 15 de marzo, al estimar que mantenía los mismos vicios que en su día dieron lugar a su revisión aunque por un procedimiento equivocado, paralelamente dispone: 1) su suspensión cautelar en tanto se tramitara el expediente de revisión, 2) el emplazamiento de quienes resultaran interesados en el expediente de revisión y 3) la publicación de la Orden de inicio del procedimiento de revisión de oficio en el Boletín Oficial de Canarias para general conocimiento.
6º) Iniciado el procedimiento de revisión, se da traslado de lo actuado en el expediente con todos sus antecedentes a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes a fin de que, además de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 28, de 4 de marzo, se proceda a notificar personalmente la apertura del trámite de audiencia a los interesados que hubieran solicitado en tiempo y forma su participación en la convocatoria.
Dentro del plazo señalado para el trámite de audiencia se presentan alegaciones diversas sobre el procedimiento de revisión por D. José Mariano Torres Stinga, Dña. Carmen Nieves Crespo de las Casas y D. Francisco Leal Simón conjuntamente, D. Dionisio Guerra Sánchez, D. José Meneses Fernández, D. Manuel de los Reyes Hernández Sánchez, D. Domingo Bordón Tarajano y D. Antonio Medina Medina.
7º) Se remite al Consejo Consultivo de Canarias el Proyecto de Orden de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales por la que se resolvía el procedimiento de revisión de la Orden de la Consejería de Trabajo y Función Pública, de 15 de marzo de 1993, por la que se convoca concurso de méritos para acceder a puestos de la función inspectora entre funcionarios de Cuerpos docentes, admitiéndose a trámite por el Consejo el día 13 de junio de 1996.
8º) Se emite por el Consejo Consultivo de Canarias dictamen preceptivo nº 68 de fecha 17 de septiembre de 1996, en el que se declara la inexistencia de causa de nulidad de pleno derecho en la convocatoria anteriormente citada.
9º) Se formula por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes nueva propuesta de 2 de octubre de 1996, sobre revisión de oficio de la Orden de la Consejería de Trabajo y Función Pública de 15 de marzo de 1993, fundada en causa de anulabilidad. II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- La Administración de la Comunidad Autónoma en el ejercicio de sus competencias goza del privilegio de autotutela, justificado por la exigencia de eficacia y de adecuación de la actuación administrativa a la legalidad en el cumplimiento objetivo de los intereses generales de acuerdo con el mandato constitucional, que le otorga la potestad de revisar sus propios actos en vía administrativa dentro de los límites y con el procedimiento señalado por el ordenamiento (artículo 34, letra a, de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias).
El ejercicio de esta potestad, en virtud del principio organizativo de desconcentración administrativa, se atribuye a los titulares de cada Consejería, facultándoles, de este modo, para incoar y resolver los expedientes de revisión de oficio de los actos del propio Departamento (artículo 29, apartado 1, letra g, del mismo cuerpo legal), correspondiendo la resolución del presente procedimiento de revisión al Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales por razón de la materia.
Segunda.- El poder de revisión del que está investido la Administración autonómica significa no sólo la posibilidad de reexaminar sus propios actos sino la obligación de proceder a eliminarlos cuando sean ilegales, porque su carácter vicioso determina una lógica repugnancia jurídica entre su estructura inválida y los efectos aparentes que produce.
Tercera.- La convocatoria de concurso en cuestión es un acto anulable de acuerdo con lo previsto en el artículo 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al haberse dictado en infracción del ordenamiento jurídico que se concreta en lo dispuesto en la Disposición Adicional 15ª de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, desarrollada reglamentariamente, en cuanto al territorio de gestión del M.E.C. por el Real Decreto 1.524/1989, de 15 de diciembre, por el que se regulan las funciones y la organización del Servicio de Inspección Técnica de Educación y se desarrolla el sistema de acceso a los puestos de trabajo de la función inspectora educativa.
La convocatoria examinada es susceptible de revisión de oficio según lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley 30/1992.
Cuarta.- La Ley 30/1984 silencia el régimen de provisión de puestos entre funcionarios de Cuerpos docentes que ya hayan accedido a dicha función en virtud de convocatoria. En consecuencia, la determinación de una prelación temporal entre el concurso de traslados y la convocatoria de acceso depende del desarrollo reglamentario que se haga de la disposición legal básica.
El desarrollo reglamentario autonómico, aplicable al ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias contenida en el Decreto Territorial 130/1988 presenta una regulación compleja y técnicamente deficiente, que da lugar a importantes lagunas e imprecisiones que es preciso integrar y en último extremo modificar.
Así cabe destacar de dicha regulación normativa los siguientes extremos:
1) Funcionarios del Cuerpo de Inspectores: se establece como potestativo de realización de concursos de méritos para la provisión entre funcionarios del Cuerpo de Inspección, con carácter previo a la convocatoria para la provisión por funcionarios docentes (artº. 12), con lo cual dicha provisión puede hacerse tanto con carácter previo -potestativamente- como simultáneo al concurso para la provisión de los funcionarios docentes. Pero, en cualquiera de ambos supuestos, existirá un derecho a reserva de un porcentaje de puestos, en virtud de lo establecido en la Ley 30/1984.
Sin embargo, y en un análisis comparativo entre los artículos 11 y 12, parece deducirse que existe un primer concurso de asignación de puestos y otro de provisión de puestos, rigiéndose el primero por el criterio exclusivo de la antigüedad, y el segundo por el sistema de concurso de méritos ordinario.
Tal dualidad de sistemas de provisión tendría lógica si la asignación prevista en el artº. 11 tuviera un carácter transitorio y excepcional y el concurso de méritos contenido en el artº. 12 fuera el sistema ordinario posterior a un primer concurso para la asignación inicial de puestos. Sin embargo, dicha transitoriedad parece contradecirse con el propio tenor del artº. 11 que prevé que dicho concurso de asignación se hará por periodos trianuales, lo cual supone una regularidad y mantenimiento en el tiempo de dicho sistema, en clara contradicción con el artº. 12.
2) Funcionarios de Cuerpos docentes que ya hayan accedido a la función inspectora. El Decreto Territorial 130/1988 no regula específicamente la provisión de puestos entre funcionarios docentes que ya hayan accedido a la función inspectora. Esto se deduce de un lado porque no se contempla ninguna disposición referente a concursos de traslados entre los mismos, y de otro porque el artículo 15, párrafo segundo, al establecer que en la convocatoria de acceso a la función inspectora quedarán exceptuados de la superación del curso de especialización los funcionarios que la hayan superado en el concurso de méritos. El precepto únicamente puede ser interpretado en relación a los funcionarios docentes que una vez han superado el concurso de méritos, no han accedido a la función inspectora y no con respecto a los funcionarios docentes que hubieran accedido a ella, pues no tendría sentido que éstos una vez superado el concurso de méritos (sistema de provisión) tuvieran que superar dicho curso.
En consecuencia cabe afirmar que el Decreto Territorial 130/1988 no regula específicamente la provisión de puestos entre funcionarios docentes que ya han accedido a la función inspectora.
De acuerdo con ello, y ante la existencia de la referida laguna, es precisa su integración tanto mediante la aplicación de la normativa estatal, supletoria en este extremo (artº. 149.3 in fine de la Constitución), como mediante la interpretación conjunta del Decreto 130/1988, lo cual nos lleva a la conclusión de que con anterioridad a la convocatoria de plazas para acceso a la función inspectora deberá realizarse un previo concurso de traslados entre funcionarios docentes que ya hayan accedido a tal función, llegando a dicha conclusión por aplicación de las siguientes consideraciones jurídicas:
1.- En primer lugar, la Disposición Adicional Segunda del Decreto Territorial 130/1988, además de indicar que las convocatorias se harán por periodos trianuales, viene a establecer que en caso de vacante de algún puesto de función inspectora antes del periodo de tres años, la Consejería de Educación podrá proveer estas vacantes mediante la adscripción de funcionarios en comisión de servicios.
Ello supone que las convocatorias trianuales deberán ofertar la totalidad de plazas vacantes, para lo cual resulta preciso que con anterioridad a cada convocatoria se proceda al concurso de traslados de quienes ya hayan accedido a dicha función, a los efectos de evitar que tras una hipotética convocatoria conjunta resultaran vacantes derivadas de la movilidad de funcionarios que ya hubieran accedido a la función inspectora, y que no podrían cubrirse por concurso hasta un nuevo periodo de tres años.
2.- En segundo lugar, ante la existencia de una laguna normativa, ha de aplicarse la normativa de Derecho supletorio, que estaría integrada por el Real Decreto 1.524/1989, el cual efectivamente prevé la existencia de un concurso de traslados, previo a la convocatoria de acceso, entre los funcionarios docentes que ya hubieran accedido a la función inspectora, junto con los funcionarios del Cuerpo de Inspectores (artº. 21).
3.- Por último, y por aplicación analógica de la institución de la promoción interna, el acceso de una función específica (como es la de la inspección) por nuevos funcionarios debe ir precedida de un concurso de méritos entre los funcionarios que hayan accedido previamente a dicha función.
Establecida la supletoriedad del Real Decreto 1.524/1989, debe entenderse que existe infracción de lo dispuesto en el mismo, en relación al concurso de traslado previo inexistente en la convocatoria examinada concurriendo vicio de anulabilidad previsto en el artº. 63.1 de la Ley 30/1992.
Quinta.- Por otro lado, la Orden de 15 de marzo objeto de revisión, infringe otros aspectos básicos del régimen de provisión de los puestos de trabajo con funciones de inspección educativa vigente al tiempo de realizarse la convocatoria.
El apartado 7º de la Disposición Adicional 15ª establece que a efectos de la Oferta de Empleo de la Inspección Educativa, la Administración competente reservará un porcentaje determinado de puestos para su provisión por los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Inspectores. La convocatoria de la Orden de 15 de marzo, por el contrario, viene a establecer en la práctica una reserva sobre la totalidad de las plazas a dichos funcionarios al reconocerles una preferencia absoluta (base 2.2 de la convocatoria) sobre los otros funcionarios con derecho a concurrir en igualdad de condiciones, esto es, los provenientes de Cuerpos docentes que ya habían accedido anteriormente a la función de inspección educativa y venían desempeñando tales puestos de trabajo.
Tal discriminación ni es digna de amparo, ni encuentra apoyatura legal en la indefinición del Decreto Territorial 130/1988, dado que en este punto la mencionada norma debe someterse al carácter básico de la reiteradísima Disposición Adicional, predicado en el apartado 3º del artículo 1º de ese mismo cuerpo legal.
La inexistencia del citado porcentaje supone una vulneración de lo dispuesto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley 30/1984, y por consiguiente un nuevo defecto que hace anulable la convocatoria.
Sexta.- En la actualidad el régimen jurídico de la Inspección Educativa ha sido objeto de una modificación sustancial a través de la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes, que ha venido a derogar expresamente el apartado 7º de la mencionada Disposición Adicional. Dicho texto legal establece en su Disposición Derogatoria Única, apartado 1º, que: quedan derogados ... el apartado 7 de la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio .... Sin embargo, tal derogación, que entraba en vigor el 22 de noviembre de 1995, carece de efecto retroactivo y no menoscaba la aplicación efectiva de la Disposición Adicional comentada en la convocatoria de concurso realizada por la Orden de 15 de marzo de 1993, puesto que en tal momento constituia el régimen vigente.
Séptima.- Debe desecharse la eventualidad de que la Sentencia ejecutada proyecte sobre el presente procedimiento de revisión los efectos de cosa juzgada, puesto que la resolución judicial se pronuncia sobre la inadecuación del procedimiento de revisión utilizado en la Orden de 24 de mayo de 1993, anulada por dicho motivo, pero no sobre el fondo de los vicios que motivaron la revisión, es decir, no entra en ningún momento a analizar la concurrencia de causas de anulabilidad o de nulidad en la Orden de 15 de marzo de 1993, por lo cual no puede deducirse de la misma un pronunciamiento sobre la inmutabilidad de la convocatoria.
Octava.- En la revisión de la Orden de 15 de marzo de 1993 se han observado las formalidades procedimentales del Título VI, referentes a las disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Novena.- No resulta preceptivo un nuevo trámite de audiencia a los interesados, dado que no figuran en el procedimiento otros hechos o alegaciones que las aducidas por los interesados según el artículo 84 de la Ley 30/1992.
En su virtud, esta Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales
DISPONE:
Primero.- Anular la convocatoria de concurso para acceder a puestos de función inspectora entre funcionarios de Cuerpos docentes efectuada por Orden de la Consejería de Trabajo y Función Pública, de 15 de marzo de 1993, de acuerdo con lo previsto en los artículos 63 y 103.1 de la Ley 30/1992.
Segundo.- Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial de Canarias para general conocimiento.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, previa comunicación a la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, conforme a lo previsto en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
Santa Cruz de Tenerife, a 4 de diciembre de 1996.
EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES, Ignacio Manuel González Santiago.
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