BOC - 1996/150. Viernes 29 de Noviembre de 1996 - 3488

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales

3488 - ANUNCIO de 5 de noviembre de 1996, de la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, relativo a notificación de Propuesta de Resolución en el expediente sancionador incoado por la Viceconsejería de Administración Pública a Comercial Juafa, S.L., titular de la empresa operadora nº 103, por infracción a la normativa sobre el juego.- Expte. nº 103/96.

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Habiendo sido intentada la notificación de la Propuesta de Resolución, en el domicilio que figura en el expediente sancionador nº 103/96, incoado por la Viceconsejería de Administración Pública a Comercial Juafa, S.L., titular de la empresa operadora nº 103, por infracción a la normativa sobre el juego, sin que haya podido practicarse al interesado, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

De las actuaciones practicadas y antecedentes que han dado lugar a la instrucción de las diligencias, y teniendo en cuenta los siguientes I. ANTECEDENTES

1º) Con fecha 11 de junio de 1996, fue levantada acta de infracción por funcionarios adscritos al Servicio de Inspección del Juego de esta Consejería, dando cuenta de que en el establecimiento Bar Miriam, sito en Taco, La Laguna, Carretera General del Sur, nº 29, se encuentra instalada y en funcionamiento la máquina recreativa del tipo “B”, TF-B-15.034, nº de Guía de Circulación 1237362, nº modelo B-1959, nº de serie 95/54, propiedad de la empresa operadora nº 103, Comercial Juafa, S.L., que en el momento de la inspección carece del preceptivo Boletín de Instalación para el citado establecimiento.

Por el Inspector del Juego actuante se procedió al precinto cautelar de la máquina recreativa denunciada.

2º) Mediante Providencia dictada por la Viceconsejería de Administración Pública de fecha 19 de junio de 1996, se ordenó la incoación de expediente sancionador por infracción a la normativa sobre el juego, procediéndose a nombrar Instructor del mismo y a formular el Pliego de Cargos al interesado. Asimismo, en la citada Providencia se mantuvo la medida cautelar adoptada por el Inspector del Juego actuante mediante acta de fecha 11 de junio de 1996, esto es, el precinto cautelar trabado en la máquina recreativa TF-B-15.034, al apreciarse presunta falta muy grave, a resultas de la resolución que en definitiva sea dictada.

3º) Con fecha 27 de junio de 1996, tiene entrada en el Registro de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, escrito de D. Cristóbal Rafael Díaz Rodríguez, en representación de la empresa operadora nº 103, Comercial Juafa, S.L., solicitando el desprecinto de la máquina recreativa señalada en el apartado anterior, por cuanto se encuentra tramitado el correspondiente Boletín de Instalación para el establecimiento Bar Miriam, cuya solicitud se realizó mucho tiempo antes del levantamiento del acta de infracción, concretamente el día 22 de mayo de 1996.

4º) Mediante Providencia de la Viceconsejería de Administración Pública de fecha 2 de julio de 1996, se acordó dejar sin efecto la medida cautelar ratificada mediante la Providencia anteriormente citada de fecha 19 de junio de 1996, esto es, el precinto cautelar trabado en la máquina recreativa del tipo “B”, TF-B-15.034, nº modelo B-1959, nº serie 95/54, al encontrarse dicha máquina debidamente documentada con el diligenciamiento del Boletín de Instalación para el establecimiento Bar Miriam de fecha 25 de junio de 1996.

5º) Intentada la notificación de la Providencia de Incoación y Pliego de Cargos en el domicilio del inculpado mediante carta con acuse de recibo, no pudo practicarse, por lo que se instó la notificación mediante anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, llevándose a efecto el día 25 de septiembre de 1996; no presentándose alegaciones por el interesado en el plazo concedido al efecto.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las competencias funcionales en esta materia vienen determinadas en la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias (B.O.C. nº 158, de 31 de diciembre), y en el Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias, modificado parcialmente por los Decretos 132/1989, de 1 de junio, y 89/1990, de 23 de mayo.

Segunda.- De conformidad con lo establecido en el artº. 7.5.b) del Decreto 321/1995, de 10 de noviembre, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, el Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales es competente para intervenir en la resolución de este expediente.

Tercera.- En la tramitación de este expediente se ha observado el procedimiento previsto en el artº. 43 del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo.

Cuarta.- Analizados los hechos imputados a través de las disposiciones en vigor, se aprecia infracción a lo dispuesto en los artículos 12 y 31.1.b) del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo, en cuya virtud, el Boletín de Instalación, debidamente tramitado y cumplimentado, amparará la legalidad individualizada de la máquina correspondiente, en cuanto a su correcta ubicación en establecimiento autorizado para la instalación de máquinas de juego, del tipo que corresponda, debiendo figurar en todo momento, de forma visible, en el local donde estuviere en explotación la máquina recreativa.

Quinta.- De acuerdo con lo previsto en el artº. 39.6 del citado Reglamento, la infracción debe calificarse de muy grave, la explotación de la máquina TF-B-15.034 en el local Bar Miriam sin contar con la autorización administrativa correspondiente (Boletín de Instalación), correspondiéndole una sanción de un millón de pesetas, a tenor de lo preceptuado en el artº. 42 del mismo texto reglamentario en relación con el artº. 22 de la referida Ley.

En su virtud, se le notifica cuanto antecede a fin de que en el plazo de ocho días hábiles pueda alegar cuanto considere en su defensa, de acuerdo con el artº. 43.1.2.d) del Decreto citado.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 1996.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan José Rodríguez y Rodríguez.



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