Resultando que, con fecha 14 de septiembre de 1995 y registro de entrada nº 18.000, D. Santiago Santana Cazorla, en representación de la entidad mercantil Hermanos Santana Cazorla, S.L. y de D. Juan, D. Manuel, Dña. Rosario y Dña. Susana del Castillo y del Castillo, instó, ante el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), la aprobación definitiva del Proyecto de Compensación de propietario único, en pro diviso, y empresa urbanizadora del Plan Parcial Meloneras, Sector 2B. Resultando que, por el mismo interesado y en la misma representación, se solicitó, ante esta Administración con fecha 11 de enero de 1996 y registro de entrada nº 335, la subrogación en las competencias municipales para la aprobación del referido Proyecto de Compensación, al entender que se había producido el transcurso de los plazos señalados en el artículo 165.5 del Real Decreto-Legislativo 1/1992, de 26 de junio, en relación al 157.3 del mismo cuerpo legal.
Resultando que, por D. Eustasio López González, en nombre de la entidad mercantil Hijos de Francisco López Sánchez, S.A. (Lopesan), se presentó ante esta Consejería, con fecha 14 de marzo de 1996 y registro de entrada nº 2.536, escrito de alegaciones cuestionando la competencia de la Dirección General para la subrogación interesada.
Resultando que, con fecha 22 de marzo de 1996 y registro nº 2.859, se recibió en este Centro Directivo fotocopia autenticada del expediente de planeamiento nº 12/95, sobre Proyecto de Compensación Meloneras 2B así como del acuerdo plenario de 7 de marzo de 1996.
Resultando que, la Ponencia Técnica de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 26 de marzo de 1996, dictaminó la petición de subrogación en el sentido de proceder a la devolución del expediente al Ayuntamiento, rechazando la petición efectuada, al entender que no había transcurrido el plazo legal desde que la documentación completa fue aportada por el promotor.
Resultando que, con fecha 27 de marzo de 1996 y registro de entrada nº 3.065, el promotor del Proyecto de Compensación volvió a solicitar la subrogación.
Resultando que, con fecha 29 de marzo de 1996, la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, informó negativamente la solicitud de subrogación efectuada con fecha 11 de enero de 1996; sometiendo la resolución definitiva a la Dirección General de Urbanismo, al entenderla competente en virtud de lo establecido en el artículo 16.13 del Decreto 107/1995, de 26 de abril, sobre Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial.
Resultando que esta Dirección General, por Resolución nº 1.074, de 10 de junio de 1996, resolvió la inadmisión de la primera petición de subrogación efectuada así como la desestimación de la alegación formulada por la entidad mercantil Lopesan.
Resultando que, con fecha 1 de julio de 1996 y registro de entrada nº 7.172, el promotor de la subrogación instó certificación de actos presuntos sobre la petición presentada el 27 de marzo anterior. Resultando que, con fecha 4 de julio de 1996, esta Dirección General solicitó al interesado la aportación de determinados documentos, lo que se efectuó por el requerido el día 16 del mismo mes y año.
Considerando que este órgano es competente para instruir, conocer y resolver el presente expediente de subrogación, tal y como se deduce del artículo 16.13 del Decreto 107/1995, de 26 de abril, sobre Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial en relación a los artículos 121 y 165.5 del Real Decreto-Legislativo 1/1992, de 26 de junio, sobre Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
Considerando que, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 44.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la certificación de actos presuntos deberá extenderse inexcusablemente en el plazo de veinte días desde que fue solicitada, salvo que en dicho plazo el órgano obligado haya dictado resolución expresa.
Considerando que el Sistema de Compensación viene establecido en las Normas Subsidiarias y tanto del expediente administrativo municipal como del expediente autonómico, se puede apreciar que existe un juicio declarativo reivindicativo interpuesto por la empresa urbanizadora del Sector 2A colindante, Lopesan, S.A., personada en el expediente, la cual reclama ante la jurisdicción ordinaria competente unos 315.000 m2 del Sector 2B, planteándose si nos encontramos ante un Proyecto de Compensación formulado por propietario (o promotor) único, o ante un Proyecto de Compensación que se debe tramitar por Junta de Compensación, según establece el artº. 157.3 y 2 respectivamente del Reglamento de Gestión Urbanística.
Considerando que, aunque la cabida del Plan Parcial ascienda a 446.000 m2 y de las certificaciones registrales que constan en el expediente administrativo y del dictamen aportado por la promotor del Sector 2B, resulta acreditada por la fe pública registral de una cabida restante de la finca matriz de unos 200.000 m2, a la que habría de descontar unos 35.000 m2 que poseen en el lindero norte, entre paredón salvaje y la carretera C-812, que no forman parte del Sector 2B; parece que teniendo la finca matriz como hito indiscutible el estanque de Pedrazo, mojón común donde concurren los linderos sur y poniente de la finca matriz parece de dudosa posibilidad, sin que con ello se esté prejuzgando el litigio civil, que la parte reivindicante posea dentro del Sector 315.000 m2, ello supondría que el lindero sur de la finca habría que trasladarlo partiendo del referido estanque hasta la Estación de Servicio existente, dejando de cumplirse el resto de las descripciones de la finca matriz, pues no se podría alcanzar el barranco, ni que aquella finca tuviera forma cuadrada, sino triangular. Considerando que el artº. 103.3 del R.G.U. establece analógicamente que en caso de discordancia entre los títulos y la realidad física de las fincas, prevalecerá ésta sobre aquéllos y el artº. 38 de la Ley Hipotecaria establece la presunción de exactitud de los aspectos jurídicos que se contienen en la descripción de las fincas, admitiendo los datos físicos, prueba en contrario, por ostentar la presunción iuris tantum; que en el caso de discrepancias de cabida en más o en menos se corrigen por actos de jurisdicción voluntaria, como puede ser el expediente de dominio de mayor cabida, que deberá acreditar en su día el promotor ante el Registro de la Propiedad a fin de obtener la conversión de la finca matriz en las parcelas resultantes, no siendo bastante como expresa el dictamen encargado por el promotor con el simple acuerdo protocolizado de aprobación del Proyecto de Compensación.
Considerando que siendo de interés general de la Administración el incorporar al proceso urbanizador de esta parcela de suelo apto para urbanizar con Plan Parcial aprobado, interés que deviene de la habilitación dada por las Normas Subsidiarias y por el Plan General de Ordenación Urbana aprobado recientemente, consiguiéndose con ello la terminación del desdoblamiento de la Carretera General C-510 al Faro de Maspalomas y las cesiones de equipamientos y el 15% de aprovechamiento urbanístico no susceptible de apropiación por los particulares, la Administración, sin entrar en el litigio civil, debe poner en marcha esta pieza residual, con celeridad y eficacia, principios positivados en el artº. 103 de la Constitución española y recuperar las plusvalías que se generen por ello por la Comunidad, artº. 47 C.E.
Considerando que, dentro de este interés general y respecto a los intereses privados, la Administración, tal y como establece el artº. 72 de la Ley 30/1992, puede adoptar medidas cautelares, declarando las superficies de la finca matriz no acreditada por ningún medio de prueba válido en Derecho, en la parcela aportada como finca cuasilitigiosa, en gestión urbanística, encomendándole a la Administración actuante (el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana) la representación de los derechos e intereses de esas posibles titularidades a efectos de tramitación del expediente, administrando las unidades de aprovechamiento de cualquier parcela resultante no acreditada, exigiendo avales o garantías suficientes para poder disponer libremente de esas parcelas resultantes.
Considerando que entre las finalidades de la acción urbanística, reconocidas en el artículo 3.1 del Real Decreto-Legislativo 1/1992 ya citado, está la de procurar que el suelo se utilice en congruencia con la utilidad pública y la función social de la propiedad, garantizando el cumplimiento de las obligaciones y cargas derivadas de la misma, así como impedir la desigual atribución de los beneficios y cargas de planeamiento entre los propietarios afectados e imponer la justa distribución de los mismos. Considerando que la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, con ocasión de la aprobación definitiva del Plan Parcial Meloneras 2B, efectuada por Acuerdo de 21 de junio de 1995, se pronunció, en su dispositivo segundo, en el sentido de desestimar la alegación formulada por Lopesan, al entender que sus manifestaciones sustancialmente iguales a las formuladas en el presente expediente, se refieren a cuestiones jurídico-privadas que no corresponde resolver a la Administración sino que competen a los Tribunales Civiles sin que, salvo en cuestiones de titularidad de dominio público, pueda decidirse sobre un derecho de naturaleza civil, como es, en este caso, el derecho de propiedad.
Vistos los informes jurídicos emitidos, demás documentos obrantes en el expediente administrativo, preceptos citados, sus concordantes y demás normas de general aplicación,
R E S U E L V O:
Primero: aprobar el Proyecto de Compensación Meloneras 2B, tramitado como propietario único, declarando como dudosa la cabida real no acreditada fehacientemente por ningún medio de prueba o procedimiento válido en Derecho.
Segundo: para disponer de las unidades de aprovechamiento correspondiente a las superficies no acreditadas, la Administración actuante exigirá aval bastante según el valor urbanístico de las mismas.
Tercero: la Resolución aprobatoria del Proyecto de Compensación se inscribirá como nota marginal en la misma hoja y asiento de la finca matriz nº 1.079 inscrita en el Registro de la Propiedad de San Bartolomé de Tirajana, en el tomo 558, libro 58, folio 42, inscripción 2ª.
Cuarto: la aprobación del Proyecto de Compensación supone ope legis la cesión gratuita en pleno dominio y libre de cargas de las parcelas nº 10 y 11 (B1 y el 81,75% pro indiviso de la B2) a la Administración actuante, y de todos los terrenos de cesión obligatoria y gratuita según el Plan y el Proyecto de Compensación. Dicha cesión se instrumentalizará a documento público en el mismo acto que se protocolice este acuerdo o se eleve a escritura pública con las solemnidades previstas para las actas, según disponen los artículos 113.1 y 179 del Reglamento de Gestión Urbanística.
Quinto: notificar la Resolución al interesado, a la empresa Lopesan, S.A., personada en el expediente, al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y al Cabildo Insular de Gran Canaria, expresando que el mismo no agota la vía administrativa y contra el que cabe interponer recurso ordinario por el plazo de un mes ante la Excma. Sra. Consejera de Política Territorial, según establece el artº. 107 de la Ley 30/1992.
Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de octubre de 1996.- El Director General de Urbanismo, Juan César Muñoz Sosa.
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