Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución de la Secretaría General Técnica en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente-interesado.
Visto lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a Transportes y Excavaciones Rumasa, S.L. la Resolución de 2 de febrero de 1996 (libro nº 1, folio 10, nº 27), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario nº 379/95 (expediente número GC-2535-0-94), interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Transportes, de fecha 16 de marzo de 1995.
Segundo.- Remitir al Ayuntamiento del Valsequillo (Gran Canaria) la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 2 de agosto de 1996.- La Secretaria General Técnica, p.s., el Viceconsejero de Turismo (Orden de 31 de julio de 1996; B.O.C. nº 95, de 5.8.96), Jaime Celso Rodríguez Cíe.
A N E X O
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes por la que se resuelve recurso ordinario interpuesto por D. José Antonio Muñoz Hernández, en representación de la entidad Transportes y Excavaciones Rumasa, S.L.
Visto el recurso ordinario formulado por D. José Antonio Muñoz Hernández, en representación de la entidad Transportes y Excavaciones Rumasa, S.L. contra la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 16 de marzo de 1995, recaída en el expediente sancionador nº GC-2535-0-94, y teniendo a la vista los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- La Resolución recurrida se basa fácticamente en realizar el vehículo, matrícula SE-2431-BD, un transporte público de mercancías careciendo de la preceptiva autorización administrativa habilitante, dando lugar a la sanción de doscientas cincuenta mil (250.000) pesetas y precintado del vehículo tres meses.
Segundo.- El recurso ordinario interpuesto alega, en resumen, que el vehículo se compró en la península y desde que llegó a Las Palmas se procedió a transferirlo a su nombre y adjudicarle una tarjeta de transportes por transmisión de otro vehículo clase MDP, estando toda la documentación presentada en el Cabildo Insular de Gran Canaria, quedando la misma pendiente de ser entregada, copia de dicha autorización que se adjunta, solicitando se acceda a dejar sin efecto dicha sanción ya que nunca el vehículo ha estado indocumentado. FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El Secretario General Técnico de la Consejería de Turismo y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en la Orden Departamental de fecha 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95), por la que se le delega la competencia de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos dictados por órganos del Departamento en materia de turismo y de transportes.
Segundo.- La tramitación del expediente sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el capítulo IV del título VI del Real Decreto 1.211/1990, de 28 septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, según nueva redacción dada al mismo en el anexo I del Real Decreto 1.772/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan determinados procedimientos administrativos en materia de transportes y carreteras a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tercero.- Las argumentaciones esgrimidas por la entidad recurrente en nada alteran los hechos y preceptos infringidos obrantes en la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 16 de marzo de 1995, que se adoptó en base a lo dispuesto en los artículos 90 y 140.a) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y artículos 41 y 197.a) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley, que consideran infracción de carácter muy grave la realización de transportes públicos o actividades auxiliares o complementarias de los mismos careciendo de la preceptiva concesión o autorización, cuando la normativa reguladora de los transportes terrestres exija título administrativo habilitante. Teniendo en cuenta que resulta probado que en la fecha de la denuncia, 9 de diciembre de 1994, el vehículo SE-2431-BD, del que es titular la entidad recurrente, realizaba un transporte público de mercancías careciendo del preceptivo título administrativo habilitante, sin que tales hechos hayan sido desvirtuados mediante prueba en contrario alguna, aportada al presente expediente sancionador, que destruya la presunción iuris tantum de veracidad que ampara la denuncia formulada por agente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que de conformidad con lo dispuesto en el artº. 32 de la citada Ley 16/1987 presta la cooperación necesaria a los miembros de la inspección del transporte terrestre para un eficaz cumplimiento de sus funciones y dado que en la documentación aportada, de fecha 10 de febrero de 1995, posterior, por tanto, a la de la denuncia, se accede provisionalmente a la sustitución del vehículo GC-1919-D por el denunciado SE-2431-BD y a la transmisión de la tarjeta de transporte en favor de la entidad recurrente, y también se concede un plazo de tres meses para la formalización de dicha autorización, transcurrido el cual sin que se haya ultimado el expediente se procederá a la caducidad y archivo del mismo, sin que resulte acreditado que dicha autorización haya sido formalizada, dentro del indicado plazo, en consecuencia, procede confirmar la resolución sancionadora impugnada por ser ajustados a Derecho los pronunciamientos contenidos en la misma, manteniendo la sanción impuesta.
Cuarto.- La presente Resolución no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con el artº. 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico.
Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,
R E S U E L V O:
Desestimar, en todos sus términos, el recurso ordinario promovido por D. José Antonio Muñoz Hernández, en representación de la entidad Transportes y Excavaciones Rumasa, S.L., y confirmar la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 16 de marzo de 1995, recaída en el expediente sancionador nº GC-2535-0-94, que determinó la imposición de una sanción de doscientas cincuenta mil (250.000) pesetas y precintado del vehículo tres meses, manteniéndose, en consecuencia, todos sus pronunciamientos.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa comunicación al órgano que dictó la presente Resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- El Secretario General Técnico, Jaime Celso Rodríguez Cíe.
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