El Decreto Territorial 6/1995, de 27 de enero (B.O.C. nº 19, de 13.2.95), sobre el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, en su artículo 10.2, dispone que cuando se realicen convocatorias cuya vigencia sea indefinida, deberá publicarse en el Boletín Oficial de Canarias anualmente la correspondiente al ejercicio de que se trate y su aplicación presupuestaria. En dicha resolución deberá hacerse mención expresa a la convocatoria a que se refiere y el Boletín Oficial de Canarias en que fue publicada.
Mediante la Orden de 23 de octubre de 1992, de la Consejería de Agricultura y Pesca (B.O.C. nº 176, de 23.12.92), se establecen y regulan las ayudas y subvenciones de préstamos para la industrialización y comercialización de productos agrarios.
Considerando que la citada Orden es de carácter indefinido, procede dictar la correspondiente resolución anual, en cumplimiento del artículo 10.2 del Decreto 6/1995, de 27 de enero.
Por todo lo expuesto, y en uso de las facultades que me otorga el artículo 5.1 del Decreto 6/1995, de 27 de enero,
D I S P O N G O:
Artículo 1º.- Convocar las subvenciones reguladas en la Orden de 23 de octubre de 1992 (B.O.C. nº 176, de 23.12.92), que establece y regula las ayudas y subvenciones de préstamos para la industrialización y comercialización de productos agrarios, con cargo a la aplicación presupuestaria 13.08.714F. P.I. 96.713B.01 y con una consignación para el ejercicio económico de 1996 de setenta millones (70.000.000) de pesetas.
Artículo 2º.- Serán susceptibles de subvención en la presente convocatoria todas las inversiones señaladas en el artículo primero de la Orden de 23 de octubre de 1992, aplicándoseles las cuantías y modalidades reguladas en la misma.
Artículo 3º.- Podrán acogerse a esta línea de auxilios las personas físicas o jurídicas con domicilio social en Canarias que, cumpliendo los requisitos de la Orden reguladora y de esta convocatoria, realicen su actividad principal en el ámbito de la Comunidad Autónoma y en tanto en ella radique la mayoría de sus activos o se realice la mayor parte de sus operaciones productivas.
Artículo 4º.- 1. Las solicitudes y su documentación, que serán las que figuran en el anexo, se presentarán en el Registro General de esta Consejería, o por cualquier otro medio de los contemplados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. Para el presente año, el plazo de presentación de las mismas será hasta el 31 de agosto.
Artículo 5º.- La concesión de la subvención será mediante el procedimiento de convocatoria pública sin concurso y estará supeditada a las disponibilidades presupuestarias consignadas a tal fin en el ejercicio económico.
Artículo 6º.- 1. Verificada la documentación aportada y realizadas las inspecciones que se consideren necesarias, a propuesta de la Dirección General de Política Agroalimentaria, se resolverá el expediente en el plazo de seis meses contados a partir de la presentación de la solicitud. Si dicho expediente no fuera resuelto en ese plazo se entenderá desestimada la petición.
2. El beneficiario deberá comunicar la aceptación expresa de la subvención concedida en el plazo máximo de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la notificación de la concesión.
3. El plazo máximo para la ejecución de las inversiones será de un año a partir de la notificación de la resolución de la aprobación de la subvención.
4. Los medios de justificación serán como mínimo los exigidos con carácter general para la justificación del destino de los créditos presupuestarios, atendiendo a la naturaleza específica de los gastos.
El abono de la subvención por realización de obras se hará contra certificación emitida por técnico designado por la Dirección General de Política Agroalimentaria, una vez comunicada la finalización de las inversiones, junto con la justificación por parte del beneficiario de la aplicación de la subvención.
Las inversiones que no lleven implícita la realización de obras se justificarán mediante la correspondiente factura de pago.
5. La justificación de la aplicación de la subvención a la finalidad para la que fue concedida se hará documentalmente en el plazo máximo de un mes contado desde la finalización de las inversiones.
Artículo 7º.- 1. El beneficiario de las subvenciones está obligado a:
a) Realizar y acreditar la realización de la actividad o adoptar la conducta que fundamentó la concesión, así como el cumplimiento de las condiciones impuestas en la resolución de concesión.
b) Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y requisitos objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención.
c) Comunicar al órgano concedente el importe de las ayudas o subvenciones concedidas con posterioridad para la misma actividad o conducta por cualquier Administración o Ente público.
d) Someterse a las actuaciones de comprobación que, en relación con las subvenciones concedidas, se practiquen por el órgano concedente, la Intervención General, la Audiencia de Cuentas de Canarias o el Tribunal de Cuentas, así como facilitar toda la información que le sea requerida por los mismos.
e) Llevar los requisitos contables a que vengan obligados de modo que permitan identificar de forma diferenciada las partidas o gastos concretos con los que se han materializado las subvenciones concedidas, así como los demás ingresos propios o afectos a la actividad o conducta subvencionada, incluyendo las ayudas y subvenciones concedidas con el mismo objeto, y que por diferencia permita obtener un estado de rendición de cuentas de las cantidades o fondos públicos percibidos en concepto de subvención.
2. El incumplimiento por el beneficiario de los requisitos y obligaciones establecidos supondrá la pérdida de la condición de beneficiario y el reintegro de la subvención en la forma establecida en el Capítulo IV del Decreto 6/1995, de 27 de enero. Artículo 8º.- Toda alteración de las circunstancias y de los requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para el otorgamiento de la subvención y, en todo caso, la obtención por el beneficiario de ayudas o subvenciones concedidas por otras Administraciones o Entes públicos para la misma finalidad, darán lugar a la modificación de la resolución de concesión, sin que en ningún caso implique modificación de la finalidad de la subvención.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.- La Orden de 23 de octubre de 1992 (B.O.C. nº 176, de 23.12.92), continuará vigente en todo lo que no se oponga a lo establecido en el Decreto Territorial 6/1995, de 27 de enero, debiendo aplicarse en ese caso lo establecido en el citado Decreto 6/1995.
Segunda.- Se delega en el Director General de Política Agroalimentaria la facultad de resolver la concesión de las subvenciones previstas en esta convocatoria.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Se podrán subvencionar aquellas inversiones o actuaciones que, cumpliendo los requisitos exigidos, se hayan iniciado con posterioridad al 1 de enero de 1995. En este supuesto deberán presentar la solicitud dentro de los dos primeros meses siguientes a la entrada en vigor de la presente disposición.
No obstante lo anterior, las solicitudes presentadas al amparo de la Orden de 23 de octubre de 1992, con anterioridad a la publicación de la presente convocatoria, que reuniendo los requisitos exigidos no hayan sido resueltas u otorgadas expresamente por motivos presupuestarios, podrán ser tramitadas sin necesidad de nueva documentación, siempre que los interesados manifiesten su conformidad a la tramitación de las mismas, en el plazo de un mes a partir de la publicación de la presente disposición. Dicho escrito incluirá una declaración personal manifestando que no han variado los requisitos exigidos para la obtención de la subvención.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
Santa Cruz de Tenerife, a 22 de julio de 1996.
El Consejero de Agricultura, Pesca y AlimentaciÓn, Eduardo Jordán Martinón.
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