Habiendo sido intentada, sin que pudiera practicarse, la notificación de multa coercitiva recaída en el expediente VL-54/94, mediante carta certificada con acuse de recibo al domicilio consignado, y siendo necesario notificarle dicho trámite al ser parte interesada, y conforme a lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),
R E S U E L V O:
Notificar a D. Elicio Flores León la imposición de multa coercitiva recaída en el expediente VL-54/94 de referencia, cuya parte dispositiva dice textualmente:
Existiendo constancia de que no han sido ejecutadas las obras ordenadas a D. Elicio Flores León, en la Resolución de fecha 28 de abril de 1995, y en virtud de la facultad que me confiere la Ley 32/1976, de 2 de agosto (B.O.E. de 3 de agosto), en relación con el artículo 96.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En consecuencia vengo a imponerle al citado propietario multa coercitiva de cincuenta mil (50.000) pesetas que deberá hacer efectiva en las oficinas de Hacienda del Gobierno de Canarias.
Nuevamente se le apercibe, caso de persistir en incumplimiento de la orden de obras dada, se le seguirán imponiendo sucesivas multas coercitivas hasta que se proceda a la total ejecución de dichas obras.
Estas multas coercitivas como actos de impulsión del procedimiento, no tienen carácter resolutorio y, por tanto, no son recurribles en ulterior instancia.
Santa Cruz de Tenerife, a 2 de julio de 1996.- El Director General de Vivienda, Miguel Ángel Pulido Rodríguez.
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