Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente-interesado.
Visto lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a D. Felipe Ramírez Fernández, en representación de Fernando Ramírez, S.L., la Resolución de 21 de noviembre de 1995 (libro nº 1, folio 6, número 128), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario nº 788/94 (expediente TF-1349-0-93), interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Transportes, de fecha 21 de octubre de 1993. Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Arona (Tenerife) la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 18 de junio de 1996.- La Secretaria General Técnica, Rosa María Rodríguez Martín.
A N E X O
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes por la que se resuelve recurso ordinario interpuesto por D. Felipe Ramírez Fernández, en representación de Fernando Ramírez, S.L.
Visto el recurso ordinario formulado por D. Felipe Ramírez Fernández, en nombre y representación de Fernando Ramírez, S.L., contra la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 21 de octubre de 1993, recaída en el expediente sancionador nº TF-1349-0-93, y teniendo a la vista los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- La Resolución recurrida se basa fácticamente en realizar el vehículo TF-1798-AN un transporte privado complementario de mercancías careciendo de tarjeta de transportes, dando lugar a la sanción de cincuenta mil (50.000) pesetas.
Segundo.- El recurso ordinario interpuesto alega, en resumen, que dejó la actividad el día 5 de febrero de 1993, y que el mismo día vendió el vehículo a D. José Manuel Jiménez Ramos, entendiendo que debe ser a él a quien se le notifique la incoación del expediente, solicitando, en definitiva, se deje sin efecto la sanción impuesta.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El Secretario General Técnico de la Consejería de Turismo y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en la Orden Departamental de fecha 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95), por la que se le delega la competencia de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos dictados por órganos del Departamento en materia de turismo y de transportes.
Segundo.- La tramitación del expediente sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el capítulo IV del título VI del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, según nueva redacción dada al mismo en el anexo I del Real Decreto 1.772/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan determinados procedimientos administrativos en materia de transportes y carreteras a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tercero.- Las argumentaciones esgrimidas por el recurrente alteran sustancialmente los hechos y preceptos infringidos obrantes en la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 21 de octubre de 1993, que se adoptó en base a lo dispuesto en el artículo 141.b) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y artículo 198.b) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley, y Decreto 12/1992, de 7 de febrero, sobre otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones de transporte, por los que se considera infracción administrativa grave, la realización de transportes privados para los que se exija un título administrativo específico careciendo del mismo.
A la vista de la documentación aportada por el recurrente, ha quedado acreditado que el día de la denuncia, 24 de mayo de 1993, el vehículo TF-1798-AN no era propiedad del recurrente sino que, por el contrario, el vehículo pertenecía a D. José Manuel Jiménez Ramos, por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 138.1.b) de la citada Ley 16/1987, en relación con el artículo 113.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede estimar el recurso interpuesto y revocar la Resolución impugnada al no ser el recurrente responsable de la comisión de la infracción imputada ya que dicha responsabilidad corresponde al titular del vehículo.
Cuarto.- La presente Resolución no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con el artículo 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico.
Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,
R E S U E L V O:
Estimar el recurso ordinario promovido por D. Felipe Ramírez Fernández, en representación de Fernando Ramírez, S.L. y revocar la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 21 de octubre de 1993, recaída en el expediente sancionador nº TF-1349-0-93, que determinó la imposición de una sanción de cincuenta mil (50.000) pesetas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa la comunicación al órgano que dictó la presente Resolución exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Secretario General Técnico, Jaime Celso Rodríguez Cíe.
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