Habiéndose intentado por esta Viceconsejería de Turismo sin haberse podido practicar la notificación de la Resolución recaída en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo preciso su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a los titulares de establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.
Las Resoluciones que se notifican no ponen fin a la vía administrativa y contra las mismas cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando escritura de poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El ingreso de las sanciones recaídas en los expedientes que se relacionan deberá hacerse efectivos en la forma y plazos indicados en la notificación que la Consejería de Economía y Hacienda le remitirá a su propio domicilio.
2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.
1) Libro nº 1 de Resoluciones de la Viceconsejería de Turismo, de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, folio 2, número 23.
Resolución de 8 de abril de 1996, de la Viceconsejería de Turismo de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 95/313, instruido a Comunidad de Vega, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos La Goleta. Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Comunidad de Vega, por providencia del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 21 de agosto de 1995, como consecuencia de la denuncia formulada por D. Oswaldo Morales Perdomo y del acta de inspección nº 5177, de 24 de febrero de 1995.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Que con fecha 9 de febrero de 1995 se recibió en esta Consejería denuncia formulada por D. Oswaldo Morales Perdomo, contra los Apartamentos La Goleta, en la que manifiesta una serie de deficiencias en las instalaciones y servicios del establecimiento referido.
2º) Que para comprobar los hechos denunciados, con fecha 21 de febrero de 1995 se personó en el establecimiento de referencia, sito en Paseo de Las Canteras, 58, Las Palmas de Gran Canaria, el Servicio de Inspección de esta Dirección General levantando al efecto el acta nº 5176, en la que esencialmente se hace constar que no se pudieron comprobar los hechos expuestos en la denuncia de D. Oswaldo Morales Perdomo, toda vez que Dña. Rafaela Sosa Santana, empleada del referido establecimiento, se negó a que la Inspección accediese a las dependencias de los apartamentos, actitud considerada como negativa o resistencia a los Servicios de Inspección de Turismo.
3º) Que con fecha 24 de febrero de 1995, se levantó el acta de inspección nº 5177, en el establecimiento consignado, en el que se hace constar que se comprobó la existencia de una serie de deficiencias, entre otras: mosaicos desprendidos y carpintería deteriorada, en el exterior del edificio. En el pasillo de entrada: planchas de plástico desprendidas y existencia de humedad, etc.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), y la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del Régimen de Disciplina en materia turística (B.O.C. nº 42, de 11.4.86). Segunda: que el Viceconsejero de Turismo es el competente para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 10.j) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95), que viene a sustituir al Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Turismo, como consecuencia de la reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, según Decreto 187/1995, de 20 de julio (B.O.C. nº 93, de 21.7.95).
Tercera: que se ordenó la incoación de expediente sancionador, que lleva el número 95/313, previo nombramiento de Instructor y Secretario.
Cuarta: que por el Instructor del expediente se formuló Pliego de Cargos, con fecha de 21 de agosto de 1995, por Haber negado al personal de la Inspección de Turismo en el ejercicio de sus funciones, el acceso y examen de las instalaciones, documentos, libros y registros preceptivos en la actividad turística. Deficiencias comprobadas en el establecimiento de referencia en visita de inspección realizada el 24 de febrero de 1995, consistentes entre otras, exterior del edificio: mosaicos desprendidos y carpintería deteriorada; pasillo de entrada: planchas de plástico desprendidas y existencia de humedad, etc.
Quinta: que la empresa expedientada ha realizado contestación al Pliego de Cargos, en la que en síntesis alega que debido a que se han producido robos en el complejo, por haber tenido acceso al mismo personas que ostentan acreditaciones falsas de pertenencia a diversos organismos públicos y privados, se dieron órdenes para no permitir el acceso sin el consentimiento del Director, el cual conocido lo ocurrido se puso en contacto con los Servicios de la Inspección para que se procediera a realizar la inspección.
Por lo que respecta al segundo hecho imputado, afirma que se ha remozado el interior y en breve se acometerá la reparación del exterior del edificio.
Sexta: que con fecha 19 de diciembre de 1995 se solicitó informe a la Sección de Inspección de esta Dirección General, con el objeto de conocer si la titular del establecimiento de referencia, con posterioridad inmediata al levantamiento del acta de inspección nº 5176, de 21 de febrero de 1995, se personó en dicha Sección para presentar sus excusas a lo referido en la mencionada acta, y si facilitó la inspección a dicho establecimiento.
Séptima: que con fecha 20 de diciembre de 1995 la Inspección informó que con posterioridad al levantamiento del acta de inspección nº 5176, de 21 de febrero de 1995, se personó en la Sección de Inspección D. Juan Francisco de Vega Pérez, en calidad de administrador de la Comunidad de Vega, el cual presentó sus disculpas por los hechos reflejados en el acta mencionada, por lo que se giró visita de inspección, levantándose el acta nº 5177, de fecha 24 de febrero de 1995.
Octava: que con fecha 21 de diciembre de 1995, se formuló propuesta de sanción de multa en cuantía de 100.001 pesetas. Novena: que la empresa expedientada no ha formulado contestación a la Propuesta de Resolución.
Décima: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Undécima: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Duodécima: que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada, en base a la denuncia formulada por D. Oswaldo Morales Perdomo y al contenido del acta de inspección nº 5177, de 24 de febrero de 1995, sin que las alegaciones vertidas por dicha empresa desvirtúen el hecho infractor, si bien el Instructor, a la hora de ponderar la sanción, ha tenido en cuenta el contenido del escrito de descargos, proponiendo sanción de multa en su cuantía mínima, según lo previsto en el artº. 13.1.b) de la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del Régimen de Disciplina en materia turística.
Decimotercera: que el hecho recogido en el expediente es constitutivo de infracción a los artículos 1º y 3º de la Orden de 31 de octubre de 1970, con calificación de grave, en base al artículo 8º.L) de la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del Régimen de Disciplina en materia turística (B.O.C. de 11 de abril de 1986).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de cien mil una (100.001) pesetas a Comunidad de Vega, con C.I.F. nº E-35104488, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos La Goleta. Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de abril de 1996.- El Viceconsejero de Turismo, Jaime Celso Rodríguez Cíe.
2) Libro nº 1 de Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, folio 2, número 8. Resolución de 14 de febrero de 1996, de la Viceconsejería de Turismo de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 95/329 instruido a Administraciones de Vacaciones, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Vista Verde.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Administraciones de Vacaciones, S.L., por providencia del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 21 de agosto de 1995, como consecuencia de las denuncias formuladas por D. Ismael Rodríguez Hernández y D. Adrián Díaz-Saavedra Zerolo, y del acta de inspección nº 5727, de 22 de junio de 1995.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Que con fechas 2 y 7 de junio de 1995, se recibieron en esta Consejería denuncias formuladas por D. Ismael Rodríguez Hernández y D. Adrián Díaz-Saavedra Zerolo en las que el Sr. Rodríguez Hernández, en representación de la entidad mercantil Administración de Vacaciones, empresa explotadora, en la modalidad de Timesharing/tiempo compartido del complejo consignado, manifiesta que al no percibir la referida sociedad las contraprestaciones económicas pactadas con CTM Management LTD, optaron por comunicar que a partir del día 31 de mayo de 1995 cerrarán el complejo y no admitirían socio alguno, habiéndose dirigido éste a todos y cada uno de los socios del club para que se abstuvieran de viajar a Canarias dado que iban a carecer de alojamiento, por todo lo anterior, la titular consignada notifica a la Administración la suspensión de la actividad del complejo de referencia.
Asimismo, el Sr. Díaz-Saavedra Zerolo, en calidad de mandatario verbal de la Comunidad de Propietarios del Edificio Club Vista Verde, manifiesta que el establecimiento se rige por el sistema de timesharing, estando su mantenimiento a cargo de Administración de Vacaciones, S.L., figurando como explotadora del complejo, existiendo discrepancias entre el club de propietarios y la explotadora, no permitiendo ésta dejar entrar al complejo consignado a los propietarios que habían llegado a la isla, teniendo que buscar otro alojamiento para no tener que pernoctar en la calle.
2º) Que para comprobar los hechos denunciados el 22 de junio de 1995, se personó en el establecimiento de referencia, sito en la Avenida Touroperador Tjaereborj (Parcelas 90-92) en Campo Internacional (Maspalomas), término municipal de San Bartolomé de Tirajana, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 5727, en la que esencialmente se hace constar que el complejo de 16 unidades alojativas se encontraba cerrado, debido a la falta de pago de la Comunidad a CTM Management y en consecuencia de esto a Administración de Vacaciones, mostrando la Sra. Marianne Sommer, Jefe de Administración, la carta enviada a los propietarios con acuse de recibo en la que se les pone al corriente de lo ocurrido. Asimismo, manifestó que el complejo está cerrado desde el día 1 de junio y que no es cierto que vinieran clientes después de dicha fecha, si bien precisa que hubo clientes que entraron antes del día 31 y se les respetó su estancia hasta el 5 de junio, llegando a comprobar en el Libro de Registro de Viajeros que las últimas entradas registradas con los números de orden 2066, 2067, 2068 y 2069, datan del 29 de mayo.
Se concluye el acta de inspección referida, afirmándose que no se realiza, en la fecha de la visita de inspección, actividad alguna, haciéndose constar que se han intentado solucionar, por parte de la titular, las diferencias con los propietarios sin llegar a acuerdo alguno y que parece que la intención es persistir en mantener el complejo cerrado y que no se habían planteado la posibilidad de explotarlo turísticamente.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), y la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del Régimen de Disciplina en materia turística (B.O.C. nº 42, de 11.4.86).
Segunda: que la Viceconsejera de Turismo es la competente para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 10.j) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95), que viene a sustituir al Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Turismo, como consecuencia de la reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, según Decreto 187/1995, de 20 de julio (B.O.C. nº 93, de 21.7.95).
Tercera: que se ordenó la incoación de expediente sancionador, que lleva el número 95/329, previo nombramiento de Instructor y Secretario. Cuarta: que por el Instructor del expediente se formuló Pliego de Cargos, con fecha 21 de agosto de 1995, por No prestar un servicio según lo convenido entre las partes, derivando perjuicios graves para el usuario, resultando dañada la imagen turística de Canarias.
Quinta: que la empresa expedientada ha realizado contestación al Pliego de Cargos, en la que en síntesis alega que debe procederse a sobreseer y archivar el expediente por ser inciertos los hechos que se imputan a dicha empresa y por ser contrario a derecho.
Por otra parte afirma que la acusación contenida en el Pliego de Cargos es tan abstracta que se carece de la más mínima posibilidad de defensa, y al indicarse que la fecha de infracción es el 22 de junio de 1995, no sabe con quién no se cumplió ese día un servicio convenido entre las partes.
Sexta: que con fecha 2 de noviembre de 1995, se formuló propuesta de sanción de multa en cuantía de 200.000 pesetas.
Séptima: que la empresa expedientada no ha formulado contestación a la Propuesta de Resolución.
Octava: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Novena: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Décima: que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada, en base a las denuncias formuladas por D. Ismael Rodríguez Hernández y D. Adrián Díaz-Saavedra Zerolo, y al contenido del acta de inspección nº 5727, de 22 de junio de 1995, habiendo sido sustanciada la instrucción del procedimiento sancionador, de conformidad con lo previsto en los artículos 17 y siguientes de la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del Régimen de Disciplina en materia turística, con respecto a las garantías y principios constitucionales que afectan a la potestad administrativa sancionadora, reproducidos en la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Por lo que respecta a la fecha de infracción, señalar que el hecho motivo de infracción ha sido un hecho confirmado el cual pudo ser constatado por el Servicio de Inspección de esta Dirección General, el 22 de junio de 1995. Asimismo, significar que la misma titular ratifica el hecho infractor, toda vez que afirma que desde el 31 de mayo de 1995 los apartamentos en cuestión se encontraban cerrados.
Undécima: que el hecho recogido en el expediente es constitutivo de infracción al artículo 9º.c) y j) de la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del Régimen de Disciplina en materia turística, con calificación de grave, en base al artículo 9º.c) y j) en relación con el artículo 8º.Ll) de la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del Régimen de Disciplina en materia turística (B.O.C. de 11 de abril de 1986).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de doscientas mil (200.000) pesetas a Administración de Vacaciones, S.L., con C.I.F. B-35280502, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Vista Verde. Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de febrero de 1996.- La Viceconsejera de Turismo, María Dolores Rodríguez Mejías.
Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de mayo de 1996.- El Viceconsejero de Turismo, Jaime Celso Rodríguez Cíe.
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