Ante la inexistencia del domicilio social señalado por la entidad denominada Asociación para la Promoción del Minusválido Canario (Promica), esto es, la Avenida Tres de Mayo, Edificio Rascacielos, de conformidad con lo dispuesto en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a publicar la Providencia y Pliego de Cargos recaídos en el expediente administrativo sancionador nº 73/96, incoado por esta Viceconsejería a la entidad denominada Asociación para la Promoción del Minusválido Canario (Promica), por infracción a la normativa sobre el juego.
PROVIDENCIA
En virtud de la comunicación de la Dirección General de la Policía de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 11 de marzo de 1996, por la que se remitían copias de las Diligencias número 3809, tramitadas por la Brigada de la Policía Judicial, se puso en conocimiento que la entidad denominada Asociación para la Promoción del Minusválido Canario (Promica), con C.I.F. nº G-38405361, organiza la venta de boletos, denominados cupón del minusválido canario, al precio de cien pesetas por unidad, en forma diaria, ofreciéndose premios que oscilan entre dos millones quinientas mil pesetas y cien pesetas, según boletos que se acompañan a las referidas diligencias, careciendo de la preceptiva autorización administrativa.
Y deduciéndose de lo anterior posible infracción a la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias, iníciese a la Asociación para la Promoción del Minusválido Canario (Promica), expediente sancionador, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artº. 7.2 de la Ley 34/1987, de 26 de diciembre, de potestad sancionadora de la Administración Pública en materia de juegos de suerte, envite o azar, en relación con la Disposición Transitoria Primera de la Ley 6/1985 referida, y sin perjuicio de las medidas cautelares que este Órgano tenga a bien acordar con la normativa de aplicación, nombrando Instructor del expediente a Dña. Aurora La Serna Ramos, Técnico Instructor de la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, adscrita a la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, siendo el régimen de recusación el previsto en el artº. 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
PLIEGO DE CARGOS
Haberse comprobado en virtud de la comunicación de la Dirección General de la Policía de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 11 de marzo de 1996, que la entidad denominada Asociación para la Promoción del Minusválido Canario (Promica), con C.I.F. nº G-38405361, organiza la venta de boletos, denominados cupón del minusválido canario, al precio de cien pesetas por unidad, en forma diaria, ofreciéndose premios que oscilan entre dos millones quinientas mil pesetas y cien pesetas, según boletos que se acompañan a la referida comunicación de la Dirección General de la Policía, careciendo de la preceptiva autorización administrativa.
Lo que supone infracción a los artículos 5 de la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias (B.O.C. nº 158, de 31 de diciembre), 16 del Decreto 56/1986, de 4 de abril, por el que se planifican los juegos y apuestas en Canarias (B.O.C. nº 56, de 14.5.86), 4 del Decreto 57/1986, de 4 de abril, por el que se aprueba el Catálogo de Juegos y Apuestas autorizados en Canarias (B.O.C. nº 42, de 11 de abril), así como a los artículos 2 y 7 del Decreto 138/1986, de 29 de septiembre, por el que se regula el juego mediante boletos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 123, de 13.10.86), tipificándose como falta muy grave, las actividades de explotación o distribución del juego de boletos sin contar con las autorizaciones administrativas otorgadas por el órgano competente, a tenor de lo preceptuado en el artº. 25.2.a) del citado Decreto 138/1986, de 29 de septiembre, así como la gestión o explotación de un juego sin contar con las autorizaciones exigidas por la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, conforme a lo dispuesto en el artº. 21.2.1.a) de la citada Ley.
Sancionándose como disponen los artículos 22 y siguientes de la referida Ley 6/1985, de 30 de diciembre, y artº. 25.5 del Decreto 138/1986, de 29 de septiembre.
De acuerdo con lo establecido en el artº. 7.2.b) de la Ley 34/1987, de 26 de diciembre, de potestad sancionadora de la Administración Pública en materia de juegos de suerte, envite o azar (B.O.C. nº 312, de 30.12.87), se le concede un plazo de ocho días hábiles, a contar del siguiente al del recibo del presente escrito, para que presente en su descargo las alegaciones que tuviera por conveniente a la defensa de su derecho.
Santa Cruz de Tenerife, a 16 de mayo de 1996.- El Viceconsejero de Administración Pública, Ángel Marrero Alayón.
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