No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles las Resoluciones recaídas en los expedientes incoados contra las mismas por infracción a la normativa en materia de consumo, y conforme al artº. 59, apartado 4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, las Resoluciones recaídas en los expedientes que les han sido instruidos por infracción a la legislación en materia de consumo. Los interesados podrán interponer recurso ordinario contra la Resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
El pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.
1) VISTO EL EXPEDIENTE NÚMERO: 38-476/95. INSTRUIDO A: Dña. Raquel Miriam Gómez Megolla. D.N.I. o N.I.F.: no presenta.
MOTIVACIÓN
Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
REFERENCIA DE HECHOS: el día 1 de junio de 1995, un Inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en la carpintería de la que es titular Dña. Raquel Miriam Gómez Megolla, sita en la calle Hermano Pedro, 13, de San Isidro, en el término municipal de Granadilla, y mediante acta nº 41.731 instruida al efecto, se procede a comprobar reclamación con número de Registro 384/95, relativa a trabajo de carpintería realizado en el domicilio de D. Miguel Ángel Rodríguez Rodríguez, sito en el Edificio Plaza, Valle San Lorenzo, Arona. En acta de inspección el compareciente, Sr. Andrés Román Toyos, en calidad de esposo de la propietaria, manifiesta que no ha sido entregada factura de la obra realizada. Este hecho es constitutivo de infracción en materia de protección al consumidor. FUNDAMENTOS DE DERECHO: es de aplicación lo dispuesto en el artº. 4, apartado 1, del Real Decreto 1.624/1992, que modifica el Real Decreto 2.402/1985, de 18 de diciembre, por el que se regula el deber de expedir y entregar factura que incumbe a los empresarios y profesionales, B.O.E. nº 314, en relación con el artº. 3, apartado 3.2.9, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, B.O.E. nº 168, y artº. 34, apartado 9, de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consu-midores y Usuarios, B.O.E. nº 176. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: el Acuerdo de inicio ha sido contestado, alegándose: 1º) Este señor ha denunciado con anterioridad este mismo caso, bajo otros términos ante el Juzgado nº 3 de Instrucción de Granadilla. Caso que ha sido seguido con el nº de Juicio de Faltas 331/95 y que según la sentencia dictada por la Sra. Eva Estrella Ramírez García, Juez de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Granadilla, la sentencia ha sido de libre absolución. La mencionada sentencia ha sido recurrida por el denunciante y a su vez la denunciada ha presentado escrito de impugnación de apelación. 2º) Durante el transcurso del juicio oral la abogada del Sr. Miguel Ángel Rodríguez Rodríguez pidió a la Sra. Juez que se trasladase el caso a Consumo, petición que le fue denegada según consta en autos. 3º) El engaño considero que ha sido producido por el denunciante que también es empresario y no tengo ningún inconveniente en que un perito tasador tase el trabajo y este señor pague lo que adeuda pudiendo entonces entregar factura de pago. Por lo expuesto: Suplico al Director General de Consumo, D. Gonzalo Olarte Cullen, que tenga por hecha esta manifestación a los efectos procedentes. CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: no queda acreditado en el expediente el total del dinero entregado por el reclamante a la carpintería (según él mismo 355.000 pesetas) y el cumplimiento por parte de ésta de la obligación de expedir y entregar factura por los pagos anteriores a la realización de la operación [artº. 4, apartado 3 (artº. 3.2) del Real Decreto 1.624/1992, que modifica el Real Decreto 2.402/1984, de 18 de diciembre, por el que se regula el deber de expedir y entregar factura que incumbe a los empresarios y profesionales, B.O.E. nº 314]. Tampoco queda acreditado en el expediente que el trabajo de carpintería esté totalmente concluido, alegando la parte reclamante que D. Miguel Ángel Rodríguez Rodríguez aún le adeuda una parte de dinero no existiendo entonces obligación de expedir y entregar factura. En base a estas consideraciones se ha propuesto el archivo del expediente. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artº. 8 de la Orden de 18 de agosto de 1995, de desarrollo de las competencias de los órganos creados por Decreto 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 109), en conexión con el artº. 11, apartado f), y artº. 18, apartado 2.B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10 de septiembre),
ACUERDO:
El sobreseimiento y archivo del expediente sancionador. Santa Cruz de Tenerife, a 16 de febrero de 1996.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
2) VISTO EL EXPEDIENTE NÚMERO: 38-471/95. INSTRUIDO A: D. Carlos Villar Encinoso. D.N.I. o N.I.F.: 43.350.635-M. MOTIVACIÓN
Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
REFERENCIA DE HECHOS: los días 7, 14, 21 y 26 de junio, un Inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en Autos Moncar, venta menor de coches usados, sita en la Carretera España, 32, del término municipal de Santa Úrsula, y mediante actas números 41.857, 41.866, 41.880 y 42.501, se procede a comprobar reclamación con nº de Registro de Inspección 414/95, relativa a venta y reparación en periodo de garantía de vehículo marca Opel Astra 2.0i/16v, TF-6932-AV, propiedad de D. Rubens Salazar Martín. De las actuaciones realizadas por el Servicio de Inspección de Consumo, se han observado las siguientes infracciones en materia de protección de los consumidores y usuarios: 1) No se expone el precio de venta al público de los vehículos de segunda mano expuestos para su venta (ocho coches, siendo Jeep Cherokee Turbo Diesel, Opel Corsa 1.23, Opel Corsa 1.4S, Porche, Volkswagen Polo, dos Seat Panda y Fiat Regata ES). (Acta nº 41.880, de fecha 21 de junio de 1995). 2) No se entregó garantía escrita sino verbal al reclamante, Sr. D. Salazar Martín, por el vehículo vendido. FUNDAMENTOS DE DERECHO: es de aplicación lo dispuesto en los artículos 2, apartado 1, 4, apartado 1, y 8, apartado 1, del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios, B.O.E. nº 29, artº. 3, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, B.O.E. nº 168, y artículos 11, apartado 2, y 34, apartados 5 y 9, de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, B.O.E. nº 176. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en el expediente de que el Acuerdo de iniciación fue notificado al interesado el día 22 de febrero de 1996, mediante carta certificada con aviso de recibo, sin que en el plazo de diez días concedido al efecto formulara alegaciones, aportara documentos o informe, ni propusiera la práctica de prueba. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artº. 8 de la Orden de 18 de agosto de 1995, de desarrollo de las competencias de los órganos creados por Decreto 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 109), en conexión con el artº. 11, apartado f), y artº. 18, apartado 2.B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10 de septiembre), ACUERDO:
Imponer a D. Carlos Villar Encinoso la sanción de multa de cuarenta mil (40.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 19 de febrero de 1996.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
3) VISTO EL EXPEDIENTE NÚMERO: 38-427/95. INSTRUIDO A: Drapla, S.L. D.N.I. o N.I.F.: B-38308607.
MOTIVACIÓN
Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
REFERENCIA DE HECHOS: el día 21 de julio de 1995, un Inspector de esta Dirección General practicó visita de inspección en venta menor electrónica, bazar, del que es titular Drapla, S.L., sita en la calle San Agustín, 45, del término municipal de Icod de los Vinos, y mediante acta nº 42175 instruida al efecto, comprobó que tenía dispuesto para su venta al público en escaparate exterior diversos artículos tales como relojes, cassettes, secadores de mano, calculadoras, etc., que carecían de carteles indicativos del precio de venta al público, de forma visible. Este hecho es constitutivo de infracción a la normativa de protección de los consumidores. FUNDAMENTOS DE DERECHO: es de aplicación lo dispuesto en los artículos 2, apartado 1, 4, apartado 1, y 8, apartado 1, del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios, B.O.E. nº 29, en relación con el artº. 3, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, B.O.E. nº 168, y artº. 34, apartado 6, de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, B.O.E. nº 176. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue notificado al interesado el día 18 de diciembre de 1995, mediante carta certificada con aviso de recibo, sin que en el plazo de diez días concedido al efecto formulara alegaciones. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artº. 8 de la Orden de 18 de agosto de 1995, de desarrollo de las competencias de los órganos creados por Decreto 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 109), en conexión con el artº. 11, apartado f), y artº. 18, apartado 2.B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10 de septiembre), ACUERDO:
Imponer a Drapla, S.L. la sanción de multa de treinta mil (30.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 11 de enero de 1996.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
4) VISTO EL EXPEDIENTE NÚMERO: 38-37/96. INSTRUIDO A: D. Carlos Villar Encinoso. D.N.I. o N.I.F.: 43.350.635-M.
MOTIVACIÓN
Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
REFERENCIA DE HECHOS: los días 10 de agosto y 26 de octubre del año 1995, Inspectores de esta Dirección General practicaron visita de inspección en venta menor vehículos usados, Autos Moncar, sito en la Carretera General del Norte, s/n, frente al nº 49, del término municipal de Santa Úrsula, y mediante actas número 42.234 y 42.385 instruidas al efecto, se procede a comprobar reclamación registrada con el número 634/95, relativa a venta de vehículo, marca BMW modelo 320i - 325i, matrícula TF-0090-BC, a D. Ángel Víctor García Correa, en fecha 25 de enero de 1995, por importe de 1.400.000 pesetas concediendo por esta empresa garantía de 12 meses. En acta de inspección número 42.385, se concede por el Inspector actuante un plazo de diez días hábiles para contestar por escrito si esta entidad está dispuesta a asumir la reparación del vehículo de avería sufrida en agosto del 95, con cargo a la garantía, pronunciándose acerca de que la reparación se efectúe por taller oficial de la marca BMW según solicitud del Sr. García Correa, no habiéndose realizado. Este hecho supone una falta de colaboración con el Servicio de Inspección. FUNDAMENTOS DE DERECHO: es de aplicación lo dispuesto en los artículos 5, apartado 1, y 14, apartado 1, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, B.O.E. nº 168, y artº. 34, apartado 8, de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, B.O.E. nº 176. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: el Acuerdo de iniciación ha sido contestado, alegándose: 1º) Que cuando me citaron en la primera fecha no me encontraba en la isla, estaba en Bruselas y no recibí ninguna citación por parte del empleado. El cual ya no está en dicha empresa. 2º) Que al arreglo del vehículo BMW 320 con matrícula TF-0090-BC me niego a su arreglo siempre y cuando sea en mi taller no en el que quiera el cliente. Al cliente se le dijo que lo trajese a nuestro taller y contestó que no y que él lo llevaría a otro. Por lo cual no me hago cargo de los gastos del mismo, que le hayan causado al cliente. CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: ante la falta de colaboración con el Servicio de Inspección en el plazo concedido al efecto, dando la respuesta que en este momento se hace a través del escrito de alegaciones, ha impedido a esta Dirección General la comprobación del cumplimiento de la reparación de un bien de naturaleza duradera en el plazo de garantía. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artº. 8 de la Orden de 18 de agosto de 1995, de desarrollo de las competencias de los órganos creados por Decreto 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 109), en conexión con el artº. 11, apartado f), y artº. 18, apartado 2.B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10 de septiembre),
ACUERDO:
Imponer a D. Carlos Villar Encinoso la sanción de multa de cuarenta mil (40.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 21 de febrero de 1996.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
Santa Cruz de Tenerife, a 10 de abril de 1996.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
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