Habiendo sido intentada la notificación de la Orden del Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, en el domicilio que figura en el expediente sancionador nº 55/95, incoado por esta Viceconsejería a D. Andrés Acosta Castañeda, titular de la empresa operadora nº 71, por infracción a la normativa sobre el juego, sin que haya sido recibida por el interesado, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación.
ORDEN
Orden del Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales por la que se impone a D. Andrés Acosta Castañeda, titular de la empresa operadora nº 71, la multa de un millón doscientas mil pesetas, por infringir la normativa sobre el juego.
Examinado el expediente nº 55/95, tramitado por la Instrucción de expedientes sancionadores de la Viceconsejería de Administración Pública, incoado a D. Andrés Acosta Castañeda, titular de la empresa operadora nº 71, por infringir la normativa sobre el juego.
Vista la propuesta formulada por el Viceconsejero de Administración Pública.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Que en el acta de infracción levantada por funcionarios de la Inspección del Juego, de fecha 21 de abril de 1995, en el establecimiento Hotel Murillo, sito en el Puerto de la Cruz, Parque Taoro, calle Isla de La Gomera, s/n, se denuncia que se encuentra instalada y en funcionamiento la máquina recreativa del tipo A, modelo nº A-1717, serie A-846, que en el momento de la inspección carece de todo tipo de documentación. Solamente lleva incorporada la placa de identidad de la que se obtienen los datos anteriormente citados.
2º) Por el Servicio de Inspección del Juego se procedió a su precinto cautelar, medida que fue ratificada así como el depósito de la citada máquina recreativa en las dependencias de la Consejería de Presidencia y Turismo, mediante Resolución de la Viceconsejería para las Administraciones Públicas de fecha 25 de abril de 1995.
3º) Consultados los antecedentes obrantes en los archivos del Negociado de Máquinas Recreativas y de Azar de este Centro Directivo, se ha podido constatar que D. Andrés Acosta Castañeda con nº de registro de empresa operadora 162.571, ostenta la titularidad de la máquina recreativa descrita, pese a las manifestaciones del compareciente en el momento de la inspección de que el propietario es D. Carmelo Martín Hernández.
4º) Asimismo, se ha podido constatar que la máquina tiene Guía de Circulación nº 708608-E, con nº de permiso TF-A-7587, careciendo por tanto de Boletín de Instalación para el establecimiento en que se encontraba instalada, así como de los Libros de Reclamación y Reglamento del Juego.
5º) Que mediante Providencia dictada por la Viceconsejería para las Administraciones Públicas de fecha 2 de mayo de 1995, se ordenó la incoación de expediente sancionador por infracción a la normativa sobre el juego, procediéndose a nombrar Instructor del mismo y a formular el Pliego de Cargos al interesado.
6º) Que dentro del plazo concedido al efecto, el inculpado formuló los correspondientes descargos, manifestando que la citada máquina recreativa fue instalada por negligencia e ignorancia de los empleados sin la mencionada documentación, ordenándoseles la retirada del Boletín de Instalación y entendiendo los mismos, que se les ordenaba la retirada de la documentación completa. Asimismo, manifiesta la no intencionalidad del incumplimiento de la normativa sobre el juego, toda vez que con antelación se había tramitado el permiso de explotación, asignándosele el nº 7587, reconociendo el incumplimiento de la norma aunque de forma involuntaria.
7º) Que a la vista de los descargos formulados por el interesado, por el Instructor del expediente se procedió a dictar Propuesta de Resolución, en la que propuso que por el Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales se sancione a D. Andrés Acosta Castañeda, titular de la empresa operadora nº 71, con multa de un millón doscientas mil pesetas por la comisión de los hechos descritos constitutivos de infracción a los artículos 12, 30.1.b), 31.1.b), c) y d) y 44 del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo (B.O.C. nº 83, de 1.7.88).
8º) Asimismo, mediante Orden del Consejero de Presidencia y Turismo de 12 de junio de 1995, se estimó el recurso ordinario interpuesto por D. Andrés Acosta Castañeda, contra la Resolución de la Viceconsejería para las Administraciones Públicas de fecha 25 de abril de 1995 y en consecuencia se ordenó levantar la medida cautelar adoptada, esto es, el precinto trabado en la máquina recreativa del tipo A, nº de modelo A-1717, serie nº A-846 por el Servicio de Inspección del Juego, así como la retirada inmediata por la empresa operadora, titular de la misma, del lugar donde se encuentra depositada.
9º) Que dentro del plazo concedido al efecto el interesado no ha formulado alegaciones a la Propuesta de Resolución, pese a serle notificada mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 114, de 1 de septiembre, de conformidad con lo previsto en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Que las competencias funcionales en esta materia se encuentran reguladas en la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias, y en el Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias, modificado parcialmente por los Decretos 132/1989, de 1 de junio (B.O.C. nº 97, de 17.7.89), y 89/1990, de 23 de mayo (B.O.C. nº 80, de 29.6.90).
Segunda.- Que de conformidad con lo previsto en el artº. 7.5.b) del Decreto 321/1995, de 10 de noviembre, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, el Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales es competente para intervenir en la resolución de este expediente.
Tercera.- Que el procedimiento seguido en la tramitación de este expediente, se ajusta a lo dispuesto en el artº. 43 del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo, presentándose por el interesado los correspondientes descargos y alegaciones en tiempo y forma, y procediéndose a resolver el mismo de conformidad con lo establecido en el artº. 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cuarta.- Que no fueron admisibles los descargos formulados por el interesado, toda vez que los mismos no desvirtúan los cargos imputados, ni su correspondiente calificación jurídica, por cuanto en el momento de la inspección la máquina recreativa TF-A-7587, carecía de la preceptiva documentación.
Quinta.- Que los hechos descritos suponen infracción a los artículos 12, 30.1.b), 31.1.b), c) y d) y 44 del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo; tipificándose como falta muy grave, la carencia de la autorización administrativa en que consiste el Boletín de Instalación y como faltas graves, la no colocación de la Guía de Circulación, o no hacerlo en la forma prevista en el artº. 30 del Reglamento, y la falta de entrega por la empresa operadora al titular del establecimiento en que esté instalada la máquina de la documentación o libros a conservar en el local, a tenor de lo dispuesto en los artículos 39.6 y 40, apartados 4 y 14 del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo; y sancionándose con una multa de un millón doscientas mil pesetas, conforme a los artículos 42 del mismo texto reglamentario y 22 de la citada Ley 6/1985, de 30 de diciembre.
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,
R E S U E L V O:
Sancionar a D. Andrés Acosta Castañeda, como titular de la empresa operadora nº 71, con multa de un millón doscientas mil pesetas, por haberse comprobado que en el establecimiento Hotel Murillo, sito en el Puerto de la Cruz, Parque Taoro, calle Isla de La Gomera, s/n, en el momento de la inspección, se encontraba instalada y en funcionamiento la máquina recreativa del tipo A, modelo nº A-1717, serie A-846, careciendo del Boletín de Instalación para el establecimiento en que se encontraba instalada, así como de los Libros de Reclamaciones y Reglamento del Juego.
Dicha multa se hará efectiva en la forma y plazos que determine la Consejería de Economía y Hacienda, mediante la oportuna liquidación que le será notificada en su domicilio.
Contra esta Orden que agota la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses, desde la publicación, previa la comunicación a esta Consejería, exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Santa Cruz de Tenerife, a 20 de marzo de 1996.- El Viceconsejero de Administración Pública, Ángel Marrero Alayón.
© Gobierno de Canarias