BOC - 1996/039. Viernes 29 de Marzo de 1996 - 797

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797 - RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 1996, de la Dirección General de Vivienda, sobre notificación de Propuesta de Resolución recaída en los expedientes de desahucio administrativo D-47/95, D-149/95, D-135/95, D-153/95, D-218/95, D-223/95, D-224/95 y D-235/95.

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Encontrándose en ignorado paradero las personas que a continuación se citan, titulares de las viviendas de promoción pública que seguidamente se relacionan, a la vista de los informes policiales emitidos en la tramitación de los expedientes referidos anteriormente, y siendo preciso notificarles la Propuesta de Resolución recaída en los expedientes administrativos de desahucio referenciados que se siguen contra los mismos por infracción del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial, de conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),

R E S U E L V O:

Notificar a las personas que a continuación se relacionan la Propuesta de Resolución recaída en los expedientes administrativos de desahucio que les han sido instruidos y cuya parte dispositiva dice textualmente:

PROPUESTA:

- Desahuciar a D. Antonio López Ascanio, adjudicatario de la vivienda de promoción pública sita en la calle Manuel de Falla, 56, bloque 5, piso 11º, letra B, del Grupo de 864 Viviendas Nueva Paterna, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, al estar incurso en las causas especiales 6ª y 7ª de desahucio administrativo, previstas en el artículo 138 del Decreto 2.114/1968, de 24 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas de Protección Oficial, publicado en el B.O.E. de 7 de septiembre de 1968, al no destinar a domicilio habitual y permanente la vivienda objeto de esta propuesta y al haberla cedido a un tercero.

- Desahuciar a D. Felipe Alfonso Rodríguez, adjudicatario de la vivienda de promoción pública sita en la calle Córdoba, 27, bloque 4, piso 1º, letra A, del Polígono de San Cristóbal, fase II, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, al estar incurso en las causas especiales 6ª y 7ª de desahucio administrativo, previstas en el artículo 138 del Decreto 2.114/1968, de 24 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas de Protección Oficial, publicado en el B.O.E. de 7 de septiembre de 1968, al no destinar a domicilio habitual y permanente la vivienda objeto de esta propuesta y haberla cedido a un tercero.

- Desahuciar a D. Leoncio González Santana, adjudicatario de la vivienda de promoción pública sita en el Valle de Jinámar, fase I, bloque 2, piso 10º, letra C, término municipal de Telde, al estar incurso en las causas especiales 6ª y 7ª de desahucio administrativo, previstas en el artículo 138 del Decreto 2.114/1968, de 24 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas de Protección Oficial, publicado en el B.O.E. de 7 de septiembre de 1968, al no destinar a domicilio habitual y permanente la vivienda objeto de esta propuesta y al haberla cedido a un tercero.

- Desahuciar a Dña. Ángela Domínguez Castellano, adjudicataria de la vivienda de promoción pública sita en el Valle de Jinámar, fase II, bloque 60, piso 9º, letra B, término municipal de Telde, al estar incursa en las causas especiales 6ª y 7ª de desahucio administrativo, previstas en el artículo 138 del Decreto 2.114/1968, de 24 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas de Protección Oficial, publicado en el B.O.E. de 7 de septiembre de 1968, al no destinar a domicilio habitual y permanente la vivienda objeto de esta propuesta y al haberla cedido a un tercero.

- Desahuciar a D. Francisco Santana Hernández, adjudicatario de la vivienda de promoción pública sita en la calle Santa Rita de Casia, bloque 14, portal 1, piso 3º, letra B, del Grupo de 157 Viviendas Mirador del Valle, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, al estar incurso en las causas especiales 6ª y 7ª de desahucio administrativo, previstas en el artículo 138 del Decreto 2.114/1968, de 24 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas de Protección Oficial, publicado en el B.O.E. de 7 de septiembre de 1968, al no destinar a domicilio habitual y permanente la vivienda objeto de esta propuesta y al haberla cedido a un tercero.

- Desahuciar a D. Santiago Pérez Marrero, adjudicatario de la vivienda de promoción pública sita en el Valle de Jinámar, fase I, bloque 7, piso 8º, letra D, término municipal de Telde, al estar incurso en las causas especiales 6ª y 7ª de desahucio administrativo, previstas en el artículo 138 del Decreto 2.114/1968, de 24 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas de Protección Oficial, publicado en el B.O.E. de 7 de septiembre de 1968, al no destinar a domicilio habitual y permanente la vivienda objeto de esta propuesta y al haberla cedido a un tercero.

- Desahuciar a D. Tomás Quintero Rodríguez, adjudicatario de la vivienda de promoción pública sita en el Valle de Jinámar, fase I, bloque 8, piso 5º, letra A, término municipal de Telde, incurso en las causas especiales 6ª y 7ª de desahucio administrativo, previstas en el artículo 138 del Decreto 2.114/1968, de 24 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas de Protección Oficial, publicado en el B.O.E. de 7 de septiembre de 1968, al no destinar a domicilio habitual y permanente la vivienda objeto de esta propuesta y al haberla cedido a un tercero. - Desahuciar a D. Leonardo Ramírez Hernández, adjudicatario de la vivienda de promoción pública sita en el Valle de Jinámar, fase I, bloque 8, piso 6º, letra C, término municipal de Telde, incurso en las causas especiales 6ª y 7ª de desahucio administrativo, previstas en el artículo 138 del Decreto 2.114/1968, de 24 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas de Protección Oficial, publicado en el B.O.E. de 7 de septiembre de 1968, al no destinar a domicilio habitual y permanente la vivienda objeto de esta propuesta y al haberla cedido a un tercero.

El lanzamiento será ejecutado por esta Dirección General, que designará la/s persona/s que haya/n de llevarlo a efecto, pudiendo recabar si lo estima necesario la ayuda de los agentes de la autoridad.

Contra la presente Propuesta de Resolución podrá el interesado formular alegaciones en el plazo de ocho días, contados a partir de la publicación de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 142 del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial.

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de febrero de 1996.- El Director General de Vivienda, José María Senante Mascareño.



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