Habiendo sido intentada la notificación de Resolución, de fecha 15 de agosto de 1995, en el domicilio que figura en el expediente sancionador nº 8/94, incoado por la Viceconsejería de Administración Pública a la empresa de servicios Explotadora Canaria de Juegos y Diversiones, S.A., por infracción a la vigente normativa sobre el juego, sin que haya podido practicarse, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación.
Examinado el expediente nº 8/94, tramitado por la Instrucción de expedientes sancionadores de la Viceconsejería para las Administraciones Públicas, incoado a D. Manuel Naval Calavia y a la empresa de servicio Explotadora Canaria de Juegos y Diversiones, S.A., por infringir la normativa sobre el juego.
Vista la Propuesta de Resolución formulada por el Instructor del expediente.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
I.- Con fecha 29 de noviembre de 1994, fue formulada por Dña. Gregoria Francés Saavedra ante la Viceconsejería para las Administraciones Públicas denuncia, dando cuenta de que el jefe de sala del bingo Real Sporting San José, sito en la Avenida de Gran Canaria, 26, Playa del Inglés, expidió certificado el 4 de octubre de 1993 sobre la frecuencia de asistencia a dicha sala de bingo de Dña. Gregoria Francés Saavedra con D.N.I. nº 42.730.945 aportado por el marido de ésta al procedimiento de separación matrimonial nº 57/93 del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de San Bartolomé de Tirajana, seguido entre las partes, según fotocopia que se adjunta con la denuncia.
II.- Mediante Providencia de la Viceconsejería para las Administraciones Públicas de fecha 29 de marzo de 1994, se ordenó la incoación del expediente sancionador por infracción a la vigente normativa sobre el juego, procediéndose a nombrar Instructor del mismo y a formular el correspondiente Pliego de Cargos al interesado.
III.- Notificado el anterior, por el inculpado y en el plazo concedido al efecto, se presentaron alegaciones, manifestando que: el referido certificado se realizó ante el requerimiento de dos personas que se personaron en la sala y acreditaron su pertenencia al Cuerpo de la Guardia Civil, los cuales le indicaron que tal certificado lo había solicitado el juez y que se tenía que hacer inmediatamente. Actuó en la creencia que lo había solicitado el juzgado. Por otra parte, alega que la infracción está prescrita dado que ha transcurrido en exceso el plazo de dos meses señalado por la legislación desde que supuestamente se cometió aquélla y asimismo desde la fecha de la denuncia interpuesta por Dña. Gregoria Francés Saavedra, conforme indica el artº. 42.2 del Reglamento del Juego del Bingo. Asimismo, alega caducidad del expediente y por otrosí digo solicita el recibimiento a prueba del expediente a fin de probar mediante certificado las alegaciones deducidas.
IV.- Con fecha 19 de mayo de 1994, fue dictada providencia del Instructor del expediente por la que corrige error en la notificación del Pliego de Cargos y la providencia por cuanto no se practicó a la empresa de servicio como responsable solidario, llevándose a efecto con fecha 6 de junio de 1994.
V.- Con fecha 8 de junio de 1994, tuvo entrada escrito de Dña. Elena Lueje Gracia, en representación de la empresa de servicio Explotadora Canaria de Juegos y Diversiones, S.A., aduciendo que el expediente no se ajusta a derecho, toda vez que el jefe de sala actuó en consecuencia al ser requerido por quienes se identificaron como policías y así mismo la prescripción por el transcurso de dos meses y el archivo por caducidad.
VI.- Con fecha 14 de septiembre de 1994, formuló el Instructor del expediente la correspondiente Propuesta de Resolución, proponiendo se sancionase solidariamente a los inculpados con multa de 150.000 pesetas por revelar información reservada del fichero de la Sala de Bingo.
VII.- Intentada la notificación de D. Manuel Naval Calavia a través de cartas con acuse de recibo al domicilio señalado al efecto no fueron recibidas, por lo que se acordó la notificación mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Canarias, llevándose a efecto en el del día 15 de mayo de 1995.
VIII.- Los interesados no presentaron alegaciones a la Propuesta de Resolución, en el plazo que a tal efecto se les concedió.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las competencias funcionales en esta materia se encuentran reguladas en la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias, y en el Decreto 122/1988, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Juego del Bingo de esta Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 119, de 19.9.88), modificado por el Decreto de 140/1991, de 28 de junio (B.O.C. nº 90, de 8.7.91).
Segunda.- De conformidad con lo establecido en el apartado 1.g) del artículo 5 del Decreto 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 93, de 21.7.95), esta Viceconsejería es competente para intervenir en la resolución de este expediente.
Tercera.- En la tramitación de este expediente, se ha observado el procedimiento previsto en el artº. 42 del citado Decreto 122/1988.
Cuarta.- Las alegaciones del interesado no desvirtúan los hechos imputados ni su correspondiente calificación jurídica, por cuanto el certificado en cuestión no dice que se expida a instancia o requerimiento de la Guardia Civil, ni del Juzgado, siendo en cualquier caso la alegación del todo insostenible para desvirtuar los hechos imputados, por cuanto las personas que le dijeron que eran Guardias Civiles no le presentaron ninguna acreditación al no constar en el certificado sus datos ni se hizo constar por la parte el Juzgado que dice que le requirió.
Quinta.- La infracción que se imputa no está prescrita por cuanto se trata de una infracción grave de conformidad con el artº. 42 del Decreto citado cuyo plazo de prescripción es de un año, cuyo cómputo comienza a contar desde el día en que se hubiera cometido la infracción, interrumpiéndose cuando el procedimiento se dirija al infractor, siendo el plazo transcurrido entre el día que se cometió la infracción (4.10.93) y la incoación del expediente (26.3.94) inferior a un año.
Sexta.- Procede no acceder al recibimiento a prueba del expediente solicitado, por cuanto el interesado no articula los medios de prueba de que intenta valerse.
Séptima.- Analizados los hechos imputados a través de las disposiciones en vigor, se aprecia infracción a lo dispuesto en el artº. 30.4 del repetido Reglamento, que establece El contenido de la información del soporte magnético o del fichero manual, tendrá carácter reservado y sólo podrá ser revelado por la Sociedad, por orden de la Dirección General de Justicia e Interior, funcionarios de la Inspección del Juego de la Comunidad Autónoma o por mandato Judicial.
Octava.- Los hechos descritos suponen infracción, tipificándose como falta grave, a tenor de lo dispuesto en el artº. 40.4.g) del referido Decreto; y sancionándose con multa conforme a los artículos 41 del mismo texto reglamentario, y 22 de la citada Ley 6/1985, de 30 de diciembre.
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,
R E S U E L V O:
Sancionar solidariamente a D. Manuel Naval Calavia y a la empresa de servicio Explotadora Canaria de Juegos y Diversiones con multa de ciento cincuenta mil (150.000) pesetas, por revelar el jefe de sala del bingo Real Sporting San José información reservada del fichero de clientes.
Dicha multa deberá hacerse efectiva en la forma y plazos que determine la Consejería de Economía y Hacienda, mediante la oportuna liquidación que le será notificada en su domicilio.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe recurso ordinario ante el Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, en el plazo de un mes, contado desde la notificación de la presente, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse, debiendo notificarse la misma a la empresa de servicios Explotadora Canaria de Juegos y Diversiones, S.A. y a D. Manuel Naval Calavia, como interesados en el procedimiento, y con domicilio a efectos de notificación en Avenida de Gran Canaria, 26, de San Bartolomé de Tirajana. Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de agosto de 1995.- El Viceconsejero de Administración Pública, Ángel Marrero Alayón.
Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de febrero de 1996.- El Viceconsejero de Administración Pública, Ángel Marrero Alayón.
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