No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles la Resolución recaída en los expedientes incoados contra las mismas por infracción a la normativa en materia de consumo, y conforme al artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, la Resolución recaída en los expedientes que les han sido instruidos por infracción a la legislación en materia de consumo.
Los interesados podrán interponer recurso ordinario contra la Resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno de Canarias y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse. 2.- Remitir a los Ayuntamientos de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.
1) RESOLUCIÓN
Visto el expediente nº 35/0126/95, instruido por esta Dirección General, contra Disarch, S.L., con domicilio en Bernardo de la Torre, 10-1, y estando de acuerdo con la Propuesta formulada por el Instructor; y
Vistos los preceptos legales de general aplicación en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189).
Resultando que, el día 9 de febrero de 1995, Inspectores de esta Dirección General de Comercio y Consumo realizaron visita de inspección en el Supermercado El Conducto, propiedad de El Conducto, S.L., sito en la calle Matías Padrón, 104, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 40362 comprobaron que tenía expuestas para su venta al público unas 27 bolsas de Calamar Preparado en cuyo etiquetado podía leerse entre otras menciones: Calamar Preparado. Fábrica Hansung Enterprise Co. Ltd. Korea Importador exclusivo para España Disarch, S.L. calle Bernardo de la Torre, 10-1º, Las Palmas de G. C. ....................... Calamar seco y preparado. Ingredientes: Calamar, ....... Consumir preferentemente antes: ........... * Alimento * Sabroso * Saludable. El etiquetado de este producto sugiere que el mismo posee características particulares cuando todos los productos similares poseen estas mismas características.
Asimismo, el etiquetado carecía de los datos relativos a la fecha de duración mínima, las condiciones especiales de conservación y utilización y el modo de empleo de este producto alimenticio.
Resultando que como consecuencia de ello se formuló Acuerdo de iniciación indicando que infringía lo dispuesto en el artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y el artículo 3º, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el Real Decreto 212/1992, de 6 de marzo, por el que se aprueba la Norma General de Etiquetado, Presentación y Publicidad de los Productos Alimenticios.
Resultando que no pudo realizarse la notificación personal del mismo por lo que se envió para su publicación al Boletín Oficial de Canarias y al Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Resultando que no se tiene constancia de su exposición en el tablón del Ayuntamiento hasta el día 10 de noviembre de 1995.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 8 de la Orden de 18 de agosto de 1995, de desarrollo de las competencias de los órganos creados por el Decreto 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con el artículo 18, letra B, apartados k) y m), del Decreto 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116),
ACUERDO:
El sobreseimiento de las diligencias contra Disarch, S.L. por caducidad y el archivo del expediente nº 35/0126/95 sin más trámite.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse. Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de noviembre de 1995.- El Director General de Consumo.
2) RESOLUCIÓN
Visto el expediente nº 35/0103/95, instruido por esta Dirección General, contra Amado Díaz Hernández, con domicilio en la Avenida de Canarias, 396-Doctoral, y estando de acuerdo con la Propuesta formulada por el Instructor; y
Vistos los preceptos legales de general aplicación en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189).
Resultando que, el día 13 de enero de 1995, Inspectores de esta Dirección General de Comercio y Consumo realizaron visita de inspección en Calzados La Rosa, propiedad de D. Amado Díaz Hernández, sito en la Avenida de Canarias, 396, término municipal de Santa Lucía de Tirajana; y mediante acta levantada al efecto nº 40.190 comprobaron que tenía expuestos para su venta al público, en el escaparate, bolsos y zapatos de señoras y botas de diferentes tamaños careciendo del preceptivo marcado de precio de venta al público.
Resultando que como consecuencia de ello se formuló Acuerdo de iniciación indicando que infringía lo dispuesto en el artº. 34.5 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y los artículos 8º y 9º de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias, en concordancia con el artículo 3º, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en relación con el artº. 8 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29, de 3 de febrero).
Resultando que no pudo realizarse la notificación del mismo por lo que se envió para su publicación al Boletín Oficial de Canarias y al Iltre. Ayuntamiento de Santa Lucía.
Considerando que no se tiene constancia de su exposición en el tablón del Ayuntamiento hasta el día 27 de octubre de 1995.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 8 de la Orden de 18 de agosto de 1995, de desarrollo de las competencias de los órganos creados por el Decreto 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con el artículo 18, letra B, apartados k) y m), del Decreto 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116),
ACUERDO:
El sobreseimiento de las diligencias contra Amado Díaz Hernández por caducidad y el archivo del expediente nº 35/0103/95 sin más trámite.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse. Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de noviembre de 1995.- El Director General de Consumo.
3) RESOLUCIÓN
Visto el expediente nº 35/0132/95, instruido por esta Dirección General, contra Houcine Aubal Ahmed, con domicilio en el Centro Comercial Yumbo, locales 221 y 212, y estando de acuerdo con la Propuesta formulada por el Instructor; y
Vistos los preceptos legales de general aplicación en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189).
Resultando que, el día 3 de febrero de 1995, Inspectores de esta Dirección General de Comercio y Consumo realizaron visita de inspección en el Bazar Chicho, propiedad de D. Houcine Oubal-Ahmed, sito en el Centro Comercial Yumbo Centrum, locales 211 y 212, término municipal de San Bartolomé de Tirajana, y mediante acta levantada al efecto nº 40.315 comprobaron que tenía expuestos para su venta al público unos 8 pantalones y unas 10 chaquetas de piel en diferentes colores y tallas, careciendo de su preceptivo marcado de precio de venta al público.
Resultando que como consecuencia de ello se formuló Acuerdo de iniciación indicando que infringía lo dispuesto en los artículos 8º y 9º de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias, en concordancia con el artículo 3º, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en relación con el artº. 8 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29, de 3 de febrero).
Resultando que no pudo realizarse la notificación personal del mismo por lo que se envió para su publicación al Boletín Oficial de Canarias y al Ilmo. Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de Tirajana.
Resultando que no se tiene constancia de su exposición en el tablón del Ayuntamiento hasta el día 28 de septiembre de 1995.
Considerando que de conformidad con el artº. 24 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora y el artº. 43.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente debe entenderse caducado.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 8 de la Orden de 18 de agosto de 1995, de desarrollo de las competencias de los órganos creados por el Decreto 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con el artículo 18, apartado B del Decreto 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116),
ACUERDO:
El sobreseimiento de las diligencias contra Houcine Aubal Ahmed por caducidad y el archivo del expediente nº 35/0132/95 sin más trámite.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse. Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de octubre de 1995.- El Director General de Consumo.
Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de enero de 1996.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
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