Habiendo sido intentada la notificación de la Propuesta de Resolución, de fecha 11 de septiembre de 1995, en el domicilio que figura en el expediente sancionador nº 78/95, incoado por la Viceconsejería para las Administraciones Públicas a la empresa operadora Samare, S.A., por infracción a la vigente normativa sobre el juego, sin que haya podido practicarse, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación.
Acordada la incoación de expediente sancionador a la entidad Samare, S.A. por supuesta infracción a la vigente normativa sobre el juego, el funcionario Instructor del expediente formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
De las actuaciones practicadas y antecedentes que han dado lugar a la instrucción de las diligencias, y teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Con fecha 30 de marzo de 1995 fue levantada acta de infracción por el Servicio de Inspección de esta Consejería dando cuenta de que en el Salón de Juegos Recreativos Il Rondo, sito en la Avenida de Canarias, 47, Playa del Inglés, San Bartolomé de Tirajana, se encontraban instaladas y en funcionamiento dos máquinas recreativas, modelos 455 y 457, con permisos de explotación GC-B/12623 y GC-B/12622, las cuales, en el momento de la inspección, no tenían colocados ni estaban disponibles en el Salón sus correspondientes Boletines de Instalación. Asimismo, no estaban disponibles ni el Libro de Reclamaciones ni el Libro de Inspección. Con posterioridad, la empresa titular de las máquinas, Samare, S.A., presentó los Boletines de Instalación solicitados, los cuales, sin embargo, no se encontraban en el local a disposición de los Inspectores del juego.
2º) Mediante Providencia de la Viceconsejería para las Administraciones Públicas de fecha 19 de abril de 1995, se ordenó la incoación de expediente sancionador a la entidad Samare, S.A., titular del Salón de Juegos Recreativos de referencia y de las máquinas recreativas en cuestión, por infracción a la vigente normativa sobre el juego, procediéndose a nombrar Instructor del mismo y a formular el correspondiente Pliego de Cargos al interesado.
3º) Notificado el anterior, por el inculpado y en el plazo concedido al efecto, no se presentaron alegaciones. II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera: las competencias funcionales en esta materia vienen determinadas en la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias (B.O.C. nº 158, de 31.12.85), y en el Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 83, de 1.7.88).
Segunda: de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Orden de 18 de agosto de 1995, de desarrollo de las competencias de los órganos creados por el Decreto 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, esta Viceconsejería es competente para la resolución de este expediente.
Tercera: en la tramitación de este expediente se ha observado el procedimiento previsto en el artículo 43 del citado Decreto 93/1988.
Cuarta: analizados los hechos imputados a través de las disposiciones en vigor, se aprecia infracción a lo dispuesto en el artículo 31.1 del Reglamento, en sus apartados b), por el que en todo momento deberá hallarse en el local donde estuvieren en explotación las máquinas el boletín de instalación vigente sellado por la Consejería de la Presidencia que figurará en lugar visible al público, según modelo normalizado, y d), por el que asimismo deberán hallarse en el local el Libro de Inspección e Incidencias, así como el de Reclamaciones.
Quinta: de acuerdo con lo previsto en el artículo 41.3 del citado Reglamento la infracción de no tenencia en el local de los Boletines de Instalación, debe calificarse de leve, y, de acuerdo con el artículo 40.4, la de carencia de los libros, de grave, procediendo sancionar con multa de cincuenta mil (50.000) pesetas, cada una de las dos infracciones leves, y con multa de cien mil (100.000) pesetas, la grave, a tenor de lo preceptuado en el artículo 42 del mismo texto reglamentario, en relación con el artículo 22 de la referida Ley.
En su virtud, se le notifica cuanto antecede a fin de que en el plazo de ocho días hábiles pueda alegar cuanto considere en su defensa, de acuerdo con el artículo 43 del Decreto citado. Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de septiembre de 1995.- El Instructor, Susana Apolinario Hidalgo.
Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de enero de 1996.- El Viceconsejero de Administración Pública, Ángel Marrero Alayón.
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