Resultando que, con fecha 26 de abril de 1994, se dictó Orden Departamental por la que se aprobó definitivamente la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Las Palmas de Gran Canaria en el ámbito del P.E.P.R.I. de San Juan-San José, publicándose en el Boletín Oficial de Canarias de 21 de noviembre de ese mismo año.
Resultando que, contra dicha Orden, se interpusieron, en legal tiempo y forma, recursos de reposición formulados por D. Abelardo Mendoza García, en nombre y representación de la Cooperativa de Viviendas El Cortijo, y D. Manuel Teixeira Ventura, en nombre y representación de D. Benjamín y D. Julio Knaster del Olmo, amparándose, cada uno de ellos, en los motivos que estimaron más adecuados a la defensa de sus derechos.
Resultando que la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 12 de septiembre de 1995, adoptó, entre otros, el acuerdo de informar favorablemente la estimación parcial del recurso formulado por D. Abelardo Mendoza García, y, por el contrario, desfavorablemente el suscrito por D. Manuel Teixeira Ventura por las razones explicitadas en dicho acuerdo.
Resultando que, por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, se remiten informes municipales sobre las pretensiones deducidas en los indicados recursos manifestándose a favor de la estimación parcial del primero de los recurrentes y de la denegación del segundo, expresando, en cada caso, los fundamentos de la propuesta municipal.
Considerando que el recurso formulado por D. Abelardo Mendoza García en la representación que ostenta viene claramente fundamentado en la necesidad de viabilizar la gestión de la U.E. en la que se encuentra situado el terreno de la Cooperativa de Viviendas, sin variar las condiciones de edificabilidad del Sector e incorporando parte del nuevo suelo propuesto -el estrictamente necesario para dar viabilidad a la unidad de ejecución- con la calificación de zona verde o espacio libre de uso y dominio público.
Considerando que el recurso suscrito por D. Manuel Teixeira Ventura, en la representación acreditada, debe ser desestimado dado que el tratamiento otorgado a los terrenos objeto de la impugnación, considerados como Suelo Rústico de Protección de los Elementos de Estructuración del Territorio, es el más adecuado desde el punto de vista técnico dada la falta de aptitud del suelo en cuestión para ser destinado a la edificación, así como por la falta de acreditación del carácter urbano de los mismos, conforme a lo preceptuado en el artículo 10 del Real Decreto-Legislativo 1/1992, de 26 de junio, sobre Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, tal y como se plasma en los informes técnicos emitidos.
Considerando que compete al mismo órgano que dictó el acto impugnado resolver los recursos de reposición formulados contra éste, conforme a la regulación ya derogada de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958, aplicable al supuesto en cuestión.
Vistos los expedientes administrativos, documentos e informes obrantes en los mismos, el Real Decreto-Legislativo 1/1992, de 26 de junio, sobre Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana; Decreto 107/1995, de 26 de abril, sobre Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial, concordantes y demás normas de general aplicación,
D I S P O N G O:
Primero: estimar parcialmente el recurso de reposición formulado por D. Abelardo Mendoza García, en nombre y representación de la Cooperativa de Viviendas El Cortijo, interpuesto contra Orden Departamental de 26 de abril de 1994, por la que se aprobó definitivamente la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Las Palmas de Gran Canaria en el ámbito del P.E.P.R.I. de San Juan-San José, en el sentido de ampliar el suelo urbano situado al sur del ámbito territorial del Plan Especial hacia el poniente del vial utilizado como enlace y acceso a las calles transversales y paralelas al actual Paseo de San José, hacia la superficie estrictamente necesaria para dotar a los recurrentes del mínimo legal exigido (60%) para la aplicación del sistema de ejecución, manteniéndose, en todo caso, la misma edificabilidad asignada al Sector y calificándose la totalidad del nuevo suelo incorporado como zona verde o espacio libre de uso y dominio público, al entenderse que la ampliación resulta plenamente justificada para facilitar la gestión de la pieza siempre que ello no suponga variación de los aprovechamientos reconocidos.
Segundo: desestimar el recurso de reposición suscrito por D. Manuel Teixeira Ventura, en nombre y representación de D. Benjamín y D. Julio Knaster del Olmo, interpuesto igualmente contra la ya citada Orden Departamental de 26 de abril, dado que el tratamiento otorgado a los terrenos objeto de impugnación es el más adecuado a las condiciones topográficas del suelo en cuestión que desaconsejan, desde el punto de vista técnico, su uso edificable, así como por la falta de acreditación, conforme a lo preceptuado en el artículo 10 del Real Decreto-Legislativo 1/1992, de 26 de junio, sobre Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, de la condición urbana de los mismos tal y como se deriva de los informes técnicos emitidos al respecto.
Tercero: la presente Orden se publicará en el Boletín Oficial de Canarias y será debidamente notificada a los recurrentes, al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y al Cabildo Insular de Gran Canaria. Contra este acto, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a partir de su notificación según lo dispuesto en el artº. 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de noviembre de 1995.
EL CONSEJERO DE POLÍTICA TERRITORIAL, Antonio González Viéitez.
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