Habiendo sido intentada la notificación de la Orden del Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, en el domicilio que figura en el expediente sancionador nº 137/94, incoado por esta Viceconsejería a D. Guillermo Marrero Santos, como titular de la empresa operadora nº 472, sin que haya podido practicarse, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación.
Examinado el expediente nº 137/94, tramitado por la Instrucción de Expedientes Sancionadores de la Viceconsejería de Administración Pública, incoado a D. Guillermo Marrero Santos, titular de la empresa operadora nº 472, por infringir la normativa sobre el juego.
Vista la propuesta formulada por el Viceconsejero de Administración Pública.
Teniendo en cuenta los siguientes,
I. ANTECEDENTES
1º) Que en el acta de infracción levantada por funcionarios de la Inspección del Juego de fecha 21 de noviembre de 1994, en el establecimiento Bar Cooperativa San Sebastián, sito en Adeje, Carretera General, km 114, se denuncia que se encuentra instalada y en funcionamiento la máquina recreativa modelo Cirsa Dakota, del tipo B, modelo B-1.923, serie nº 94-1617, que en el momento de la inspección, carece de la Guía de Circulación y del Boletín de Instalación. Asimismo, carece de los distintivos correspondientes del pago de la Tasa Fiscal del Juego.
2º) Que mediante Providencia dictada por la Viceconsejería para las Administraciones Públicas de fecha 5 de diciembre de 1994, se ordenó la incoación de expediente sancionador por infracción a la normativa sobre el juego, procediéndose a nombrar Instructor del mismo y a formular el Pliego de Cargos al interesado.
3º) Que dentro del plazo concedido al efecto, el inculpado no formuló los correspondientes descargos, pese a serle notificado el Pliego de Cargos, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 32, de 15 de marzo de 1995, de conformidad con lo dispuesto en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
4º) Que por el Instructor del expediente y con fecha 24 de abril de 1995, se procedió a dictar Propuesta de Resolución, en la que propuso que por el Consejero de Presidencia y Turismo, se sancione a D. Guillermo Marrero Santos, titular de la empresa operadora nº 472, con multa de dos millones cien mil pesetas, por apreciarse infracción a lo dispuesto en los artículos 11 y 30.1.b) y d) del Decreto 93/1988, de 31 de mayo, así como a los artículos 12 y 31.1.b) del referido Decreto.
5º) Que dentro del plazo concedido al efecto, el interesado no ha formulado alegaciones a la Propuesta de Resolución, pese a serle notificada mediante anuncio publicado en el B.O.C. nº 32, de 15 de marzo de 1995, de conformidad con lo dispuesto en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Que las competencias funcionales en esta materia se encuentran reguladas en la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias, y en el Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias, modificado parcialmente por los Decretos 132/1989, de 1 de junio y 89/1990, de 23 de mayo.
Segunda.- En virtud de lo dispuesto en el artº. 5 y Disposición Adicional Séptima del Decreto 187/1995, de 20 de julio, de Reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con lo dispuesto en el artº. 8.5.b) del Decreto 229/1993, de 29 de julio del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Turismo, el Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales es competente para intervenir en la resolución de este expediente.
Tercera.- Que el procedimiento seguido en la tramitación de este expediente, se ajusta a lo dispuesto en el artº. 43 del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo, no presentándose por el interesado los correspondientes descargos y alegaciones y, procediéndose a resolver el mismo de conformidad con lo establecido en el artº. 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cuarta.- Analizados los hechos imputados a través de las disposiciones en vigor, se aprecia infracción a lo dispuesto en los artículos 11 y 30.1.b) y d) del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que todas las máquinas a que se refiere el citado Reglamento, que se encuentren en explotación deberán llevar necesariamente incorporados a las mismas y de forma visible desde el exterior, entre otros, la Guía de Circulación debidamente tramitada y cumplimentada y el justificante de pago de la Tasa Fiscal del Juego, incorporación que se efectuará en la parte frontal o lateral de la máquina, así como infracción a lo dispuesto en los artículos 12 y 31.1.b) del referido Decreto, por el que el Boletín de Instalación debidamente tramitado y cumplimentado amparará la legalidad individualizada de la máquina correspondiente, en cuanto a su correcta ubicación en establecimiento autorizado para la instalación de máquinas de juego, del tipo que corresponda, debiendo figurar en todo momento en el local donde estuvieren en explotación las máquinas recreativas.
Quinta.- De acuerdo con lo previsto en el artº. 39, apartados 2 y 6 y 41.3 del citado Reglamento, las infracciones deben calificarse de muy graves (la explotación, en cualquier forma, de máquinas de juego que carezcan de la autorización de explotación y la carencia de la autorización administrativa en que consiste el Boletín de Instalación), y como infracción leve (la carencia en la máquina recreativa del distintivo correspondiente al pago de la Tasa Fiscal del Juego), correspondiéndole una sanción de dos millones cien mil pesetas, a tenor de lo preceptuado en el artº. 42 del mismo texto reglamentario en relación con el artº. 22 de la referida Ley.
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,
R E S U E L V O:
Sancionar a D. Guillermo Marrero Santos, como titular de la empresa operadora nº 472, con multa de dos millones cien mil pesetas, por haberse comprobado que en el establecimiento Bar Cooperativa San Sebastián, sito en Adeje, Carretera General, km 114, se encuentra instalada y en funcionamiento la máquina recreativa modelo Cirsa Dakota, del tipo B, modelo B-1.923, serie nº 94-1.617, que en el momento de la inspección carece de la Guía de Circulación y del Boletín de Instalación, así como de los distintivos correspondientes del pago de la Tasa Fiscal del Juego.
Dicha multa se hará efectiva en la forma y plazos que determine la Consejería de Economía y Hacienda, mediante la oportuna liquidación que le será notificada en su domicilio.
Contra esta Orden que agota la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses, desde la publicación del presente anuncio, exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de diciembre de 1995.- El Viceconsejero de Administración Pública, Ángel Marrero Alayón.
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