La Dirección General de Servicios Sociales ha intentado practicar la notificación de las Resoluciones desestimatorias de la Viceconsejería de Asuntos Sociales a los recursos instados por los interesados que se señalan, en los domicilios indicados por éstos, sin haber podido conseguirlo, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a los recurrentes de resoluciones de solicitudes de Ayudas Económicas Básicas, Dña. Josefa Marrero Santana y D. Ceferino García Santana, las Resoluciones desestimatorias de la Viceconsejería de Asuntos Sociales que se transcriben.
2.- Remitir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.
1) Registro de Resoluciones: nº 462, fecha 13.10.95.
Visto el recurso ordinario interpuesto por Dña. Josefa Marrero Santana, contra la Resolución de la Dirección General de Servicios Sociales de fecha 28 de septiembre de 1993, por virtud de la cual se procede a denegar la Ayuda Económica Básica solicitada y examinado el correspondiente expediente resultan relevantes los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
1. Que la recurrente presentó solicitud de Ayuda Económica Básica con registro de entrada en la Dirección General de Servicios Sociales de fecha 10 de mayo de 1993.
2. Que tramitada la solicitud con arreglo a la normativa reguladora, la Dirección General de Servicios Sociales dictó Resolución denegando la Ayuda Económica Básica solicitada a la interesada, al no quedar acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Decreto 133/1992.
3. Que la anterior Resolución es notificada a la interesada y en ella se le informa el derecho que le asiste para interponer recurso ordinario ante la Viceconsejería de Asuntos Sociales en el plazo de un mes.
4. Que Dña. Josefa Marrero Santana interpuso dentro del plazo conferido recurso ordinario, en el que alega sustancialmente que vive en realidad en casa de personas amigas, y que está empadronada en casa de su madre sólo a efectos de recibir correspondencia, ya que sería agravar mucho más la supervivencia de las tres personas que viven con las 47.000 pesetas mensuales.
5. Que examinado nuevamente el expediente y estudiadas las alegaciones (las cuales no han sido acreditadas por la recurrente), no se observan criterios que puedan conducir a desvirtuar los hechos y fundamentos de la Resolución recurrida. Por otra parte, la recurrente tiene parientes con obligación legal de darle alimentos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Que la Dirección General de Servicios Sociales de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Decreto 133/1992, de 30 de julio, por el que se regulan con carácter urgente Ayudas Económicas Básicas, modificado parcialmente por el Decreto 194/1993, de 24 de junio, dictó Resolución denegando dicha ayuda a Dña. Josefa Marrero Santana.
II. Que el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece que las Resoluciones que no pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridas ante el órgano superior jerárquico del que las dictó en el plazo de un mes.
III. Que este Organismo es el superior inmediato del órgano que dictó el acto impugnado de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 9.1 y 20.1 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias.
IV. Que la recurrente presentó, en forma y plazo, recurso ordinario contra la Resolución denegatoria de la Ayuda Económica Básica solicitada conforme a lo previsto en los artículos 114 y siguientes de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
V. Que el artículo 4.1.c) del Decreto 133/1992, de 30 de julio, por el que se regulan con carácter urgente Ayudas Económicas Básicas, modificado parcialmente por el Decreto 194/1993, de 24 de junio, establece como requisito para ser beneficiario de la ayuda no tener la solicitante o los miembros de la unidad familiar recursos económicos en cuantía igual o superior a la Ayuda Económica Básica que le pudiera corresponder. Igualmente establece como requisito no tener el solicitante parientes con obligación legal de darle alimentos.
Por todo ello,
R E S U E L V O:
Primero.- Desestimar el recurso ordinario interpuesto por Dña. Josefa Marrero Santana y confirmar en todos sus extremos la Resolución impugnada de la Dirección General de Servicios Sociales, de fecha 28 de septiembre de 1993, por la que se deniega la Ayuda Económica Básica solicitada al superar los recursos económicos de la solicitante el límite establecido.
Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su notificación, previa la comunicación a la Viceconsejería de Asuntos Sociales exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
Segundo.- Notifíquese la presente Resolución a la Dirección General de Servicios Sociales quien a su vez deberá notificarla a Dña. Josefa Marrero Santana en el plazo establecido en el artº. 58.2 de la referida Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Santa Cruz de Tenerife, a 28 de septiembre de 1995.- El Viceconsejero de Asuntos Sociales.
2) Registro de Resoluciones: nº 463, fecha 13.10.95.
Visto el recurso ordinario interpuesto por D. Ceferino García Santana, contra la Resolución de la Dirección General de Servicios Sociales, de fecha 22 de septiembre de 1993, por virtud de la cual se procede a conceder la Ayuda Económica Básica solicitada, y examinado el correspondiente expediente resultan relevantes los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
1. Que el recurrente presentó solicitud de Ayuda Económica Básica con registro de entrada en la Dirección General de Servicios Sociales de fecha 29 de marzo de 1993.
2. Que la Dirección General de Servicios Sociales dictó Resolución concediendo la Ayuda Económica Básica por importe de 60.000 pesetas, a pagar en seis mensualidades de 10.000 pesetas.
3. Que la anterior Resolución es notificada al interesado y en ella se le informa el derecho que le asiste para interponer recurso ordinario ante la Viceconsejería de Asuntos Sociales en el plazo de un mes.
4. Que D. Ceferino García Santana interpuso dentro del plazo conferido recurso ordinario en el que alega sustancialmente:
- Que tiene tres hijos y es muy difícil alimentarlos con los ingresos que obtiene.
- Que diez mil pesetas y nada es lo mismo.
- Que ni chatarra hay actualmente para obtener los ingresos que se alegaron.
5. Que examinado nuevamente el expediente y estudiadas las alegaciones efectuadas por el solicitante en su recurso, no se observan criterios que desvirtúen los hechos y fundamentos de derecho de la Resolución recurrida, teniendo en cuenta que el cálculo de ingresos del solicitante se realizó según lo declarado por éste en su solicitud, y con arreglo a lo indicado en el artículo 5 del Decreto regulador de las Ayudas Económicas Básicas.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Que la Dirección General de Servicios Sociales de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Decreto 133/1992, de 30 de julio, por el que se regulan con carácter urgente Ayudas Económicas Básicas, modificado parcialmente por el Decreto 194/1993, de 24 de junio, dictó Resolución concediendo dicha ayuda a D. Ceferino García Santana. II. Que el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece que las Resoluciones que no pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridas ante el órgano superior jerárquico del que las dictó en el plazo de un mes.
III. Que este Organismo es el superior inmediato del órgano que dictó el acto impugnado de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 9.1 y 20.1 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias.
IV. Que el recurrente presentó, en forma y plazo, recurso ordinario contra la Resolución denegatoria de la Ayuda Económica Básica solicitada conforme a lo previsto en los artículos 114 y siguientes de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
V. Que el artículo 4 del Decreto 133/1992, de 30 de julio, por el que se regulan con carácter urgente Ayudas Económicas Básicas, modificado parcialmente por el Decreto 194/1993, de 24 de junio, establece como requisito para ser beneficiario de la ayuda, que la cuantía que se obtenga de los ingresos de la unidad familiar no supere la cuantía de la Ayuda Económica Básica que le pudiera corresponder.
VI. Que la determinación de los recursos propios de la unidad familiar se realizará en cómputo anual. Los ingresos no regulares podrán calcularse promediando los efectivamente percibidos en los doce meses inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud, según lo establecido en el artículo 5.1 del referido Decreto 133/1992, de 30 de julio, modificado parcialmente por el Decreto 194/1993, de 24 de junio.
VII. Que del importe de la Ayuda Económica Básica que pudiera corresponderle al beneficiario se deducirán los ingresos y demás rentas con que cuente el mismo o la unidad familiar.
Por todo ello,
R E S U E L V O:
Primero.- Desestimar el recurso ordinario interpuesto por D. Ceferino García Santana y confirmar en todos sus extremos la Resolución impugnada de la Dirección General de Servicios Sociales, de fecha 22 de septiembre de 1993, por la que se concede la Ayuda Económica Básica por importe de 60.000 pesetas a pagar en seis mensualidades de 10.000 pesetas.
Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su notificación, previa la comunicación a la Viceconsejería de Asuntos Sociales exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
Segundo.- Notifíquese la presente Resolución a la Dirección General de Servicios Sociales quien a su vez deberá notificarla a D. Ceferino García Santana en el plazo establecido en el artº. 58.2 de la referida Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Santa Cruz de Tenerife, a 28 de septiembre de 1995.- El Viceconsejero de Asuntos Sociales.
Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de noviembre de 1995.- El Director General de Servicios Sociales, Marcial Morales Martín.
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