Se hace saber a la Sociedad Recreativa y Cultural Nueva Echedey, cuyo último domicilio conocido es la calle Imeldo Serís, 85, en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, que esta Dirección General del Tesoro y Política Financiera, con fecha 26 de junio de 1995, ha dictado Resolución desestimatoria del recurso interpuesto por D. Argelio Celso Bermúdez Hernández, en calidad de Presidente de la Sociedad Recreativa y Cultural Nueva Echedey, contra la Resolución de reintegro recaída en el expediente nº 21/93, que declara la obligación de reintegrar la cantidad de 384.150 pesetas, más los intereses de demora devengados desde la fecha del abono de la subvención hasta la fecha de reintegro de la misma, correspondientes a la subvención concedida a la Sociedad Recreativa y Cultural Nueva Echedey, mediante Resolución del Viceconsejero de Cultura y Deportes, de fecha 31 de diciembre de 1990.
Contra la Resolución que por la presente se notifica, se podrá interponer reclamación económico-administrativa ante el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de Canarias, hasta tanto se constituyan las Juntas a que se refieren los apartados b) y c) del artº. 24 de la Ley Territorial 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, en el plazo de 15 días.
Dicha deuda podrá dar objeto de aplazamiento-fraccionamiento, con el consiguiente pago de los intereses de demora devengados previa solicitud en la Tesorería Insular correspondiente, según determinan los artículos 48 y siguientes del Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, con las variaciones introducidas por el artº. sexto del Real Decreto 448/1995, de 24 de marzo (B.O.E. nº 74, de 28.3.95), por el que se modifican determinados artículos del capítulo VII Aplazamiento y fraccionamiento de pago del Título I del Libro I del Reglamento General de Recaudación.
Lo que se notifica mediante su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, así como en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a los efectos prevenidos en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de octubre de 1995.- El Director General del Tesoro y Política Financiera, Alberto Amorós Mustafá.
© Gobierno de Canarias