BOC - 1995/141. Viernes 3 de Noviembre de 1995 - 2901

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - C.Presidencia y Relaciones Institucionales

2901 - ANUNCIO de 11 de octubre de 1995, de la Viceconsejería de Administración Pública, por el que se notifica la Providencia de 31 de marzo de 1995, que inicia expediente de extinción de la autorización de la apertura y funcionamiento del Salón de Juegos Recreativos del que es titular D. Manuel Ramos García.

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De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y tras haber sido intentada la notificación, sin haberse podido practicar, se hace saber a D. Manuel Ramos García, que, con fecha 31 de marzo de 1995, ha sido dictada por la Viceconsejera para las Administraciones Públicas Providencia del tenor literal siguiente:

“Habiéndose producido detracción en la cuantía de los avales de D. Manuel Ramos García, como titular del Salón de Juegos Recreativos, sito en la Avenida Sargentos Provisionales, Apartamentos Maritim, en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, tiene suscritos con la Compañía Española de Seguros y Reaseguros de Crédito y Caución, para responder de sus obligaciones en materia de juego, según comunicación de la Tesorería Insular de Gran Canaria, de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, de fecha 25 de junio de 1992, en virtud de la cual los avales números 1.687.866 y 1.687.862, por importe de uno y dos millones respectivamente, ha sufrido detracción de tres millones de pesetas, no teniendo por tanto fianza alguna depositada en materia de juego, y sin que por parte de dicha empresa se haya dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35.2 del Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canar

De conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le da audiencia en dicho expediente, concediéndosele al efecto un plazo de diez días para que alegue lo que estime procedente a la defensa de sus intereses.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de octubre de 1995.- El Viceconsejero de Administración Pública, Ángel Marrero Alayón.



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