BOC - 1995/134. Miércoles 18 de Octubre de 1995 - 2702

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2702 - RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 1995, de la Dirección General de Vivienda, sobre notificación de imposición de multa coercitiva recaída en el expediente L-42/94, dirigida a Dña. Marcelina Ena Cabrera López, en ignorado domicilio.

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Habiendo sido intentada, mediante carta certificada con acuse de recibo, la notificación de imposición de multa coercitiva a Dña. Marcelina Ena Cabrera López, recaída en el expediente L-42/94, de conformidad con lo previsto en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Marcelina Ena Cabrera López la imposición de multa coercitiva recaída en el expediente de referencia, cuya parte dispositiva dice textualmente:

“Existiendo constancia de que no han sido ejecutadas las obras ordenadas a Dña. Marcelina Ena Cabrera López, en la Resolución de 25 de enero de 1995, y en virtud de la facultad que me confiere la Ley 32/1976, de 2 de agosto (B.O.E. de 3 de agosto), en relación con el artículo 96.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En consecuencia vengo a imponerle a la citada propietaria multa coercitiva de cincuenta mil (50.000) pesetas, que deberá hacer efectiva en las oficinas de Hacienda del Gobierno de Canarias.

Nuevamente se le apercibe de que, caso de persistir en incumplimiento de la orden de obras dada, se le seguirán imponiendo sucesivas multas coercitivas hasta que se proceda a la total ejecución de dichas obras.

Estas multas coercitivas como actos de impulsión del procedimiento no tienen carácter resolutorio y, por tanto, no son recurribles en ulterior instancia.”

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de septiembre de 1995.- El Director General de Vivienda, José María Senante Mascareño.



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