BOC - 1995/130. Lunes 9 de Octubre de 1995 - 2572

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - C.Presidencia y Relaciones Institucionales

2572 - ANUNCIO de 4 de septiembre de 1995, de la Viceconsejería de Administración Pública, relativo a notificación de Propuesta de Resolución en el expediente sancionador incoado a D. Andrés Acosta Castañeda, titular de la empresa operadora nº 71, por infracción a la normativa sobre el juego.- Expte. nº 78/95.

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Habiendo sido intentada la notificación de la Propuesta de Resolución en el domicilio que figura en el expediente sancionador nº 78/95, incoado por esta Viceconsejería a D. Andrés Acosta Castañeda, titular de la empresa operadora nº 71, por infracción a la normativa sobre el juego, sin que haya podido practicarse, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

De las actuaciones practicadas y antecedentes que han dado lugar a la instrucción de las diligencias, y teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Que en la actas de infracción levantadas por funcionarios de la Inspección del Juego, de fechas 2 y 16 de junio de 1995, en el establecimiento Bar Restaurante Casa Vieja, sito en La Matanza, Carretera General La Matanza, nº 122, se denuncia que se encuentra instalada y en funcionamiento la máquina recreativa del tipo “B”, TF-B-12.955, que al momento de la inspección carece del preceptivo Boletín de Instalación. Asimismo, la citada máquina recreativa carece de los distintivos correspondientes al pago de la Tasa Fiscal del Juego del primer y segundo trimestres del año 1995.

2º) Que mediante Providencia dictada por la Viceconsejería para las Administraciones Públicas, de fecha 6 de junio de 1995, se ordenó la incoación de expediente sancionador por infracción a la normativa sobre el juego, procediéndose a nombrar Instructor del mismo y a formular el Pliego de Cargos al interesado.

3º) Que dentro del plazo concedido al efecto el inculpado formuló los correspondientes descargos, manifestando en síntesis que la empresa estaba a la espera de que el titular del establecimiento le entregara la escritura de la Sociedad que él preside con el fin de tramitar el Boletín de Instalación, dejando la máquina en el establecimiento pero sin funcionamiento. Asimismo, la pegatina de abono del segundo plazo de la tasa fiscal sobre el juego, de la que aporta fotocopia, iba a ser colocada en el aparato en el momento en que fuera a ser instalado el Boletín de Instalación y con ello el funcionamiento del juego con el fin de evitar el trayecto y consiguiente gasto, por lo que solicita el archivo del presente expediente sancionador.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las competencias funcionales en esta materia vienen determinadas en la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias (B.O.C. nº 158, de 31.12.85), y en el Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias, modificado parcialmente por los Decretos 132/1989, de 1 de junio, y 89/1990, de 23 de mayo.

Segunda.- Que de conformidad con lo establecido en el artº. 5 y Disposición Adicional Séptima del Decreto 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con lo dispuesto en el artº. 8.5.b) del Decreto 229/1993, de 29 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Turismo, el Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales es competente para intervenir en la resolución de este expediente.

Tercera.- En la tramitación de este expediente se ha observado el procedimiento previsto en el artº. 43 del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo.

Cuarta.- No se admiten las alegaciones formuladas por el interesado, toda vez que las mismas no desvirtúan los cargos imputados ni su correspondiente calificación jurídica, ya que en el momento de la inspección la máquina recreativa TF-B-12.955 se encontraba en funcionamiento y carecía del preceptivo Boletín de Instalación para el establecimiento en que se encontraba instalada. Asimismo, carecía, no los llevaba incorporados, de los distintivos correspondientes al pago de la Tasa Fiscal de Juego del primer y segundo trimestres de 1995.

Quinta.- Analizados los hechos imputados a través de las disposiciones en vigor, se aprecia infracción a lo dispuesto en los artículos 12 y 31.1.b) del referido Decreto, por el que el Boletín de Instalación debidamente tramitado y cumplimentado, amparará la legalidad individualizada de la máquina correspondiente, en cuanto a su correcta ubicación en el establecimiento autorizado para la instalación de máquinas de juego, del tipo que corresponda, debiendo figurar en todo momento en el local donde estuviere en explotación las máquinas recreativas, así como infracción a lo dispuesto en el artº. 30.1.d) del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que todas las máquinas a que se refiere el citado Reglamento, que se encuentren en explotación, deberán llevar necesariamente incorporado a las mismas y de forma visible desde el exterior, el justificante de pago de la Tasa Fiscal de Juego, incorporación que se efectuará en la parte frontal o lateral de la máquina.

Sexta.- De acuerdo con lo previsto en los artículos 39.6 y 41.3 del citado Reglamento, las infracciones deben calificarse de muy grave (la carencia de la autorización administrativa en que consiste el Boletín de Instalación), y de leve (la carencia en la máquina recreativa del distintivo correspondiente al pago de la Tasa Fiscal de Juego), correspondiéndole una sanción de un millón de pesetas por la infracción muy grave y una multa de veinte mil pesetas por la infracción leve, que hacen un total de una sanción de un millón veinte mil pesetas, a tenor de lo preceptuado en el artº. 42 del mismo texto reglamentario, en relación con el artº. 22 de la referida Ley.

En su virtud, se le notifica cuanto antecede a fin de que en el plazo de ocho días hábiles pueda alegar cuanto considere en su defensa, de acuerdo con el artº. 43.1.2.d) del Decreto citado.

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de septiembre de 1995.- El Viceconsejero de Administración Pública, Ángel Marrero Alayón.



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