Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, R E S U E L V O:
1.- Notificar a Centros Comerciales Continente, S.A. la Orden de 14 de julio de 1995 (libro 01, folio 28/1078) que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo recaída en el expediente nº 38-537/94.
2.- Remitir al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.
Santa Cruz de Tenerife, a 17 de agosto de 1995.- El Secretario General Técnico, Miguel Dalmacio Benítez Cruz.
A N E X O
Visto el recurso ordinario interpuesto ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria y Comercio por Centros Comerciales Continente, S.A., frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo de fecha 11 de enero de 1995, recaída en el expediente nº 38-537/94 y que determinó la imposición de una sanción de multa de cincuenta mil (50.000) pesetas, y
RESULTANDO
Primero: que según inspección practicada por inspectores de la Dirección General de Comercio y Consumo el día 21 de julio de 1994, en el Hipermercado Centros Comerciales Continente, S.A., sito en el Centro Comercial Santa Cruz, s/n, Urbanización Añaza, del término municipal de Santa Cruz de Tenerife y mediante acta nº 35.358 instruida al efecto procede a comprobar reclamación con nº de Registro de Inspección 589/94, relativa a limitación en la compra de ciertos productos que se hallan en oferta, impidiendo al cliente adquirir la cantidad deseada.
En acta de inspección se manifestó por D. José Juan Rebollo Gómez, en calidad de Jefe de Departamento Textil que es cierto que determinados artículos tienen la venta limitada a un número concreto de unidades por persona, carro y día.
El inspector actuante comprobó que había expuestas para su comercialización al público latas de aceite de contenido cinco litros junto a las que había un cartel con la siguiente leyenda: Máximo 3 unidades por persona, carro y día. Se considera que existe una negativa de venta, no satisfaciendo las necesidades del consumidor y dentro de las disponibilidades del vendedor.
Segundo: que incoado el oportuno expediente sancionador de conformidad con el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), y artº. 13 del Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189), se formuló Acuerdo de Iniciación en el que se imputaba al recurrente la infracción de lo dispuesto en el artº. 3, apartado 3.2.8 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168) y artº. 34, apartados 6 y 9 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176).
Tercero: que la Dirección General de Comercio y Consumo resuelve sancionar al recurrente, previo el trámite de Propuesta de Resolución a que se refiere el artº. 18 del Real Decreto 1.398/1993, en relación con el Título IX de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con una sanción de multa de cincuenta mil (50.000) pesetas.
Cuarto: que contra la precitada Resolución se interpone recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria y Comercio, que tiene entrada en este Departamento el día 13 de marzo de 1995, alegando en síntesis el recurrente lo siguiente:
1. Que deducía la Dirección General de Comercio y Consumo la existencia de una infracción por el hecho de que la recurrente, en una oferta determinada de producto efectuada en su establecimiento -de las muchas que ofrece habitualmente-, limitaba el número máximo de unidades a adquirir a aquellas personas que no se consideran consumidores finales de tales productos, y ello en defensa de los legítimos intereses de los clientes, a fin de asegurarles la adquisición de los productos en oferta.
2. Que ante el hecho de no dejar adquirir, en cumplimiento de las limitaciones establecidas previamente, las latas de aceite a algún cliente, interpretaba la mencionada Dirección que se había infringido el precepto antes referido, cuando es bien sabido que la limitación de productos en oferta se hace precisamente en bien del consumidor final, puesto que es de sentido común que tres latas de aceite de cinco litros cada una, sea suficiente por un tiempo más que considerable para un consumidor que va a ser el destinatario final de ese aceite, no siéndolo o siendo suficiente, sin embargo, para aquellas personas que adquieren el producto con el ánimo de revender y lucrarse en la reventa.
3. Que el artº. 3.2.8 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, habla de negativa injustificada a satisfacer las demandas del consumidor o usuario, siendo evidente que no existió por parte de la recurrente negativa injustificada a satisfacer demandas, sino que, como se ha dicho, la misma tenía sus motivos y no correspondía a una decisión arbitraria y caprichosa. Tales motivos no eran otros sino salvaguardar el derecho a adquirir un determinado artículo de la gran mayoría de consumidores finales.
Con todo ello demuestra la inexistencia de infracción del artº. 3.2.8 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, puesto que en ningún momento pretendió la recurrente limitar los productos de forma caprichosa ni injustificada, injustificación que en ningún momento de la Resolución refleja la Dirección donde pudiera estar.
4. Que se dejaba constancia en el escrito de alegaciones de la recurrente, y sobre el cual rehusó contestar la Dirección General de Comercio y Consumo en su Resolución, era el hecho de lo que se considera infracción en materia de defensa de los consumidores, en la Ley 26/1984, de 19 de julio, artº. 34.5, es la imposición injustificada de cantidades mínimas en la adquisición de productos, pero no se contempla en tales disposiciones el hecho de que lo que se imponga sea una restricción en cuanto a la cantidad máxima de productos ofertados que pueden ser adquiridos por el consumidor.
Quinto: que la Dirección General de Comercio y Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas.
Y siendo de aplicación los siguientes
CONSIDERANDOS
Primero: que no procede ningún pronunciamiento en contrario sobre los requisitos de admisibilidad del recurso presentado, interpuesto en tiempo y forma, y siendo competente para resolver la Consejería de Industria y Comercio.
Segundo: que la sanción impuesta al recurrente, en la condición que ostenta, tiene como norma habilitante lo dispuesto en el artº. 3, apartado 3.2.8 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168) y artº. 34, apartados 6 y 9 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176).
Tercero: que la determinación de la cuantía de la sanción impuesta, lo fue en el ejercicio por la Dirección General de Comercio y Consumo de las atribuciones que le confiere el artº. 18.2.B.m) del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprobó el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio, en relación con lo dispuesto en el artº. 36.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Cuarto: que las alegaciones formuladas por el recurrente en su escrito de interposición del recurso, no pueden ser tomadas en consideración, pues no comportan justificación legal que permite modificar la calificación jurídica del hecho infractor comprobado y consiguiente apreciación de responsabilidad, y que, por tanto, no puede estimarse la petición de que se revoque la Resolución sancionadora, por cuanto:
1. El artº. 3.2.8 del Real Decreto 1.945/1983 establece la negativa injustificada a satisfacer las demandas del consumidor o usuario o de expendedores o distribuidores producidas de buena fe o conforme al uso establecido, cuando su satisfacción esté dentro de las disponibilidades del vendedor o prestador habitual. Así como cualquier forma de discriminación con respecto a las referidas demandas.
2. Por otro lado, el artº. 34.5 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, prohíbe la imposición injustificada de cantidades mínimas en la adquisición de productos en condiciones normales, pues perjudica al consumidor del producto.
Por todo ello resulta clara la existencia de infracción, como tal sancionada.
Quinto: que en virtud de las competencias atribuidas al titular del Departamento por el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, le compete al mismo resolver en última instancia, dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a una autoridad inferior, los recursos promovidos contra las resoluciones de los organismos y autoridades de la Consejería.
VISTOS
Además de los preceptos legales citados, el artº. 33.c) del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre, y los Decretos Territoriales, 62/1993, de 13 de abril, de Reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y el posterior 228/1993, de 29 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio; así como la legislación del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones de general o particular aplicación.
El Consejero de Industria y Comercio, en ejercicio de sus competencias,
ACUERDA
Desestimar, en todos sus términos, el recurso ordinario interpuesto por Centros Comerciales Continente, S.A., frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo de fecha 11 de enero de 1995, recaída en el expediente nº 38-537/94, por la que se impone al recurrente una sanción de multa de cincuenta mil (50.000) pesetas, por lo que, consecuentemente, debe confirmar y así confirma la mencionada Resolución recurrida.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dentro de un plazo de dos (2) meses desde su notificación/publicación, previa la comunicación a la Consejería de Industria y Comercio exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Industria y Comercio, en funciones, Julio Bonis Álvarez.
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