No teniendo constancia esta Dirección General de Vivienda del domicilio de las entidades mercantiles Construcciones Alcalá, S.A. y Proviansa Dos, S.A., y siendo necesario notificarles la Resolución recaída en el expediente sancionador S-28/92, al ser partes interesadas, y de conformidad con lo dispuesto en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),
R E S U E L V O:
Notificar a las entidades mercantiles Construcciones Alcalá, S.A. y Proviansa Dos, S.A. la Resolución de fecha 6 de marzo de 1995, obrante en el expediente sancionador de referencia, cuya parte dispositiva dice textualmente:
Sancionar a la entidad mercantil Construcciones Alcalá, S.A., con multa de 250.000 pesetas, como autora de una infracción muy grave al régimen legal de Viviendas de Protección Oficial, tipificada en el artº. 153.C).6 del Reglamento aprobado por Decreto 2.114/1968, de 24 de julio (B.O.E. nº 216, de 7.9.68; correcciones de errores en B.O.E. de 20 de septiembre y 30 de noviembre de 1968), por los defectos constructivos en la vivienda sita en la calle Tenerife, 49, 2º F, Santa Lucía, consistentes en fisuras y humedades en salón, cocina, dormitorios, pasillo y baño.
- Requerir a la entidad Construcciones Alcalá, S.A. a fin de que en el plazo de quince días contados a partir de la notificación de la presente Resolución, ejecute las obras de reparación necesarias, bajo apercibimiento, en caso contrario, de irrogarle los perjuicios que en Derecho procedan.
- Requerir a Proviansa Dos, S.A. (Promotora) en virtud del artº. 111.2º del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial, Decreto 2.114/1968, de 24 de julio, para que proceda a ejecutar en el plazo de quince días las obras necesarias de reparación en la vivienda sita en la calle Tenerife, 49, 2º F, Santa Lucía.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, cabe recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias, en el plazo de un mes desde la notificación/publicación de la presente Resolución, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de junio de 1995.- El Director General de Vivienda, José María Senante Mascareño.
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