BOC - 1995/107. Miércoles 16 de Agosto de 1995 - 2045

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2045 - RESOLUCIÓN de 17 de julio de 1995, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica Orden de esta Consejería que resuelve el recurso ordinario interpuesto por D. Benayad Dandi Abderrahman, frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo de 7 de febrero de 1995, recaída en el expediente nº 38-11/95.

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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a D. Benayad Dandi Abderrahman la Orden de 16 de junio de 1995 (libro 01, folio 22/831), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo recaída en el expediente nº 38-11/95.

2.- Remitir al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de julio de 1995.- El Secretario General Técnico, Miguel Dalmacio Benítez Cruz.

A N E X O

Visto el recurso ordinario interpuesto ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria y Comercio por D. Benayad Dandi Abderrahman, frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo de 7 de febrero de 1995, recaída en el expediente nº 38-11/95 y que determinó la imposición de una sanción de multa de cuarenta y cinco mil (45.000) pesetas, y

RESULTANDO

Primero: que según inspección practicada por Inspectores de la Dirección General de Comercio y Consumo el día 12 de julio de 1994, en el establecimiento minorista de rótulo “Boutique Benny”, del que es titular D. Benayad Dandi Abderrahman, sito en Paseo Marítimo, 29, Puerto Naos, en el término municipal de Los Llanos de Aridane, y mediante acta nº 38.241 instruida al efecto, se comprueba que tenía expuestos y dispuestos para su venta al público los siguientes productos: carteras de piel, y que dichos productos carecen de etiquetado.

Que dicho hecho, la carencia de etiquetado, supone la comisión por el interesado de una infracción en materia de consumo.

Segundo: que incoado el oportuno expediente sancionador de conformidad con el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), y artº. 13 del Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.C. nº 189), se formuló Acuerdo de iniciación en el que se imputaba al recurrente la infracción de lo dispuesto en el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con la Orden de 15 de febrero de 1990 (B.O.E. nº 44), por la que se establece la normativa para el etiquetado informativo de los artículos de marroquinería, viaje y guarnicionería.

Tercero: que la Dirección General de Comercio y Consumo resuelve sancionar al recurrente, previo el trámite de Propuesta de Resolución a que se refiere el artº. 18 del Real Decreto 1.398/1993, en relación con el Título IX de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con una sanción de multa de cuarenta y cinco mil (45.000) pesetas.

Cuarto: que contra la precitada Resolución se interpone recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria y Comercio, que tiene entrada en este Departamento el día 24 de marzo de 1995, alegando, en síntesis, el recurrente lo siguiente: 1. Que como el que suscribe es marroquí de nacimiento y toda la mercancía de piel la trae de Marruecos, creía que era suficiente con así decírselo a sus clientes, y que en ningún caso fueron engañados.

2. Que dicho error fue subsanado en el momento, y que no ha habido mala fe en ningún momento para engañar al consumidor.

Quinto: que la Dirección General de Comercio y Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas.

Y siendo de aplicación los siguientes

CONSIDERANDOS

Primero: que no procede ningún pronunciamiento en contrario sobre los requisitos de admisibilidad del recurso presentado, interpuesto en tiempo y forma, y siendo competente para resolver la Consejería de Industria y Comercio.

Segundo: que la sanción impuesta al recurrente, en la condición que ostenta, tiene como norma habilitante lo dispuesto en el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con la Orden de 15 de febrero de 1990 (B.O.E. nº 44), por la que se establece la normativa para el etiquetado informativo de los artículos de marroquinería, viaje y guarnicionería.

Tercero: que la determinación de la cuantía de la sanción impuesta lo fue en el ejercicio por la Dirección General de Comercio y Consumo de las atribuciones que le confiere el artº. 18.2.B.m) del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprobó el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio, en relación con lo dispuesto en el artº. 36.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.

Cuarto: que las alegaciones formuladas por el recurrente, en su escrito de interposición del recurso, no pueden ser tomadas en consideración, pues no comportan justificación legal que permita modificar la calificación jurídica del hecho infractor comprobado y consiguiente apreciación de responsabilidad, y que, por tanto, no puede estimarse la petición de que se revoque la Resolución recurrida, por cuanto: en primer lugar, respecto a la primera alegación señalar que tal y como dispone el artº. 6, apartado 1º, del Código Civil la ignorancia de Ley no excusa de su cumplimiento y habiendo precisado el Tribunal Supremo en Sentencia de fecha 8 de mayo de 1987 (Ar. 3570) que “No cabe presumir desconocimiento en quien tiene su modo de vida precisamente en este sector”.

Y por otra parte, tal y como ha puesto de manifiesto el Tribunal Supremo en Sentencia, entre otras, de 22 de abril de 1985 (Ar. 2220; Reyes) que “Para la responsabilidad es totalmente irrelevante tanto la ausencia de intencionalidad como el error porque en la esfera del Derecho Administrativo Sancionador en esta materia no se requiere una conducta dolosa, sino simplemente irregular en la observación de las normas”.

Quinto: que en virtud de las competencias atribuidas al titular del Departamento por el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, le compete al mismo resolver en última instancia, dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a una autoridad inferior, los recursos promovidos contra las resoluciones de los organismos y autoridades de la Consejería. Sexto: que el presente recurso no ha sido dictaminado por los Servicios Jurídicos por suscitarse en el mismo cuestiones de Derecho que ya han sido resueltas por aquéllos en dictámenes anteriores.

VISTOS

Además de los preceptos legales citados, el artº. 33.c) del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre, y los Decretos Territoriales 62/1993, de 13 de abril, de reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y el posterior 228/1993, de 29 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio, así como la legislación del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones de general o particular aplicación.

El Consejero de Industria y Comercio, en ejercicio de sus competencias,

ACUERDA:

Desestimar, en todos sus términos, el recurso ordinario interpuesto por D. Benayad Dandi Abderrahman, frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo de 7 de febrero de 1995, recaída en el expediente nº 38-11/95, por la que se impone al recurrente una sanción de multa de cuarenta y cinco mil (45.000) pesetas, por lo que, consecuentemente, debe confirmar y así confirma la mencionada Resolución recurrida.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dentro de un plazo de dos (2) meses desde su notificación/publicación, previa la comunicación a la Consejería de Industria y Comercio exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Industria y Comercio en funciones, José Vicente León Fernández.



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