BOC - 1995/081. Miércoles 28 de Junio de 1995 - 1274

II. AUTORIDADES Y PERSONAL - Oposiciones y concursos - C.Trabajo y Función Pública

1274 - RESOLUCIÓN de 1 de junio de 1995, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se da cumplimiento al Auto de 31 de marzo de 1995, dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Las Palmas de Gran Canaria, que establece los términos para la ejecución de las sentencias números 378 y 379 de 1992, recaídas en los recursos contencioso-administrativos 75/1990 y 467/1990, interpuestos contra la Resolución de esta Dirección General de 24 de noviembre de 1989, que hizo públicas las listas de aspirantes que superaron las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Administrativo de esta Comunidad Autónoma, convocadas por Orden de 22 de diciembre de 1988.

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Vistas las sentencias números 378 y 379 de 1992, dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Las Palmas de Gran Canaria, y recaídas en los recursos a que se ha hecho referencia en el encabezamiento.

Visto el acuerdo adoptado por la referida Sala mediante Auto de fecha 31 de marzo de 1995, que literalmente establece: “Estimando en parte los recursos de súplica formulados contra los Autos de 26 de julio de 1994, ejecutar las sentencias 378 y 379 de 1992 en los términos establecidos en tales Autos y en los Fundamentos cuarto y quinto de los presentes”.

Vistos los Fundamentos jurídicos quinto, sexto y séptimo de los Autos de 26 de julio de 1994, a los que hace referencia el acuerdo antes transcrito, en los que expresamente se dispone:

“Quinto: en consecuencia, la definitiva ordenación de los funcionarios ha de ser la siguiente, a partir del nº 28, hasta el 31:

28: Vitaubet Corral, Fidel (15,25). 29: Ricarte Afonso, Miguel (15,20). 30: Almeida Santana, Carmelo (15,20). 31: Matos Suárez, Mª Dolores (15,00), debiendo efectuarse los nombramientos oportunos.

Sexto: el puesto nº 32 será adjudicado, al haberse producido un empate a 14,50 puntos entre Barreda Alemán y González Rodríguez, en favor del de más edad.

Séptimo: procede, igualmente, anular los nombramientos de Bethencourt Iglesias, Trujillo Bencomo y Sánchez Díez, quedando el de González Rodríguez a resultas de la aplicación del criterio anterior.”

Vistos asimismo los Fundamentos cuarto y quinto del Auto de 31 de marzo de 1995, que hoy se ejecuta, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Cuarto: en relación con el criterio para dirimir el desempate producido, la Sala recurrió al criterio de la edad por cuanto con los previstos en la normativa -estatal y autonómica- reguladora de la materia (Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional, aprobado por Real Decreto 28/1990, de 15 de enero- artículo 14.1, y Decreto 41/1989, de 16 de marzo, del Gobierno de Canarias, por el que se regula la Provisión de Puestos de Trabajo y Funcionarios de la Comunidad Autónoma) no se conseguía deshacer el empate producido; esto es, entre ambos contendientes existe una igualdad absoluta por cuanto obtuvieron igual puntuación en la fase de oposición y cuentan con iguales méritos en relación con sus respectivos “historia profesional”, “antigüedad” y “cursos”.

Esto es, ni con el ejercicio de la potestad reglamentaria (en los textos de precedente cita) ni con la actuación administrativa concretada en las bases de la convocatoria puede resolverse el conflicto suscitado, y, sin embargo (artículo 1º.7 del Código Civil) “los Jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido”, aunque, por otra parte (artículo 6º de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial) “no aplicarán los Reglamentos o cualquier otra disposición contrarios a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa”.

Pues bien, ante tal tesitura, y visto el carácter aleatorio del criterio de la edad, no resta otra solución que mantener el doble nombramiento de los Sres. Barreda Alemán y González Rodríguez, como funcionarios del Cuerpo Administrativo, pudiendo resolverse el desajuste funcionarial que ello conlleva en la forma que la Administración considere más conveniente, tal como la amortización de plazas en posteriores convocatorias.

Quinto: y en relación con la segunda cuestión, un criterio igualmente de justicia distributiva, pero con fundamento en los artículos 9.3 (interdicción de la arbitrariedad), 14 (igualdad) y 23.2 y 103 (mérito y capacidad), obliga a Bethencourt Iglesias, Trujillo Bencomo y Sánchez Díez, los cuales habrán de continuar como integrantes del Cuerpo Administrativo de la Comunidad Autónoma de Canarias, mas con la antigüedad correspondiente a los funcionarios del citado Cuerpo cuyo nombramiento fue efectuado por Resolución de 29 de mayo de 1992 de la Dirección General de la Función Pública (B.O.C. nº 74, de 8 de junio de 1992), siendo escalafonados según su respectiva puntuación, a continuación de los nombrados en la Resolución de referencia.

Obviamente, tales funcionarios -al haber sido nombrados Administrativos- no pudieron concurrir a las pruebas selectivas convocadas por Orden de la Consejería de la Presidencia de 16 de julio de 1990, lo cual sí hicieron los recurrentes en el 75/1990, obteniendo plazas en tal convocatoria; al integrarse éstos en la promoción anterior, justa y razonable es la decisión que se adopta.”

Considerando que en orden al correcto cumplimiento del mandato judicial cuya ejecución se pretende ha de conjugarse la fundamentación jurídica contenida en los Autos antes transcritos, teniendo en cuenta además que dicho contenido modifica a su vez la Resolución de este Centro Directivo de 17 de noviembre de 1992, dictada con anterioridad a que recayeran las citadas resoluciones judiciales, y en cuya virtud se revocó el nombramiento como funcionario de carrera del Cuerpo Administrativo de D. Enrique Barreda Alemán.

Considerando que, de conformidad con lo expresado anteriormente, debe procederse al nombramiento de Dña. María Dolores Matos Suárez y D. Enrique Barreda Alemán como funcionarios de carrera del Cuerpo Administrativo de la Administración de la Comunidad Autónoma, con efectos económicos y administrativos desde la fecha en que éste tuvo lugar para el resto de los aspirantes seleccionados, esto es, desde el 16 de febrero de 1990, fecha en la que se hizo pública la Resolución de este Centro Directivo de 14 de febrero de 1990, debiendo hacerse extensivos tales efectos a partir de la indicada fecha a los funcionarios D. Fidel Vitaubet Corral, D. Carmelo Almeida Santana y D. Miguel Ricarte Afonso ya pertenecientes al Cuerpo Administrativo por haber accedido al mismo en virtud de convocatoria posterior, sin que quepa realizar pronunciamiento en relación a la funcionaria Dña. María Adelaida González Rodríguez al no implicar las resoluciones de la Sala variación alguna respecto a su situación administrativa actual. Igualmente, y en estricta ejecución de los repetidos mandatos judiciales, procede modificar la antigüedad en el Cuerpo Administrativo reconocida a las funcionarias Dña. María Jesús Bethencourt Iglesias, Dña. María Jesús Trujillo Bencomo y Dña. Ana María Sánchez Díez, otorgándoles la correspondiente a los funcionarios del citado Cuerpo cuyo nombramiento fue efectuado por Resolución de esta Dirección General de la Función Pública de 29 de mayo de 1992.

Considerando que compete a este Centro Directivo el cumplimiento del referido mandato judicial, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 103 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En el ejercicio de la competencia que legalmente me corresponde,

R E S U E L VO:

Primero.- Cumplir en sus propios términos el Auto de fecha 31 de marzo de 1995, dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Las Palmas de Gran Canaria, y en consecuencia: 1º) Nombrar a Dña. María Dolores Matos Suárez funcionaria de carrera del Cuerpo Administrativo de la Comunidad Autónoma de Canarias, con efectos económicos y administrativos desde el 16 de febrero de 1990, fecha en la que se hizo pública la Resolución de este Centro Directivo de 14 de febrero de 1990, por la que se nombraron funcionarios de carrera del Cuerpo Administrativo a los aspirantes seleccionados en virtud de pruebas selectivas convocadas por Orden de la Consejería de la Presidencia de 22 de diciembre de 1988 y asignarle el nº de registro de personal 78452217 AC511.

2º) Adscribir a la citada funcionaria, con carácter provisional, a la plaza que figura en la relación de puestos de trabajo de Presidencia del Gobierno con el número 060204004, denominada “Jefe Negociado de Registro e Información”, nivel 18 y C.E. 26,00, jornada especial, localización T. 3,43.

3º) En el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias, deberá la interesada tomar posesión de dicho puesto de trabajo.

4º) Dejar sin efecto el apartado uno de la Resolución de la Dirección General de la Función Pública de 17 de noviembre de 1992 (B.O.C. nº 170, de 11.12.92), que revocaba el nombramiento de funcionario público de carrera del Cuerpo Administrativo de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma Canaria de D. Enrique Barrera Alemán, otorgando en consecuencia plenos efectos al nombramiento en su día realizado mediante Resolución de 14 de febrero de 1990, debiendo entenderse que el citado funcionario ha pertenecido al Cuerpo Administrativo desde el día de su inicial toma de posesión, hasta la actualidad, de forma ininterrumpida.

5º) Determinar como fecha a partir de la cual quedan establecidos los efectos económicos y administrativos del nombramiento de D. Fidel Vitaubet Corral, D. Carmelo Almeida Santana y D. Miguel Ricarte Afonso como funcionarios de carrera del Cuerpo Administrativo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, la del 16 de febrero de 1990.

6º) Determinar, a los solos efectos del cómputo de la antigüedad en el Cuerpo Administrativo de las funcionarias Dña. María Jesús Bethencourt Iglesias, Dña. María Jesús Trujillo Bencomo y Dña. Ana María Sánchez Díez, que la antigüedad de tales funcionarios en dicho Cuerpo queda establecida desde el día 11 de noviembre de 1992, fecha en la que se publicó la Resolución de 30 de octubre de 1992 nombrando funcionarios de carrera del Cuerpo Administrativo a los aspirantes seleccionados en virtud de pruebas selectivas convocadas por Orden de la Consejería de la Presidencia de 24 de enero de 1991. Segundo.- Por las Secretarías Generales Técnicas de los Departamentos en que se hallen adscritos los funcionarios antedichos se realizarán los trámites oportunos en orden al cumplimiento de la presente Resolución y, en su caso, al reconocimiento y abono de las cantidades dejadas de percibir por los afectados.

Tercero.- Contra la presente Resolución cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, previa comunicación a este Centro Directivo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de junio de 1995.- El Director General de la Función Pública, Jaime Celso Rodríguez Cíe.



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