Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la notificación de la presente comunicación en el domicilio que figuraba en el expediente abierto a nombre de Cruceros Marítimos Anaga, S.L., relativo a solicitud de subvenciones sin que éstas hayan sido recibidas por el interesado, es por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en uso de las facultades que me confiere la vigente legislación,
R E S U E L V O:
Notificar al titular del expediente Cruceros Marítimos Anaga, S.L. lo siguiente:
Resultando que en la Resolución individual nº 1.392, de 18 de mayo de 1993, debidamente aceptada en su día, se le concedió una subvención acogida a la Orden de 9 de septiembre de 1991 (Programa Regis) y que en la citada Resolución se fijaba el plazo de un año para acreditar el cumplimiento de todas las condiciones de concesión de la subvención.
Resultando que habiendo transcurrido el plazo concedido para acreditar dichos extremos, no se ha recibido documentación justificativa de los mismos, ni solicitud de prórroga por efectuar dicha acreditación.
En uso de las facultades que le confieren al Consejero de Economía y Hacienda, la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, los Decretos 31/1993, de 5 de marzo y 147/1991, de 17 de julio, y demás disposiciones complementarias, por la presente vengo a disponer la siguiente
ORDEN
1º) Declarar a la empresa Cruceros Marítimos Anaga, S.L., decaída en sus derechos, con la consiguiente pérdida de la subvención concedida, y la obligación, en su caso, de reintegrar las cantidades percibidas en concepto de subvención, junto con los intereses que pudieran corresponder, al haber transcurrido el plazo concedido sin que hayan quedado acreditados los extremos anteriormente indicados.
2º) Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde la notificación, previa la comunicación del Consejero de Economía y Hacienda exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de mayo de 1995.- El Director General de Promoción Económica y Asuntos Europeos, José Sánchez Ruano.
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