Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la notificación de la citada Orden Departamental en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente-interesado, es por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a D. Juan Antonio Robles Fernández la Orden de 21 de junio de 1994 (libro nº 2, folio 43, nº 504), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario nº 701/93 (expediente nº TF-2103-O-92), interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Transportes, de 16 de agosto de 1993.
Segundo.- Remitir al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz (Tenerife) la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 8 de mayo de 1995.- El Secretario General Técnico, Antonio Betancort González.
A N E X O
Orden por la que se resuelve recurso ordinario interpuesto por D. Juan Antonio Robles Fernández.
Visto el recurso ordinario formulado por D. Juan Antonio Robles Fernández, contra la Resolución de la Dirección General de Transportes de 16 de agosto de 1993, recaída en el expediente sancionador nº TF-2103-O-92, y teniendo a la vista los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- La Resolución recurrida se basa fácticamente en carecer el vehículo TF-5368-Y de autorización de transporte en servicio de alquiler sin conductor, dando lugar a la sanción de doscientas cincuenta mil (250.000) pesetas y precintado del vehículo 3 meses.
Segundo.- El recurso ordinario interpuesto alega, en resumen, que el vehículo iba conducido por su esposa y que llevaba a sus hijos al Colegio como toda madre diligente y que no hacía ningún servicio de alquiler sin conductor solicitando, en definitiva, se deje sin efecto la sanción impuesta.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El Consejero de Pesca y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso a tenor del artículo 4º.1 del Decreto 207/1993, de 9 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Pesca y Transportes, en relación con el artículo 29.1 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.
Segundo.- La tramitación del expediente sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el capítulo IV del título VI del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley Ordenación de los Transportes Terrestres.
Tercero.- Conforme establece el artº. 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el plazo para la interposición del recurso ordinario será un mes. Habiéndose notificado la Resolución recurrida el día 1 de junio de 1993, según consta en acuse de recibo unido al expediente y presentado el escrito de recurso con fecha 8 de noviembre de 1993 (Registro Entrada nº 2274), resulta el carácter extemporáneo del mismo, deviniendo firme e inimpugnable la Resolución de la Dirección General de Transportes, de 16 de agosto de 1993, que se adoptó en base a lo dispuesto en el artículo 140.a) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y artículo 197.a) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley, y el Decreto 7/1990, de 9 de enero, regulador de la actividad de alquiler de automóviles de viajeros sin conductor.
Cuarto.- La presente Orden no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con el artº. 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico.
Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,
D I S P O N G O:
Declarar la inadmisión del recurso ordinario promovido por D. Juan Antonio Robles Fernández, por interposición fuera de plazo, deviniendo firme e inimpugnable la Resolución de la Dirección General de Transportes, de 16 de agosto de 1993, recaída en el expediente nº TF-2103-O-92, que determinó la imposición de una sanción de doscientas cincuenta mil (250.000) pesetas, y precintado del vehículo tres meses, manteniéndose, en consecuencia, todos sus pronunciamientos.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa la comunicación al órgano que dictó la presente Orden exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
Notifíquese reglamentariamente.- El Consejero de Pesca y Transportes, Felipe Perdomo Torres.
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