BOC - 1995/067. Lunes 29 de Mayo de 1995 - 1383

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - C.Industria y Comercio

1383 - RESOLUCIÓN de 24 de abril de 1995, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica Orden de esta Consejería que resuelve el recurso ordinario interpuesto por Dña. María Rosario Rodríguez León, frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo de 7 de julio de 1994, recaída en el expediente nº 38-108/94.

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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a Dña. María Rosario Rodríguez León la Orden de 5 de abril de 1995 (libro 01, folio 13/435), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo, recaída en el expediente nº 38-108/94.

2.- Remitir al Ayuntamiento de La Laguna la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de abril de 1995.- El Secretario General Técnico, Miguel Dalmacio Benítez Cruz.

A N E X O

Visto el recurso ordinario interpuesto ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria y Comercio por Dña. María Rosario Rodríguez León, frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo, de 7 de julio de 1994, recaída en el expediente nº 38-108/94, y que determinó la imposición de una sanción de multa de cuarenta y cinco mil (45.000) pesetas, y

RESULTANDO

Primero: que según inspección practicada por Inspectores de la Dirección General de Comercio y Consumo el día 9 de noviembre de 1993, en el Supermercado “El Carmen”, propiedad de Dña. María del Rosario Rodríguez León, situado en la Carretera General Santa Cruz-La Laguna, 234, La Cuesta, en el término municipal de La Laguna, y mediante acta nº 32.937, instruida al efecto, comprobaron, en el marco de la Campaña Nacional de Normalización de Frutas y Hortalizas, que había expuestos para su venta al público los productos siguientes: manzanas reinetas, plátanos, melocotones, calabacines, aguacates, coliflores, tomates y melones, sin que en el lugar de venta el responsable del establecimiento hubiese colocado, al lado de cada producto, un cartel bien visible con su denominación, categoría comercial, variada y calibre cuando así lo exijan las correspondientes normas de calidad (datos del etiquetado de normalización). Este hecho supone infracción de la normativa de consumo.

Segundo: que incoado el oportuno expediente sancionador de conformidad con el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), y artículo 13 del Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189), se formuló Acuerdo de iniciación en el que se imputaba al recurrente la infracción de lo dispuesto en los artículos 13 y 34, apartado 6, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, y artº. 31, apartados 3.3.1 y 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el Real Decreto 2.192/1984, de 28 de noviembre (B.O.E. nº 300), que aprueba el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para las frutas y hortalizas frescas destinadas al mercado interior y Orden de 15 de noviembre de 1985 (B.O.E. nº 22), que aprueba la norma de calidad para las manzanas y peras de mesa destinadas al mercado interior, Orden de 23 de noviembre de 1987 (B.O.E. del 24), por la que se aprueba al norma de calidad para plátanos destinados al mercado interior, Orden de 29 de marzo de 1985, por la que se aprueba la norma de calidad para melocotones con destino al mercado interior, Orden de 24 de marzo de 1986 (B.O.E. del 28) (corrección de errores B.O.E. del 11 de abril de 1986), por la que se aprueba la norma de calidad para calabacinos destinados al mercado interior, Orden de la Presidencia del Gobierno de 5 de noviembre de 1981 (B.O.E. del 13) que regula la norma de calidad para los aguacates destinados al mercado interior, Orden de 10 de diciembre de 1985, por la que se aprueba la norma de calidad para coliflores destinadas al mercado interior, Orden de 10 de diciembre de 1985 (B.O.E. del 17) corrección de errores (B.O.E. de 18.1.86) que aprueba la norma de calidad para tomates frescos destinados al mercado interior y Orden de 2 de julio de 1985, por la que se aprueba la norma de calidad para melones destinados al mercado interior.

Tercero: que la Dirección General de Comercio y Consumo resuelve sancionar al recurrente, previo el trámite de Propuesta de Resolución a que se refiere el artículo 18 del Real Decreto 1.398/1993, en relación con el Título IX de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con una sanción de multa de cuarenta y cinco mil (45.000) pesetas.

Cuarto: que contra la precitada Resolución se interpone recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria y Comercio, que tiene entrada en este Departamento el día 9 de septiembre de 1994, alegando, en síntesis, el recurrente lo siguiente: que teniendo en cuenta que dicha infracción no ha sido cometida por negligencia, sino porque las características del negocio de la interesada no le permiten disponer de más personal, para llevar un mejor control en la adquisición de dichos productos, ya que no puede luchar contra los establecimientos de grandes superficies, aparte de todo este tipo de venta ilegal que actualmente nos están haciendo la competencia desleal.

Quinto: que la Dirección General de Comercio y Consumo informa sobre las actuaciones practicadas, dando traslado de las mismas.

Y siendo de aplicación los siguientes

CONSIDERANDOS

Primero: que no procede ningún pronunciamiento en contrario sobre los requisitos de admisibilidad del recurso presentado, interpuesto en tiempo y forma, y siendo competente para resolver la Consejería de Industria y Comercio.

Segundo: que la sanción impuesta al recurrente, en la condición que ostenta, tiene como norma habilitante lo dispuesto en los artículos 13 y 34, apartado 6, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, y artº. 31, apartados 3.3.1 y 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el Real Decreto 2.192/1984, de 28 de noviembre (B.O.E. nº 300), que aprueba el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para las frutas y hortalizas frescas destinadas al mercado interior y Orden de 15 de noviembre de 1985 (B.O.E. nº 22), que aprueba la norma de calidad para las manzanas y peras de mesa destinadas al mercado interior, Orden de 23 de noviembre de 1987 (B.O.E. del 24) por la que se aprueba la norma de calidad para plátanos destinados al mercado interior, Orden de 29 de marzo de 1985, por la que se aprueba la norma de calidad para melocotones con destino al mercado interior, Orden de 24 de marzo de 1986 (B.O.E. del 28) (corrección de errores B.O.E. del 11 de abril de 1986) por la que se aprueba la norma de calidad para calabacinos destinados al mercado interior, Orden de la Presidencia del Gobierno de 5 de noviembre de 1981 (B.O.E. del 13) que regula la norma de calidad para los aguacates destinados al mercado interior, Orden de 10 de diciembre de 1985, por la que se aprueba la norma de calidad para coliflores destinadas al mercado interior, Orden de 10 de diciembre de 1985 (B.O.E. del 17) corrección de errores (B.O.E. de 18.1.86) que aprueba la norma de calidad para tomates frescos destinados al mercado interior y Orden de 2 de julio de 1985, por la que se aprueba la norma de calidad para melones destinados al mercado interior.

Tercero: que la determinación de la cuantía de la sanción impuesta, lo fue en el ejercicio por la Dirección General de Comercio y Consumo de las atribuciones que le confiere el artº. 18.2.B.m) del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprobó el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio, en relación con lo dispuesto en el artículo 36.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.

Cuarto: que las alegaciones formuladas por el recurrente en su escrito de interposición del recurso, no pueden ser tomadas en consideración, pues no comportan justificación legal que permita modificar la calificación jurídica del hecho infractor comprobado y consiguiente apreciación de responsabilidad, y que, por tanto, no puede estimarse la petición de que se revoque la Resolución sancionadora, por cuanto:

1. El artº. 27.1.a) de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios, declara la responsabilidad del vendedor por los productos que tenga expuestos para su venta al público en cuanto al “origen, identidad e idoneidad de los mismos”, por tanto, al haberse comercializado por parte del interesado productos incumpliendo lo dispuesto en el Considerando segundo, se comprueba pues la comisión de una infracción leve por parte del vendedor.

2. Sobre la ausencia de mala fe o culpa señalar que “para la responsabilidad es totalmente irrelevante tanto la ausencia de intencionalidad como el error, porque en la esfera del Derecho Administrativo sancionador en estas materias no se requiere una conducta dolosa sino simplemente irregular en la observación de las normas”, así lo indica la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de abril de 1985, y en esta misma línea se manifiestan las Sentencias de 15 de julio de 1985 y 21 de marzo de 1984.

Quinto: que en virtud de las competencias atribuidas al Titular del departamento por el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, le compete al mismo resolver en última instancia, dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a una autoridad inferior, los recursos promovidos contra las resoluciones de los organismos y autoridades de la Consejería.

Sexto: que el presente recurso no ha sido dictaminado por los Servicios Jurídicos por suscitarse en el mismo cuestiones de Derecho que ya han sido resueltas por aquéllos en dictámenes anteriores.

VISTOS

Además de los preceptos legales citados, el artículo 33.c) del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre, y los Decretos Territoriales 62/1993, de 13 de abril, de Reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, y el posterior 228/1993, de 29 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio, así como la legislación del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones de general o particular aplicación.

El Consejero de Industria y Comercio, en ejercicio de sus competencias,

ACUERDA

Desestimar, en todos sus términos, el recurso ordinario interpuesto por Dña. María Rosario Rodríguez León, frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo, de 7 de julio de 1994, recaída en el expediente nº 38-108/94, por la que se impone al recurrente una sanción de multa de cuarenta y cinco mil (45.000) pesetas, por lo que, consecuentemente, debe confirmar y así confirma la mencionada Resolución recurrida.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dentro de un plazo de dos (2) meses desde su notificación/publicación, previa la comunicación a la Consejería de Industria y Comercio exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Industria y Comercio, José Vicente León Fernández.



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