Habiendo sido intentada, mediante carta certificada con acuse de recibo, la notificación de imposición de multa coercitiva recaída en el expediente L-63/92, dirigida a D. Antonio López Gimeno como Administrador de Dña. Edelmira García Plasencia, en el domicilio que figura en el expediente, de conformidad con lo previsto en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
Notificar a D. Antonio López Gimeno como Administrador de Dña. Edelmira García Plasencia la imposición de multa coercitiva recaída en el expediente de referencia, cuya parte dispositiva dice textualmente:
Existiendo constancia de que no han sido ejecutadas las obras ordenadas a D. Antonio López Gimeno como Administrador de Dña. Edelmira García Plasencia, en la Resolución de 13 de julio de 1993, y en virtud de la facultad que me confiere la Ley 32/1976, de 2 de agosto (B.O.E. de 3 de agosto), en relación con el artículo 96.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En consecuencia vengo a imponerle al citado Administrador multa coercitiva de cien mil (100.000) pesetas que deberá hacer efectiva en las oficinas de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias.
Estas multas coercitivas como actos de impulsión del procedimiento, no tienen carácter resolutorio y, por tanto, no son recurribles en ulterior instancia.
Santa Cruz de Tenerife, a 30 de marzo de 1995.- El Director General de Vivienda, José María Senante Mascareño.
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