Habiendo sido intentada con fecha 30 de diciembre de 1994, R.S. nº 19390, la notificación a la entidad mercantil Sitecsa, de la Orden del Consejero de Presidencia y Turismo, de fecha 29 de diciembre de 1994, por la que se resuelve el recurso ordinario interpuesto por la representación de dicha entidad, contra la Resolución de esta Viceconsejería, de 19 de julio de 1994, en el domicilio de la empresa que figura en el expediente administrativo sancionador nº 149/93, incoado por este Centro Directivo a Sitecsa, como titular de la empresa operadora nº 62, por infracción a la normativa sobre el juego, sin que exista constancia en el mismo de su recepción por el interesado, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación.
Examinado el expediente tramitado por esta Consejería de Presidencia y Turismo, para la resolución del recurso ordinario interpuesto por D. Juan Ferrer Martínez, en representación de la empresa operadora SITECSA, contra la Resolución de la Viceconsejería para las Administraciones Públicas de fecha 19 de julio de 1994, recaída en el expediente administrativo sancionador nº 149/93.
Vista la propuesta formulada por la Viceconsejería para las Administraciones Públicas.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Con fecha 19 de julio de 1994 fue dictada Resolución por la Viceconsejería para las Administraciones Públicas, por la que se sanciona a SITECSA, como titular de la empresa operadora nº 62, con multa de cuatrocientas mil pesetas, por haberse comprobado que en el establecimiento Bar Harveys Bunny Pub, sito en Centro Comercial, s/n, Las Galletas, se encontraba instalada y en funcionamiento, en el momento de la Inspección, la máquina recreativa TF-A-1631 (5438), careciendo de Boletín de Instalación y presentando la Guía de Circulación doblada. Asimismo, el local carece de Libro de Reclamaciones y del ejemplar del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de esta Comunidad Autónoma.
2º) Contra dicha Resolución fue presentado por el interesado recurso ordinario alegando, en síntesis, que la máquina a que se refiere el expediente fue vendida en su día a D. Jean Marie Ritsecreldit, el cual no hizo el cambio de titularidad. Dado que la máquina continuaba a nombre de Sitecsa, se solicitó en esa Consejería su baja administrativa, pero por supuesto sin reconocer la propiedad, ya que no es de Sitecsa. Por otro lado, los apartados 4º y 14º del artº. 40 del Reglamento de Máquinas Recreativas, no tienen reflejo en la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias, vulnerando, por tanto, el artº. 25 de la Constitución; solicitando, en definitiva, la anulación del acto impugnado por no ser ajustado a Derecho, con el consiguiente archivo del expediente.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Que las competencias funcionales en esta materia se encuentran reguladas en la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias, y en el Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de esta Comunidad Autónoma, modificado parcialmente por los Decretos 132/1989, de 1 de junio (B.O.C. nº 97, de 17.7.89), y 89/1990, de 23 de mayo (B.O.C. nº 80, de 29.6.90).
Segunda.- De conformidad con lo establecido en el artº. 7.1 del Decreto 229/1993, de 29 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Turismo, este Departamento es competente para resolver el recurso deducido.
Tercera.- En la tramitación de este expediente se ha observado el procedimiento previsto en los artículos 107 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cuarta.- En el recurso interpuesto se observan todos los requisitos de índole adjetiva y formal que hacen procedente su admisión a trámite, tales como la legitimación del recurrente y la interposición en el plazo legalmente establecido, de conformidad con los artículos 114 y siguientes de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Quinta.- Los hechos y fundamentos jurídicos alegados por la entidad recurrente, y, consecuentemente, las pretensiones deducidas por la misma, han de ser desestimadas, al no desvirtuar, en modo alguno, la conformidad a Derecho del acto recurrido y del expediente tramitado, tal como se pasa a fundamentar a continuación.
Sexta.- No consta en la Viceconsejería para las Administraciones Públicas de esta Consejería que la titularidad de la referida máquina, hasta el momento de la extinción de la autorización de explotación, pertenezca a empresa operadora distinta de Sitecsa, dado que tanto documentalmente como por los actos de disposición ejercidos por la empresa operadora Sitecsa, permite deducir la propiedad sobre la máquina recreativa de referencia; a saber:
1º) Según consta en los archivos de estas dependencias con fecha 22 de mayo de 1987, la empresa operadora Sitecsa obtuvo permiso de explotación para la máquina TF-A-5438, con Boletín de Instalación de la misma fecha en almacén.
2º) Con fecha 5 de julio de 1994, la empresa operadora Sitecsa, solicitó la baja de la autorización de explotación de la máquina modelo Out Run, serie A-0112, TF-A-5438, aportando al efecto, la Guía de Circulación correspondiente a la empresa operadora, así como denuncia de D. Agustín Santiago Villalba González, ante la Comisaría de Policía de Playa de las Américas (Adeje), de extravío de la Guía de Circulación correspondiente a dicha máquina; habiéndose concedido, con la misma fecha, 5 de julio de 1994, la baja en la autorización de explotación solicitada.
Séptima.- La regulación reglamentaria de las infracciones y sanciones en materia de máquinas recreativas y de azar tiene su base legal en la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y las Apuestas en Canarias, con contenido material propio para la tipificación de los ilícitos administrativos y las correspondientes consecuencias sancionadoras. No obstante, con todo, se reconoce un cierto espacio de actuación al reglamento en el ámbito del Derecho administrativo sancionador. La STS de 10 de noviembre de 1986 no puede ser más explícita: Hay que admitir la posibilidad de que por vía que podemos denominar reglamentaria se puede de algún modo complementar algún limitado espacio no totalmente agotado en el precepto legislativo en el que se apoya.
Y lo mismo hizo el Tribunal Constitucional en la STC de 7 de abril de 1987, ya más exactamente:
El alcance de la reserva de Ley establecida en el artº. 25.1, no puede ser tan estricto en relación con la regulación de las infracciones y sanciones administrativas como por referencia a los tipos y sanciones penales en sentido estricto, bien por razones que atañen al modelo constitucional de distribución de las potestades públicas, bien por el carácter en cierto modo insuprimible de la potestad reglamentaria en ciertas materias (STC 2/1987, de 21 de enero), bien, por último, por exigencias de prudencia y oportunidad que pueden variar en los distintos ámbitos de ordenación territoriales (STC 87/1985, de 16 de junio) o materiales.
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,
R E S U E L V O:
Desestimar el recurso ordinario interpuesto por D. Juan Ferrer Martínez, en representación de SITECSA, contra la Resolución de la Viceconsejería para las Administraciones Públicas, de fecha 19 de julio de 1994, por la que se sanciona a Sitecsa, como titular de la empresa operadora nº 62, por infringir la normativa sobre el juego, confirmando dicho acto en todos sus extremos, debiéndose notificar la presente al recurrente, como interesado en el procedimiento, y con domicilio a tales efectos en la Carretera General del Norte, 261, de La Laguna.
Contra esta Orden, que agota la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde la publicación, previa la comunicación a esta Consejería, exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Santa Cruz de Tenerife, a 15 de febrero de 1995.- La Viceconsejera para las Administraciones Públicas, p.d., el Jefe del Servicio de Asuntos Generales y Gestión del Juego (Resolución de 12.1.95; B.O.C. nº 7, de 16.1.95), José Antonio Frías García.
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