Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente-interesado, es por lo que, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
Primero: notificar al establecimiento Bar Bellavista la Orden de 30 de enero de 1995 (libro nº 01, folio 197), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario nº 314/93 (expediente nº 287/92), interpuesto contra la Resolución de 16 de agosto de 1993, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística. Segundo: remitir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 2 de marzo de 1995.- El Secretario General Técnico, José Espejo González.
A N E X O
Orden por la que se resuelve el recurso ordinario interpuesto por D. Luis Corujo Lemes (Bar Bellavista).
Visto el recurso ordinario interpuesto por D. Luis Corujo Lemes, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Bellavista, contra la Resolución de 16 de agosto de 1993, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 287/92, y vistos los siguientes
ANTECEDENTES
Primero.- El acto impugnado se dictó en resolución de expediente sancionador iniciado con motivo de la comisión de infracción administrativa a la normativa turística consistente en estar funcionando, en régimen de explotación turística, como bar, sin haber notificado a la Administración turística canaria los precios que hayan de regir en la prestación de los servicios y sin tener el Libro de Inspección y las Hojas de Reclamaciones, hecho que determinó la imposición de sanción en cuantía de veinticinco mil (25.000) pesetas.
Segundo.- Contra la Resolución sancionadora ha sido interpuesto recurso ordinario solicitando la condonación de la sanción impuesta a cuyos efectos se exponen, en síntesis, los siguientes argumentos:
- El abono de la sanción le colocaría en una difícil situación financiera.
- Ausencia de mala fe.
- Con fecha 1 de julio de 1993 se ha legalizado la situación.
CONSIDERACIONES
Primero.- El Consejero de Presidencia y Turismo es competente para conocer y resolver el presente recurso, de acuerdo con lo que establece el artículo 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.
Segundo.- El recurso en cuestión reúne los requisitos de índole adjetiva o formal determinantes de su admisión a trámite. Tercero.- La instrucción del procedimiento sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en los artículos 17 y siguientes de la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del Régimen de Disciplina en materia turística, con respeto a las garantías y principios constitucionales que afectan a la potestad administrativa sancionadora, reproducidos en la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cuarto.- Las argumentaciones esgrimidas por el recurrente no desvirtúan los hechos y preceptos infringidos obrantes en la Resolución sancionadora de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, de fecha 16 de agosto de 1993, que se adoptó en base a lo dispuesto en el artº. 30.1 de la Orden de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación Turística de Restaurantes, modificada por la Orden de 29 de junio de 1978, aplicable al presente supuesto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Orden de 19 de junio de 1970, por la que se incluyen en la citada Ordenación a Cafés, Bares, etc.; artículo 1º de la Orden de 31 de octubre de 1970, que establece la obligatoriedad del Libro de Inspección para las industrias y empresas, y finalmente el artº. 1 de la Orden de 13 de noviembre de 1986, por la que se regulan las Hojas de Reclamaciones de clientes en establecimientos turísticos, sin que la subsanación posterior y el desconocimiento de la normativa eximan de responsabilidad, si bien estas circunstancias han sido tenidas en cuenta al fijar la cuantía de la sanción.
Procede, por tanto, confirmar la Resolución recurrida al quedar probados los hechos imputados que son constitutivos de infracción a la vigente normativa en materia turística y que se ampara en la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del Régimen de Disciplina en materia turística, que califica los mismos de infracción grave en el artº. 8.d) y f), habiéndose aplicado la modulación prevista en el artículo 7.d) para degradar a leve la calificación en razón de la naturaleza y circunstancias, fijándose la cuantía de la sanción con la proporcionalidad y graduación del artº. 13 de la citada Ley disciplinaria.
Quinto.- La presente Orden no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con lo previsto en el artº. 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico.
Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación, R E S U E L V O:
Desestimar en todos sus términos el recurso ordinario promovido por D. Luis Corujo Lemes, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Bellavista, y confirmar la Resolución de 16 de agosto de 1993, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 287/92, que determinó la imposición de una sanción de veinticinco mil (25.000) pesetas, manteniéndose, en consecuencia, todos sus pronunciamientos.
Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa comunicación a esta Consejería de Presidencia y Turismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Presidencia y Turismo, Miguel Zerolo Aguilar.
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