De conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 31.3 de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, en relación con lo previsto en el artículo 10.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, en el artº. 19.2 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias y en el artículo 9.f) del Decreto 207/1993, de 9 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Pesca y Transportes, esta Dirección General de Transportes Terrestres
HA RESUELTO:
Primero.- Delegar en la Jefe del Servicio de Inspección y Sanciones y en la de Apoyo y Coordinación la incoación de los procedimientos sancionadores con motivo de infracciones a la normativa en materia de transportes terrestres.
Segundo.- En los acuerdos de incoación que suscriban la Jefe del Servicio de Inspección y Sanciones y la de Apoyo y Coordinación, se hará constar que los mismos se adoptan por delegación, considerándose dictados por esta Dirección General de Transportes Terrestres.
Tercero.- La delegación de competencias prevista en esta Resolución se entiende revocable en cualquier momento.
Cuarto.- La presente Resolución será efectiva el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Quinto.- Queda sin efecto la Resolución de 24 de enero de 1995, de esta Dirección General de Transportes Terrestres, por la que se delegaban competencias en la Jefe del Servicio de Inspección y Sanciones y en la de Apoyo y Coordinación (B.O.C. nº 26, de 1.3.95).
Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de marzo de 1995.- El Director General de Transportes Terrestres, Manuel Fajardo Feo.
© Gobierno de Canarias