Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la notificación de la citada Orden Departamental en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente-interesado, es por lo que, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a D. José Manuel Acha Meneses la Orden de 1 de marzo de 1994 (libro nº 2, folio 28, nº 168), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario nº 346/93 (expte. nº TF-2063-O-92), interpuesto contra la Resolución del Servicio de Apoyo y Coordinación de la Dirección General de Transportes, de 24 de febrero de 1993.
Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 15 de noviembre de 1994.- El Secretario General Técnico, Antonio Betancort González.
A N E X O
Orden por la que se resuelve el recurso ordinario interpuesto por D. José Manuel Acha Meneses.
Visto el recurso ordinario formulado por D. José Manuel Acha Meneses, contra la Resolución del Servicio de Apoyo y Coordinación de la Dirección General de Transportes, de 24 de febrero de 1993, recaída en el expediente sancionador nº TF-2063-O-92, y teniendo a la vista los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- La Resolución recurrida se basa fácticamente en realizar el conjunto formado por la cabeza tractora y semirremolque, matrículas TF-7264-AH y TF-01484-R, un transporte de mercancías (áridos) excediéndose un 11% del peso máximo autorizado del referido conjunto, dando lugar a la sanción de ciento treinta mil (130.000) pesetas.
Segundo.- En el recurso ordinario interpuesto, alega, en resumen, que su empresa se encuentra atravesando en el momento actual una profunda crisis económica por lo que el pago de una multa de la cuantía de la impuesta le supondrá vender algún vehículo; que ha impartido órdenes a todos sus conductores para que eviten estos casos de sanciones por exceso de peso, solicitando se ordene la rebaja en la cuantía de la sanción a la mínima legal de 40.001 según la LOTT.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El Consejero de Pesca y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso a tenor del artículo 4º.1 del Decreto 207/1993, de 9 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Pesca y Transportes, en relación con el artº. 29.1 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.
Segundo.- La tramitación del expediente sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el capítulo IV del título VI del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Tercero.- La entrada en vigor de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, implica que de conformidad con los artículos 107 y 114.2 de la misma, el recurso de alzada sea sustituido por el llamado recurso ordinario, que se puede interponer contra Resoluciones que no pongan fin a la vía administrativa, ante el superior jerárquico, en el plazo de un mes.
Cuarto.- Las argumentaciones esgrimidas por el recurrente en nada alteran los hechos y preceptos infringidos obrantes en la Resolución sancionadora del Servicio de Apoyo y Coordinación de la Dirección General de Transportes, de 24 de febrero de 1993, que se adoptó en base a lo dispuesto en el artº. 141.i) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y el artº. 198.j) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley, que consideran infracción de carácter grave el exceso superior al 6% hasta el 15% de los vehículos de más de 20 toneladas de peso máximo autorizado.
Teniendo en cuenta que resulta fehacientemente probado, mediante ticket de verificación de carga de la estación de la I.T.V. de El Rosario que, en la fecha de la denuncia, el conjunto formado por la cabeza tractora TF-7264-AH y semirremolque TF-01484-R circulaban transportando un peso total de 42.325 kg, estando autorizado el citado conjunto para 38.000 kg, lo que equivale a un exceso de 4.325 kg, que supera en un 11% su peso máximo autorizado, sin que lo alegado por el recurrente constituya circunstancia eximente o atenuante de la responsabilidad administrativa derivada de la comisión de la infracción denunciada, en consecuencia, procede confirmar la Resolución sancionadora impugnada por ser ajustados a Derecho los pronunciamientos contenidos en la misma, manteniendo la sanción impuesta.
Quinto.- La presente Orden no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con el artº. 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico.
Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación, D I S P O N G O:
Desestimar, en todos sus términos, el recurso ordinario promovido por D. José Manuel Acha Meneses, y confirmar la Resolución del Servicio de Apoyo y Coordinación de la Dirección General de Transportes, de 24 de febrero de 1993, recaída en el expediente sancionador nº TF-2063-O-92, que determinó la imposición de una sanción de ciento treinta mil (130.000) pesetas, manteniéndose, en consecuencia, todos sus pronunciamientos.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa la comunicación al órgano que dictó la presente Orden exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Pesca y Transportes, Felipe Perdomo Torres.
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