Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería, sin que haya sido recibida por la recurrente-interesada, es por lo que, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar al establecimiento Bungalows Sonneland Club II la Orden de 8 de junio de 1994 (libro nº 03, folio 1.267), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada nº 187/93 (expte. nº 255/91), interpuesto contra la Resolución de 17 de diciembre de 1992, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística.
Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 7 de noviembre de 1994.- El Secretario General Técnico, José Espejo González.
A N E X O
Orden por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por Turexmar, S.A. (Bungalows Sonneland Club II). Visto el recurso de alzada promovido por D. Victoriano Marrero López, en representación de Turexmar, S.A., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bungalows Sonneland Club II, contra la Resolución de 17 de diciembre de 1992, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 225/91, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- El acto impugnado se dictó en resolución de expediente sancionador iniciado con motivo de la comisión de infracción administrativa a la normativa turística, consistente en efectuar modificaciones sustanciales en las características del establecimiento que afecta a su capacidad alojativa, sin la previa autorización de los órganos competentes; continuar la explotación turística del referido establecimiento sin haber comunicado el cambio de titularidad a su favor a la Administración turística canaria, en el plazo de treinta días hábiles contados a partir de la fecha de la transmisión.
Segundo.- Contra la Resolución sancionadora ha sido interpuesto recurso de alzada solicitando su revocación, a cuyos efectos exponen que la empresa no ha explotado nunca el complejo lo único que ha realizado esta entidad en algún momento es la labor de administradora de la Comunidad de Propietarios.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El Consejero de Presidencia y Turismo es competente para conocer y resolver el presente recurso, de acuerdo con lo que establece el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.
Segundo.- La instrucción del procedimiento sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en los artículos 17 y siguientes de la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del Régimen de Disciplina en materia turística, con respecto a las garantías y principios constitucionales que afectan a la potestad administrativa sancionadora, reproducidos en la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tercero.- El artº. 122.4 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958, redactado de acuerdo con la Ley 164/1963, de 2 de diciembre, aplicable a tenor de lo previsto en la Disposición Transitoria Segunda, apartado uno, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece que el plazo para la interposición del recurso de alzada será de quince días, lo que se hizo saber a la expedientada en la Resolución que ahora se impugna, de forma que habiéndose notificado ésta el 28 de diciembre de 1992, a través de correo certificado con acuse de recibo, finalizaba el plazo de impugnación en alzada el 18 de enero de 1993, por lo que el haberse presentado el escrito de recurso con fecha 3 de febrero de 1993 (Registro de entrada nº 2.042), la Resolución de 17 de diciembre de 1992, recaída en el expediente nº 255/91, ha devenido firme e inimpugnable, y en consecuencia no procede dar trámite al presente recurso por extemporáneo.
Cuarto.- La presente Orden no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con lo previsto en el artº. 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico.
Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,
D I S P O N G O:
Declarar la inadmisión del recurso de alzada promovido por D. Victoriano Marrero López, en representación de Turexmar, S.A., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bungalows Sonneland Club II, por interposición fuera de plazo, deviniendo firme e inimpugnable la Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 17 de diciembre de 1992, recaída en el expediente sancionador nº 255/91, que determinó la imposición de una sanción de un millón (1.000.000) de pesetas.
Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa comunicación a esta Consejería de Presidencia y Turismo, de acuerdo con lo establecido en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Presidencia y Turismo, Miguel Zerolo Aguilar.
© Gobierno de Canarias