BOC - 1994/142. Lunes 21 de Noviembre de 1994 - 2497

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - C.Pesca y Transportes

2497 - RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 1994, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica Orden de esta Consejería, que resuelve el recurso de alzada interpuesto por Manuel Hernández Moreno, S.A. Obras y Construcciones.

Descargar en formato pdf

Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la notificación de la citada Orden Departamental en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente-interesado, es por lo que, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Manuel Hernández Moreno, S.A. Obras y Construcciones la Orden de 3 de noviembre de 1993 (libro nº 2, folio 11, nº 253), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada nº 867/92 (expediente nº GC-1345-I-92), interpuesto contra la Resolución del Servicio de Inspección y Sanciones de la Dirección General de Transportes, de fecha 20 de noviembre de 1992.

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de octubre de 1994.- El Secretario General Técnico, Antonio Betancort González. A N E X O

Orden por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por D. Manuel Hernández Moreno, S.A Obras y Construcciones.

Visto el recurso de alzada formulado por D. Manuel Hernández Moreno, S.A. Obras y Construcciones, contra la Resolución del Servicio de Inspección y Sanciones de la Dirección General de Transportes de fecha 20 de noviembre de 1992, recaída en el expediente sancionador nº GC-1345-I-92, y teniendo a la vista los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Resolución recurrida se basa fácticamente en realizar el vehículo, matrícula GC-5662-J, un transporte de mercancías, excediéndose en un 16,9% de su peso máximo autorizado y dando lugar a la sanción de ciento sesenta mil (160.000) pesetas.

Segundo.- El recurso de alzada interpuesto alega, en resumen, que no se especifica en la Resolución impugnada el número del ticket de báscula donde supuestamente se realizó el pesaje: que la inspección se realizó el día 19.6.92 y el Acta de infracción se realiza el día 30.6.92 y en ese margen de días pueden desaparecer o aparecer nuevos ticket; que al existir claros defectos de forma los deja indefensos al no poder hacer las alegaciones pertinentes del hecho denunciado, solicitando se deje sin efectos la denuncia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Consejero de Pesca y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso a tenor del artículo 4º.1 del Decreto 207/1993, de 9 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Pesca y Transportes, en relación con el artº. 29.1 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.

Segundo.- La tramitación del expediente sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el capítulo IV del título VI del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Tercero.- Las argumentaciones esgrimidas por el recurrente en nada alteran los hechos y preceptos infringidos obrantes en la Resolución sancionadora del Servicio de Inspección y Sanciones de la Dirección General de Transportes de fecha 20 de noviembre de 1992, que se adoptó en base a lo dispuesto en el artº. 141.i) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y artº. 198.j) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley, que consideran infracción grave el exceso superior al 10% hasta el 20% de los vehículos de más de 10 a 20 toneladas de peso máximo autorizado.

Teniendo en cuenta que resulta fehacientemente probado, mediante ticket nº 61 de la báscula nº 1 de la Junta de los Puertos del Estado en la provincia de Las Palmas, que en fecha de 19 de junio de 1992, según consta en Acta de infracción nº 1345-I-92 levantada por funcionario Técnico de Inspección de Transportes Terrestres, el vehículo GC-5662-J circulaba transportando mercancías (piedras) con un peso total de 23.380 kg, estando autorizado para 20.000 kg, lo que excede en un 16,9% a su peso máximo autorizado, sin que lo alegado por el recurrente desvirtúe en modo alguno los hechos denunciados, y dado que los actos e informes de los Servicios de Inspección harán fe, salvo prueba en contrario, de los hechos en ellos recogidos según se establece en el artº. 22 del citado Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en consecuencia, no apreciándose error o defecto de forma en la confección del Acta referida y habiéndose notificado debidamente la incoación del expediente al ahora recurrente, que hizo uso del derecho que le asiste de presentar las correspondientes alegaciones en su descargo, procede, en consecuencia, confirmar la Resolución recurrida por ser ajustados a Derecho los pronunciamientos contenidos en la misma, manteniendo la sanción impuesta.

Cuarto.- La presente Orden no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con el artº. 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,

D I S P O N G O:

Desestimar en todos sus términos el recurso de alzada promovido por D. Manuel Hernández Moreno, S.A. Obras y Construcciones, y confirmar la Resolución del Servicio de Inspección y Sanciones de la Dirección General de Transportes de fecha 20 de noviembre de 1992, recaída en el expediente sancionador nº GC-1345-I-92, que determinó la imposición de una sanción de ciento sesenta mil (160.000) pesetas, manteniéndose, en consecuencia, todos sus pronunciamientos.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa la comunicación al órgano que dictó la presente Orden exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Pesca y Transportes, Felipe Perdomo Torres.



© Gobierno de Canarias