Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente-interesado, es por lo que, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar al establecimiento Apartamentos Albatros Club Resort la Orden de 8 de junio de 1994 (Libro nº 03, folio 1254), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada nº 202/93 (expediente nº 603/91), interpuesto contra la Orden de 25 de enero de 1993, de la Consejería de Turismo y Transportes.
Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Teguise (Lanzarote) la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 26 de septiembre de 1994.- El Secretario General Técnico, José Espejo González. A N E X O
Orden por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por Explotaciones Hoteleras Sirocco, S.A. (Apartamentos Albatros Club Resort).
Visto el recurso de reposición promovido por D. Manuel Camarillas Camarillas, en representación de Explotaciones Hoteleras Sirocco, S.A., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Albatros Club Resort contra la Orden de 25 de enero de 1993, de la Consejería de Turismo y Transportes, recaída en el expediente sancionador nº 603/91, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- El acto impugnado se dictó en resolución de expediente sancionador iniciado con motivo de la comisión de infracción administrativa a la normativa turística, consistente en realizar la actividad de alojamiento, en la modalidad turística de apartamentos, en el citado establecimiento, compuesto de 315 unidades alojativas, careciendo de la preceptiva autorización de apertura de la Administración turística canaria, hecho que determinó la imposición de sanción en cuantía de tres millones (3.000.000) de pesetas.
Segundo.- Contra la resolución sancionadora ha sido interpuesto recurso de reposición, solicitando su revocación a cuyos efectos se exponen, en síntesis, los siguientes argumentos:
- La empresa ha sido adquirida por el recurrente con fecha posterior a la reclamación formulada por Dña. Mercedes Herváez Rery, desconociendo la identidad de la reclamante.
- Desviación de poder al sancionar hechos distintos a la reclamación formulada por su cliente.
- Debe tenerse en cuenta como atenuante la circunstancia de no presentarse descargos, entendiendo que ello se debe a falta de notificación.
- Que el vendedor nunca puso en conocimiento del hoy recurrente la ausencia de autorización de apertura. La tramitación de la autorización de apertura se realiza durante la tramitación de expediente sancionador por la que durante esa tramitación no se puede sancionar y menos tipificándola como sanción muy grave cuando la empresa inicia y da los pasos necesarios para conseguir dicha autorización.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El Consejero de Presidencia y Turismo es competente para conocer y resolver el presente recurso, de acuerdo con lo que establece el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.
Segundo.- El recurso en cuestión reúne los requisitos de índole adjetiva o formal determinantes de su admisión a trámite.
Tercero.- La instrucción del procedimiento sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en los artículos 17 y siguientes de la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del Régimen de Disciplina en materia turística, con respeto a las garantías y principios constitucionales que afectan a la potestad administrativa sancionadora, reproducidos en la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cuarto.- Las argumentaciones esgrimidas por el recurrente no desvirtúan los hechos imputados que son constitutivos de infracción administrativa y que fundamentan la Orden de 25 de enero de 1993, dictada ajustadamente en base a lo dispuesto en los artículos 8 y 15, en relación con el artº. 12.1, del Decreto 23/1989, de 15 de febrero, sobre ordenación de apartamentos turísticos, que regulan la autorización previa al ejercicio de esta actividad. Los hechos son calificados como muy graves en el artº. 9.b) de la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del Régimen de Disciplina en materia turística.
El expediente sancionador se incoa a la entidad mercantil como explotadora de los apartamentos, con fecha 27 de agosto de 1991, imputándose en el Pliego de Cargos el ejercicio clandestino, a efectos legales, de la actividad turística de alojamiento. La responsabilidad administrativa y la penalidad de ella derivada no puede recaer, como pretende el recurrente, en el anterior propietario y ello a tenor de lo preceptuado en el artº. 3 de la Ley 3/1986, de 8 de abril. La responsabilidad recae en el titular de la autorización correspondiente y, en cualquier caso, en quienes ejerzan la actividad turística de que se trate, en el presente supuesto la entidad Explotaciones Hoteleras Sirocco, S.A.
La alegación sobre desviación de poder tampoco puede prosperar, toda vez que la referida Ley atribuye a los Servicios de Inspección de Turismo en su artº. 4 la comprobación del cumplimiento de la normativa reguladora de empresas y actividades turísticas y así se lleva a efecto, levantándose las correspondientes actas de inspección que obran en el expediente.
Es irrelevante que la visita se gire como consecuencia de una reclamación formulada por un cliente ya que se constata en la misma unos hechos distintos que dan origen a la incoación del expediente sancionador y ello al amparo del artº. 19 de la repetida Ley disciplinaria que en su apartado a) determina la iniciación de expediente mediante acta levantada por los Servicios de Inspección de Turismo en ejercicio de sus funciones. Expresamente se reseña en el Pliego de Cargos el acta nº 91/0111, origen del expediente.
En relación con la falta de notificación que se alega en el escrito de recurso y visto el expediente, causa cuando menos extrañeza a esta parte la afirmación efectuada, al comprobar que figuran firmados y sellados por Albatros Club Resort ambos acuses de recibo con fecha 11 de septiembre de 1992 y 2 de diciembre de 1992, correspondientes respectivamente al Pliego de Cargos y Propuesta de Resolución.
Finalmente y si bien ya se ha indicado la cobertura legal, en relación con la responsabilidad de la entidad explotadora, hay que añadir que la solicitud de apertura no permite el funcionamiento, siendo claros los preceptos que regulan la materia en cuanto a la previa autorización, debiéndose esperar a que la Administración resuelva sobre la procedencia de su otorgamiento.
El argumento del recurrente sobre la calificación de la infracción (no se puede sancionar y menos tipificándola como muy grave) es contrario a reiterada jurisprudencia que ha declarado en relación con la calificación de la infracción administrativa que ésta no es facultad discrecional de la Administración o autoridad sancionadora, sino propiamente actividad jurídica de aplicación de normas que exige, como presupuesto objetivo, el encuadre o subsunción de la falta incriminada en el tipo predeterminado legalmente, con rechazo expreso de criterios de interpretación extensivos o analógicos. La calificación de infracción muy grave viene determinada en el artº. 9.b) de la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del Régimen de Disciplina en materia turística, en la que se ampara la Orden de la Consejería de Turismo y Transportes.
Quinto.- La presente Orden no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con lo previsto en el artº. 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico.
Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,
D I S P O N G O:
Desestimar en todos sus términos el recurso de reposición promovido por D. Manuel Camarillas Camarillas, en representación de Explotaciones Hoteleras Sirocco, S.A., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Albatros Club Resort, y confirmar la Orden de 25 de enero de 1993, del Consejero de Turismo y Transportes, recaída en el expediente sancionador nº 603/91, que determinó la imposición de una sanción en cuantía de tres millones (3.000.000) de pesetas, manteniéndose, en consecuencia, todos sus pronunciamientos.
Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa comunicación a esta Consejería de Presidencia y Turismo, de acuerdo con lo establecido en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- El Consejero de Presidencia y Turismo, Miguel Zerolo Aguilar.
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