Se hace saber a D. Mimoun Mohamed Ben Abdellah, titular del Salón de Juegos Recreativos San Telmo, que se halla en ignorado paradero, que ha sido resuelto el recurso ordinario en el expediente sancionador que se ha incoado por la Viceconsejería para las Administraciones Públicas, Consejería de Presidencia y Turismo, con el nº 271/93, por infracción a la normativa vigente sobre el juego.
Visto el recurso ordinario interpuesto por D. Mimoun Mohamed Ben Abdellah, titular del Salón de Juegos Recreativos San Telmo, contra la Resolución de la Viceconsejería para las Administraciones Públicas, de 8 de febrero de 1994, y
Resultando que por Resolución de 6 de febrero de 1994, se impuso al titular del Salón Recreativo referenciado la multa de 100.000 pesetas, al haberse comprobado que en el citado establecimiento la escalera de acceso a la planta superior no tiene colocada la preceptiva banda antideslizante sobre el borde de los peldaños, lo cual ya fue advertido en la primera visita de la Inspección del Juego, tras la apertura del salón, el día 13 de octubre de 1993.
Resultando que tales hechos se estimaron constitutivos de infracción al apartado 9 del anexo XI del Decreto 93/1988, de 31 de mayo; tipificándose como falta leve conforme a lo dispuesto en el artº. 41.3 del mismo texto reglamentario; sancionándose como disponen los artículos 42 y siguientes de dicho Decreto.
Resultando que D. Recaredo Ovalle Vallinas, en representación del titular del Salón Recreativo, mostró su disconformidad con la expresada Resolución, formulando contra la misma el recurso ordinario que se resuelve en la presente, manifestando que el responsable de la empresa operadora que tiene las máquinas instaladas en el Salón tuvo conocimiento de la existencia del acta e hizo las diligencias pertinentes para que se colocara la cinta antideslizante, habiendo comunicado ese pormenor a la Viceconsejería, así como las razones por las cuales no se había colocado antes.
Considerando que no son admisibles las alegaciones formuladas por el recurrente, toda vez que las manifestaciones vertidas en las mismas no desvirtúan en modo alguno los cargos imputados.
Considerando que sin perjuicio de cuanto queda expuesto y razonado con anterioridad no puede prescindirse en el enjuiciamiento total de las cuestiones que el expediente plantea, de todas y cada una de las circunstancias tanto objetivas como subjetivas, anteriores y posteriores, concurrentes en el supuesto que se juzga, y habida cuenta de que el principio de proporcionalidad se basa en la necesidad de que el contenido de los actos administrativos sea adecuado a sus fines, procede reducir la cuantía de la multa inicialmente propuesta e impuesta al infractor, quedando fijada ésta en la cantidad de 25.000 pesetas, por resultar más adecuada a la responsabilidad derivada de las infracciones y circunstancias de todo orden concurrentes en el supuesto contemplado en el presente expediente.
Considerando el apartado 9 del anexo XI del Decreto 93/1988, de 31 de mayo, así como los artículos 41.3, 42 y siguientes del mismo texto reglamentario, y 22 y siguientes de la Ley 6/1985, de 30 de diciembre.
Considerando que esta Consejería es competente para la resolución de este expediente, a tenor de lo dispuesto en el artº. 7.1 del Decreto 229/1993, de 29 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Turismo.
Vistas las disposiciones citadas y demás normas de general aplicación,
D I S P O N G O:
Desestimar el recurso ordinario interpuesto por la representación de D. Mimoun Mohamed Ben Abdellah, titular del Salón de Juegos Recreativos San Telmo, sito en Puerto de la Cruz, calle Paseo San Telmo, 26, frente a la Resolución de la Viceconsejería para las Administraciones Públicas de 8 de febrero de 1994, por la que se le impone a dicho titular la multa de 100.000 pesetas por infringir la normativa sobre el juego; si bien queda reducida la cuantía de la multa a 25.000 pesetas, por las razones expuestas en el segundo considerando de la presente Orden.
Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su publicación, previa la comunicación a la Consejería de la Presidencia, exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Santa Cruz de Tenerife, a 1 de septiembre de 1994.- La Viceconsejera para las Administraciones Públicas, Ana María Oramas González-Moro.
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