No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles el Acuerdo de Inicio de los siguientes expedientes sancionadores, por infracción a la normativa en materia de consumo, y conforme al artº. 59, apartado 4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia de consumo.
2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos. 1) ACUERDO DE INICIACIÓN DE EXPEDIENTE SANCIONADOR EN MATERIA DE CONSUMO POR EL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO Vistos el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), y artº. 13 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189), procédase a la incoación de expediente sancionador a: INCULPADO: Dña. María Rosa Yanes Domínguez. Nº EXPTE.: 38-304/94. En base a los siguientes: HECHOS: el día 2 de marzo de 1994, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en la Librería Arlequín, de la que es titular Dña. María Rosa Yanes Domínguez, sita aquélla en la calle La Alhóndiga, 22, del término municipal de Los Realejos, levantando el acta nº 33.385, instruida al efecto de comprobar la reclamación provista, en el registro interno de inspección, con el número 138/94, interpuesta por Dña. Piedad Carballo Álvarez, por la venta en este establecimiento de un videojuego, presuntamente defectuoso. El inspector efectuó requerimiento para que, en el plazo de diez días, el interesado aportase justificante de compra del videojuego, y que ha transcurrido dicho plazo, sin su aportación, en el mismo. Dicho hecho es constitutivo de infracción en materia de consumo. TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: es de aplicación lo dispuesto en el artículo 5º, apartado 5.1, en relación con el artº. 14 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria. CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LA INFRACCIÓN: conforme al artº. 35 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, existen indicios para calificar la infracción como leve. SANCIONES QUE PUEDAN CORRESPONDER: sanción de multa de hasta quinientas mil (500.000) pesetas, de conformidad con lo previsto en el artº. 36, apartado 1, de la Ley 26/1984. En el presente expediente y teniendo en cuenta los criterios para la graduación de la cuantía de las sanciones establecidos en el artº. 35, apartado 1, de la Ley 26/1984, en el artº. 131 de la Ley 30/1992, y en el artº. 10, apartado 10.2, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, la infracción presuntamente cometida podrá ser sancionada con una multa pecuniaria de veinticinco mil (25.000) pesetas. INSTRUCTOR Y SECRETARIO Y RÉGIMEN DE RECUSACIÓN: se nombra Instructor a D. Germán Grassa Vargas y Secretaria a Dña. Aurora Marina Bolaños Martín, quienes podrán ser recusados por los motivos establecidos en el artº. 28, apartado 2, de la Ley 30/1992, y en la forma prevista en el artº. 29 del mismo texto. ÓRGANO COMPETENTE: de acuerdo con lo dispuesto en el artº. 18.2, letra B), apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio, aprobado por Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio (B.O.C. nº 116), esta Dirección General es competente para la incoación y tramitación del presente expediente, así como para su resolución, al ser la infracción calificada inicialmente como leve, sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instrucción. RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE RESPONSABILIDAD: en cualquier momento del procedimiento, el inculpado podrá reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el artículo 8º del Real Decreto 1.398/1993. MEDIDAS PROVISIONALES: ninguna. Comuníquese este Acuerdo de Iniciación al Sr. Instructor del procedimiento, con traslado de las actuaciones, y notifíquese simultáneamente a los interesados, para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de esta notificación, efectúen, respectivamente, las actuaciones preliminares, la aportación de cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, la proposición y práctica de pruebas, concretando los medios de que pretendan valerse, de acuerdo con el artº. 24, apartado 2, del Real Decreto 1.398/1993, advirtiendo a los interesados que les queda puesto de manifiesto el expediente y que, de no efectuar alegaciones al contenido del presente Acuerdo, éste podrá ser considerado como Propuesta de Resolución, a los efectos previstos en el artº. 18 del Real Decreto 1.398/1993. Santa Cruz de Tenerife, a 18 de julio de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
2) ACUERDO DE INICIACIÓN DE EXPEDIENTE SANCIONADOR EN MATERIA DE CONSUMO POR EL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO Vistos el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), y artº. 13 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189), procédase a la incoación de expediente sancionador a: INCULPADO: D. Francisco Pedro Morales Suárez. Nº EXPTE.: 38-306/94. En base a los siguientes: HECHOS: el día 22 de marzo de 1994, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en el puesto eventual 3, 4 y 5 del Mercado Municipal Nuestra Señora de África, del que es titular D. Francisco Pedro Morales, en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife, levantando el acta nº 33.730, y comprobando que hay dispuestas, para su venta al público, papas, cuyos envases carecen de los preceptivos datos de etiquetado normalizado, siendo dicho hecho constitutivo de infracción en materia de consumo. TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: es de aplicación lo dispuesto en el artículo 3º, apartados 3.3.1 y 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el Real Decreto 2.192/1984, de 28 de noviembre (B.O.E. nº 300), que aprueba el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para las frutas y hortalizas frescas comercializadas en el mercado interior, y Orden de 6 de julio de 1983 (B.O.E. nº 166), que aprueba la norma de calidad para patata de consumo destinada al mercado interior. CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LA INFRACCIÓN: conforme al artº. 35 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, existen indicios para calificar la infracción como leve. SANCIONES QUE PUEDAN CORRESPONDER: sanción de multa de hasta quinientas mil (500.000) pesetas, de conformidad con lo previsto en el artº. 36, apartado 1, de la Ley 26/1984. En el presente expediente y teniendo en cuenta los criterios para la graduación de la cuantía de las sanciones establecidos en el artº. 35, apartado 1, de la Ley 26/1984, en el artº. 131 de la Ley 30/1992, y en el artº. 10, apartado 10.2, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, la infracción presuntamente cometida podrá ser sancionada con una multa pecuniaria de veinte mil (20.000) pesetas. INSTRUCTOR Y SECRETARIO Y RÉGIMEN DE RECUSACIÓN: se nombra Instructor a D. Germán Grassa Vargas y Secretaria a Dña. Aurora Marina Bolaños Martín, quienes podrán ser recusados por los motivos establecidos en el artº. 28, apartado 2, de la Ley 30/1992, y en la forma prevista en el artº. 29 del mismo texto. ÓRGANO COMPETENTE: de acuerdo con lo dispuesto en el artº. 18.2, letra B), apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio, aprobado por Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio (B.O.C. nº 116), esta Dirección General es competente para la incoación y tramitación del presente expediente, así como para su resolución, al ser la infracción calificada inicialmente como leve, sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instrucción. RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE RESPONSABILIDAD: en cualquier momento del procedimiento, el inculpado podrá reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el artículo 8º del Real Decreto 1.398/1993. MEDIDAS PROVISIONALES: ninguna. Comuníquese este Acuerdo de Iniciación al Sr. Instructor del procedimiento, con traslado de las actuaciones, y notifíquese simultáneamente a los interesados, para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de esta notificación, efectúen, respectivamente, las actuaciones preliminares, la aportación de cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, la proposición y práctica de pruebas, concretando los medios de que pretendan valerse, de acuerdo con el artº. 24, apartado 2, del Real Decreto 1.398/1993, advirtiendo a los interesados que les queda puesto de manifiesto el expediente y que, de no efectuar alegaciones al contenido del presente Acuerdo, éste podrá ser considerado como Propuesta de Resolución, a los efectos previstos en el artº. 18 del Real Decreto 1.398/1993. Santa Cruz de Tenerife, a 18 de julio de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
3) ACUERDO DE INICIACIÓN DE EXPEDIENTE SANCIONADOR EN MATERIA DE CONSUMO POR EL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO Vistos el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), y artº. 13 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189), procédase a la incoación de expediente sancionador a: INCULPADO: D. Salvador Lorenzo Pérez. Nº EXPTE.: 38-139/94. En base a los siguientes: HECHOS: el día 26 de agosto de 1993, un inspector de esta Dirección General practicó visita de inspección en el Supermercado Los Cardones, del que es titular D. Salvador Lorenzo Pérez, sito aquél en el Centro Comercial Los Cardones, en Playa de Las Américas, del término municipal de Arona, y mediante acta nº 032728, comprobó los siguientes hechos: que tiene dispuesto para su venta al público frutas y verduras, como naranjas, plátanos, melón, manzanas, cebollas, tomates, etc., careciendo en su totalidad de carteles que indiquen su precio de venta al público, así como de los preceptivos datos de normalización. El inspector no puede hacer constar en el acta los datos de identificación de la empresa, dirección del establecimiento, y D.N.I. de la compareciente y empleada de la empresa, Dña. Nuria Delgado Bethencourt, pues ésta manifiesta que los desconoce; en consecuencia, se requiere para que en el plazo de diez días hábiles se aporten los siguientes documentos: documento que acredite el pago del Impuesto de Actividades Económicas, la licencia municipal de apertura, y el nº del D.N.I de la compareciente. Transcurriendo dicho plazo sin su aportación, por lo que el día 29 de octubre de 1993, vuelve a realizarse otra visita de inspección en el referido establecimiento con objeto de ampliar las diligencias al acta anterior y se levanta el acta nº 032835, compareciendo otra empleada de la empresa, Dña. Edelmira Herrera Plasencia, que manifiesta lo siguiente: Que no dispone de ningún tipo de documentación de esta empresa, por lo que se reitera requerimiento para que se aporte, en un nuevo plazo de diez días hábiles, la siguiente documentación: justificación del pago del Impuesto de Actividades Económicas, licencia municipal de apertura de este establecimiento, así como fotocopia del D.N.I. de la compareciente, no siendo aportada, dicha documentación, en plazo ni fuera de él. En la fecha de 7 de diciembre de 1993, un inspector de consumo se persona en el Ayuntamiento de Arona, al efecto de lograr identificar al titular de la empresa en cuestión, y para ello se consultaron los libros de registro de las empresas con licencia municipal de apertura, no constando registrada la empresa del interesado, ubicada en el Centro Comercial Los Cardones. Que el día 21 de abril del año 1994, se vuelve a efectuar una nueva visita de inspección en el mismo establecimiento, para ampliar diligencias del acta nº 032835, levantándose el acta nº 033910, compareciendo esta vez Dña. María Dolores Baeza González, en calidad de encargada; se reitera la solicitud de la documentación en cuanto al Impuesto sobre Actividades Económicas, manifestando la compareciente que en el establecimiento no hay documentación y que el dueño es D. Salvador Lorenzo Pérez, y que tiene más supermercados en Playa de Las Américas. Ante esto el inspector solicita, en la Administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Tenerife Sur, certificación sobre el interesado, en la que ya consta su N.I.F. y que figura en el censo del Impuesto sobre Actividades Económicas. Que por los anteriores hechos se consideran cometidas infracciones y sanciones en materia de consumo, siendo éstas las siguientes: - Carencia de P.V.P. en los términos antes expuestos. - Falta del preceptivo etiquetado normalizado en frutas y hortalizas. - No aportar ni facilitar la documentación e información requerida de forma reiterada, por la inspección. TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: es de aplicación lo dispuesto en el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artículo 7º de la Circular de la CAT nº 11/1967, de 28 de diciembre (B.O.E. nº 10, de 11 de enero de 1968), convalidada por Decreto de la Presidencia del Gobierno nº 1.428/1975, de 26 de junio (B.O.E. nº 155). Así como el artículo 3º, apartados 3.3.1 y 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el Real Decreto 2.192/1984, de 28 de noviembre (B.O.E. nº 300), que aprueba el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para las frutas y hortalizas frescas comercializadas en el mercado interior, y artículo 5º, apartado 5.1, en relación con el artº. 14 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria. CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LA INFRACCIÓN: conforme al artº. 35 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, existen indicios para calificar la infracción como leve. SANCIONES QUE PUEDAN CORRESPONDER: sanción de multa de hasta quinientas mil (500.000) pesetas, de conformidad con lo previsto en el artº. 36, apartado 1, de la Ley 26/1984. En el presente expediente y teniendo en cuenta los criterios para la graduación de la cuantía de las sanciones establecidos en el artº. 35, apartado 1, de la Ley 26/1984, en el artº. 131 de la Ley 30/1992, y en el artº. 10, apartado 10.2, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, la infracción presuntamente cometida podrá ser sancionada con una multa pecuniaria de doscientas cincuenta mil (250.000) pesetas. INSTRUCTOR Y SECRETARIO Y RÉGIMEN DE RECUSACIÓN: se nombra Instructor a D. Germán Grassa Vargas y Secretaria a Dña. Aurora Marina Bolaños Martín, quienes podrán ser recusados por los motivos establecidos en el artº. 28, apartado 2, de la Ley 30/1992, y en la forma prevista en el artº. 29 del mismo texto. ÓRGANO COMPETENTE: de acuerdo con lo dispuesto en el artº. 18.2, letra B), apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio, aprobado por Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio (B.O.C. nº 116), esta Dirección General es competente para la incoación y tramitación del presente expediente, así como para su resolución, al ser la infracción calificada inicialmente como leve, sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instrucción. RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE RESPONSABILIDAD: en cualquier momento del procedimiento, el inculpado podrá reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el artículo 8º del Real Decreto 1.398/1993. MEDIDAS PROVISIONALES: ninguna. Comuníquese este Acuerdo de Iniciación al Sr. Instructor del procedimiento, con traslado de las actuaciones, y notifíquese simultáneamente a los interesados, para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de esta notificación, efectúen, respectivamente, las actuaciones preliminares, la aportación de cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, la proposición y práctica de pruebas, concretando los medios de que pretendan valerse, de acuerdo con el artº. 24, apartado 2, del Real Decreto 1.398/1993, advirtiendo a los interesados que les queda puesto de manifiesto el expediente y que, de no efectuar alegaciones al contenido del presente Acuerdo, éste podrá ser considerado como Propuesta de Resolución, a los efectos previstos en el artº. 18 del Real Decreto 1.398/1993. Santa Cruz de Tenerife, a 16 de mayo de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
4) ACUERDO DE INICIACIÓN DE EXPEDIENTE SANCIONADOR EN MATERIA DE CONSUMO POR EL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO Vistos el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), y artº. 13 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189), procédase a la incoación de expediente sancionador a: INCULPADO: Dña. Begoña Valladar, S.A. Nº EXPTE.: 38-119/94. En base a los siguientes: HECHOS: el día 23 de noviembre de 1993, un inspector de esta Dirección General practicó visita de inspección en el establecimiento Italy Italy, propiedad de la empresa Begoña Valladar, S.A., sito en la calle Castillo, 19, del término municipal de Santa Cruz de Tenerife, y mediante acta nº 33.004, instruida al efecto, comprobó la reclamación presentada por Dña. Remedios Lorenzo Gay con número de Registro de Inspección 859/93, motivada por la venta de una prenda con desperfecto y la negativa de la empresa a devolver el dinero a la reclamante, constatándose los siguientes hechos: 1º) El día 8 de septiembre de 1993, la reclamante adquirió en el establecimiento una prenda y con posterioridad a la venta regresó al establecimiento para que le devolvieran el dinero. 2º) A raíz de este hecho y a requerimiento de la reclamante, el Grupo II de la Policía Local se personó en el establecimiento, donde levantó el atestado que está incorporado al expediente. 3º) El día 23 de noviembre de 1993 un inspector de esta Dirección General giró visita al establecimiento y levantó acta nº 33.004. La compareciente Dña. Trinidad Concepción Rodríguez Hernández, en calidad de empleada, manifiesta: - Que la tienda se caracteriza por comercializar prendas de vestir que en su mayoría presentan defectos de fabricación. - Que el problema ocurrido con la persona reclamante sucedió cuando, una vez abonado el importe de la prenda que había adquirido, procedió a examinarla y descubrió que tenía un defecto de fabricación. En ese momento, exigió a la dependienta que se le reintegrara el importe abonado, a lo que la empleada se negó. Posteriormente la reclamante comenzó a molestar a otros clientes de la tienda, indicándoles que no comprasen puesto que las prendas tenían desperfectos. Por último, se dirigió a la Policía Local, quien hizo presencia en el lugar redactando la correspondiente denuncia. Se comprueba la comisión de dos infracciones en materia de defensa del consumidor: 1ª) La negativa injustificada a reintegrar a la reclamante el precio pagado por la prenda, toda vez que el bien suministrado adolecía de un defecto de fabricación, cuya existencia es reconocida por la propia empresa, sin que exista constancia de que el vendedor hubiese informado a la compradora de que la tienda se caracteriza por la comercialización de prendas con defectos, advertencia que debe realizarse mediante rótulo bien visible. 2ª) Los tickets expedidos carecen del número o código de identificación fiscal. TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: estos hechos suponen transgresión al artº. 34, apartado 6, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y el artículo 3º, apartados 3.2.8, 3.3.1 y 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en conexión con el artículo 4º del Real Decreto 2.402/1985, de 18 de diciembre (B.O.E. de 30 de diciembre), que regula el deber de expedición y entrega de factura por empresarios y profesionales, en la redacción dada por el artículo 4º del Real Decreto 1.624/1992 (B.O.E. de 31 de diciembre). CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LA INFRACCIÓN: conforme al artº. 35 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, existen indicios para calificar la infracción como leve. SANCIONES QUE PUEDAN CORRESPONDER: sanción de multa de hasta quinientas mil (500.000) pesetas, de conformidad con lo previsto en el artº. 36, apartado 1, de la Ley 26/1984. En el presente expediente y teniendo en cuenta los criterios para la graduación de la cuantía de las sanciones establecidos en el artº. 35, apartado 1, de la Ley 26/1984, en el artº. 131 de la Ley 30/1992, y en el artº. 10, apartado 10.2, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, la infracción presuntamente cometida podrá ser sancionada con una multa pecuniaria de cuarenta mil (40.000) pesetas. INSTRUCTOR Y SECRETARIO Y RÉGIMEN DE RECUSACIÓN: se nombra Instructor a D. Francisco Javier Ramos García y Secretaria a Dña. Aurora Marina Bolaños Martín, quienes podrán ser recusados por los motivos establecidos en el artº. 28, apartado 2, de la Ley 30/1992, y en la forma prevista en el artº. 29 del mismo texto. ÓRGANO COMPETENTE: de acuerdo con lo dispuesto en el artº. 18.2, letra B), apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio, aprobado por Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio (B.O.C. nº 116), esta Dirección General es competente para la incoación y tramitación del presente expediente, así como para su resolución, al ser la infracción calificada inicialmente como leve, sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instrucción. RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE RESPONSABILIDAD: en cualquier momento del procedimiento, el inculpado podrá reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el artículo 8º del Real Decreto 1.398/1993. MEDIDAS PROVISIONALES: ninguna. Comuníquese este Acuerdo de Iniciación al Sr. Instructor del procedimiento, con traslado de las actuaciones, y notifíquese simultáneamente a los interesados, para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de esta notificación, efectúen, respectivamente, las actuaciones preliminares, la aportación de cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, la proposición y práctica de pruebas, concretando los medios de que pretendan valerse, de acuerdo con el artº. 24, apartado 2, del Real Decreto 1.398/1993, advirtiendo a los interesados que les queda puesto de manifiesto el expediente y que, de no efectuar alegaciones al contenido del presente Acuerdo, éste podrá ser considerado como Propuesta de Resolución, a los efectos previstos en el artº. 18 del Real Decreto 1.398/1993. Santa Cruz de Tenerife, a 12 de mayo de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
Santa Cruz de Tenerife, a 18 de agosto de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
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