Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería, sin que haya sido recibida por la recurrente-interesada, es por lo que, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
Primero: notificar al establecimiento Agencia de Viajes Canyrama la Orden de 1 de julio de 1994 (libro nº 03, folio 1526), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada nº 151/93 (expediente nº 225/92), interpuesto contra la Resolución de 9 de noviembre de 1992, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística.
Segundo: remitir al Ayuntamiento de Adeje la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 28 de julio de 1994.- El Secretario General Técnico, José Espejo González.
A N E X O
Orden por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por Canyrama, S.A. (Agencias de Viajes Canyrama).
Visto el recurso de alzada promovido por D. Manuel Marqués Santana, en representación de Canyrama, S.A., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Agencia de Viajes Canyrama, contra la Resolución de 9 de noviembre de 1992, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 225/92, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- El acto impugnado se dictó en resolución de expediente sancionador iniciado con motivo de la comisión de infracción administrativa a la normativa turística consistente en dejar vacante el cargo de Director durante más de sesenta días, según se constata en acta de inspección nº 11.721, de fecha 21 de abril de 1992, hecho que determinó la imposición de sanción en cuantía de doscientas cincuenta mil (250.000) pesetas.
Segundo.- Contra la Resolución sancionadora ha sido interpuesto recurso de alzada solicitando su revocación, a cuyos efectos se exponen, en síntesis, que el anterior Director cesó a petición propia, sin el preaviso reglamentario para encontrar sustituto, siendo a veces imposible por las características del puesto, encontrar nuevo Director en el plazo establecido.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El Consejero de Presidencia y Turismo es competente para conocer y resolver el presente recurso, de acuerdo con lo que establece el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.
Segundo.- El recurso en cuestión reúne los requisitos de índole adjetiva o formal determinantes de su admisión a trámite.
Tercero.- La instrucción del procedimiento sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en los artículos 17 y siguientes de la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del régimen de disciplina en materia turística, con respeto a las garantías y principios constitucionales que afectan a la potestad administrativa sancionadora, reproducidos en la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cuarto.- Las argumentaciones esgrimidas por el recurrente no desvirtúan el hecho ni los preceptos infringidos obrantes en la resolución sancionadora que se dictó ajustadamente en base a lo dispuesto en el artículo 10.2 de la Orden de 11 de agosto de 1972, por la que se aprueba el Estatuto de los Directores de Establecimientos de Empresas Turísticas y se dictan normas sobre la inscripción en el Registro correspondiente, que establece el plazo máximo de sesenta días en que pueda permanecer vacante el cargo de Director y obrando en el expediente escrito del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística de fecha 6 de febrero de 1992, por el que se requiere a la expedientada para en el plazo de quince días remita original del contrato de prestación de servicios debidamente inscrito en el Registro de Directores al haber cesado con fecha 30 de septiembre de 1991 el anterior Director y constatando que transcurrido el plazo otorgado al efecto no se cumplió dicho requisito, entendiendo debidamente probado el hecho imputado y constitutivo de infracción administrativa a la normativa turística, calificada de muy grave en el artº. 9.g) de la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del Régimen de Disciplina en materia turística, aplicando en razón de las circunstancias la ponderación prevista en el artº. 8.Ll) del citado texto legal para degradar a grave la infracción, cuantificándose la multa proporcionalmente y dentro de los límites previstos en el artº. 13 para las que reciban dicha calificación, procede confirmar la resolución sancionadora.
Quinto.- La presente Orden no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con lo previsto en el artº. 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico.
Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,
D I S P O N G O:
Desestimar en todos sus términos el recurso de alzada promovido por D. Manuel Marqués Santana, en representación de Canyrama, S.A., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Agencia de Viajes Canyrama, y confirmar la Resolución de 9 de noviembre de 1992, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 225/92, que determinó la imposición de una sanción en cuantía de doscientas cincuenta mil (250.000) pesetas, manteniéndose, en consecuencia, todos sus pronunciamientos.
Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa comunicación a esta Consejería de Presidencia y Turismo, de acuerdo con lo establecido en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- El Consejero de Presidencia y Turismo, Miguel Zerolo Aguilar.
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