Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figura en el expediente sancionador nº 115/90, incoado por la Dirección General de Justicia e Interior a D. José Antonio Díaz Marrero, titular de la empresa operadora CA-083, por infracción a la normativa sobre el juego, sin que haya sido recibida por el interesado, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
Notificar a D. José Antonio Díaz Marrero, titular de la empresa operadora CA-083, la Orden del Consejero de Presidencia y Turismo, de 21 de febrero de 1994, que figura como anexo a esta resolución, por la que se rectifica error material padecido en la Orden del mismo, de 23 de julio de 1993, que resuelve el recurso de reposición interpuesto por D. José Antonio Díaz Marrero, contra la Orden de 8 de noviembre de 1991, recaída en el expediente sancionador nº 115/90, en materia de juegos y apuestas.
Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de julio de 1994.- La Viceconsejera para las Administraciones Públicas, Ana María Oramas González-Moro.
A N E X O
Orden del Consejero de Presidencia y Turismo de 21 de febrero de 1994, por la que se rectifica error material padecido en la Orden del mismo de 23 de julio de 1993, por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por D. José Antonio Díaz Marrero, titular de la empresa operadora CA-083, contra la Orden de 8 de noviembre de 1991, recaída en el expediente sancionador nº 115/90, en materia de juegos y apuestas.
Vista la Orden del Consejero de la Presidencia de 23 de julio de 1993, por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por D. José Antonio Díaz Marrero, titular de la empresa operadora nº CA-083, contra la Orden de 8 de noviembre de 1991, recaída en el expediente sancionador nº 115/90, en materia de juegos y apuestas.
Resultando que en la citada Orden de 23 de julio de 1993, se ha incurrido en error material, consistente en transcribir incorrectamente datos obrantes en el expediente, tales como en el Resultando Primero, que dice que la sanción de multa se impone por la instalación y explotación de dos máquinas recreativas en local no autorizado, cuando debe decir por la instalación y explotación de una máquina recreativa en local no autorizado y en el Fallo dice que desestima el recurso interpuesto por D. Honorio Pérez Brito, cuando debe decir interpuesto por D. José Antonio Díaz Marrero. Considerando que en consecuencia procede de conformidad con el artº. 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la corrección del aludido error y rectificación, quedando redactado el acto en la forma siguiente:
Orden del Consejero de la Presidencia, de 23 de julio de 1993, por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por D. José Antonio Díaz Marrero, titular de la empresa operadora CA-083, contra la Orden de 8 de noviembre de 1991, recaída en el expediente sancionador nº 115/90, en materia de juegos y apuestas.
Visto el recurso de reposición interpuesto por D. José Antonio Díaz Marrero, titular de la empresa operadora nº CA-083, contra la Orden de esta Consejería de 8 de noviembre de 1991, por la que se resuelve el expediente sancionador nº 115/90, por infracción a la vigente normativa sobre el juego.
Resultando que en virtud de la Orden recurrida, se impuso a la empresa operadora D. José Antonio Díaz Marrero una multa de un millón (1.000.000) de pesetas, por la instalación y explotación de una máquina recreativa del tipo B, en local no autorizado.
Resultando que contra la Orden anterior se interpuso por el interesado recurso de reposición, alegando que la sanción que se impone es totalmente desmesurada, no habiendo la empresa tenido culpa en el hecho. La referida máquina únicamente está depositada en dicho local hasta recibir los boletines sellados por parte de la Consejería a los efectos de instalar en el Bar Lentisco, sito en Almatriche Alto. Que ha existido paralización, toda vez que no es procedimiento correcto enviar en reiteradas ocasiones la misma carta, que según la Administración llegó devuelta, ya que en tal caso debió efectuar su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o cualquier otra forma legalmente establecida en el artº. 80.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo y no lo que utilizó, por otra parte, entiende que los plazos corren hasta que el interesado recibe la notificación, suplicando se estimen los razonamientos expuestos, declarando la anulación de la resolución recurrida y consecuentemente se archive el presente expediente.
Considerando que en el recurso deducido se observan todos los requisitos de índole adjetiva y formal que hacen procedente su admisión a trámite, tales como la legitimación del recurrente, la interposición en el tiempo legalmente establecido y la competencia de este Departamento para conocer del mismo.
Considerando que con carácter prioritario, procede examinar la pretensión de la recurrente relativa a la existencia de paralización del expediente por plazo superior a tres meses entre dos actuaciones, la cual no se admite toda vez que los intentos de notificación de la Propuesta de Resolución (13.2.91) dentro de los tres meses desde la actuación del trámite del expediente del Pliego de Cargos (13.11.90), resultaron negativos, al no ser recibida por el interesado constando en las dos primeras cartas que estuvieron en lista, y la tercera que fue devuelta por desconocido, y siendo sin embargo conocido el domicilio del recurrente, y señalado por éste a los efectos de notificación, prueba de ello es que la última de las cartas consta notificada en dicho domicilio por el propio recurrente, siendo de destacar que de conformidad con el artº. 80.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo, la Administración sólo cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos o se ignore su domicilio podrá utilizar la notificación por medio de anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, circunstancia ésta que no se daba en el presente expediente toda vez que era conocido el domicilio del interesado.
Considerando que al no haber sido desvirtuados los hechos en este recurso, habrá de confirmarse la Orden recurrida por sus mismos fundamentos, siendo de aplicación los artículos 19, 39.4, 42 y 43 del Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias, por cuanto la máquina recreativa en cuestión se encontraba según pudo comprobar el inspector actuante enchufada y en funcionamiento, y sin que conste prueba alguna en el expediente de que estaba en depósito, como pretende el recurrente, y además, prueba de que la máquina no se encontraba igualmente instalada es el hecho de que por la encargada en ese momento se procedió a la ocultación de la misma, aprovechando que el inspector actuante ante la negativa de éste a la firma del Acta, se ausentó para pedir colaboración a las Fuerzas de Orden Público.
Considerando que esta Consejería de Presidencia y Turismo del Gobierno de Canarias es competente para resolver en materia de juegos y apuestas en su ámbito territorial, a tenor de lo establecido en el Real Decreto 1.116/1985, de 5 de junio, la Ley Territorial 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias, el Decreto 62/1993, de 13 de abril, de Reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Decreto 229/1993, de 29 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Turismo.
Y vistos los demás preceptos de general y común aplicación,
R E S U E L V O:
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D. José Antonio Díaz Marrero contra la Orden de esta Consejería de 8 de noviembre de 1991, recaída en el expediente sancionador nº 115/90 en materia de juegos y apuestas, confirmando la misma con imposición al recurrente de multa de un millón (1.000.000) de pesetas por la instalación y explotación de una máquina recreativa del tipo B en local no autorizado.
Dicha multa deberá hacerse efectiva en la forma y plazos que determine la Consejería de Hacienda mediante la oportuna liquidación que le será notificada en su domicilio.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa comunicación a la Consejería de Presidencia y Turismo exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de julio de 1993.
Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de febrero de 1994.- El Consejero de Presidencia y Turismo, Miguel Zerolo Aguilar.
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