BOC - 1994/086. Viernes 15 de Julio de 1994 - 1109

III. OTRAS RESOLUCIONES - C.Política Territorial

1109 - RESOLUCIÓN de 15 de abril de 1994, de la Dirección General de Urbanismo, por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, de 7 de abril de 1994, que informa desfavorablemente el recurso formulado por D. Carlos Suárez Fuentes, en representación de Sufuen, S.A. y del resto de los promotores del Plan Parcial Sector 5-Las Torres, desestima la petición de D. Alfonso Caballero de Rodas en nombre y representación de Dña. Margarita Bautista Díaz Saavedra, y aprueba definitivamente y de forma parcial el Plan Parcial Las Torres, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria.

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En ejecución de la legislación aplicable, por la presente,

R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Canarias del Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, de fecha 7 de abril de 1994, por el que se informa desfavorablemente el recurso formulado por D. Carlos Suárez Fuentes, en representación de Sufuen, S.A. y del resto de los promotores del Plan Parcial Sector 5-Las Torres, así como desestimar petición escrito de D. Alfonso Caballero de Rodas en nombre y representación de Dña. Margarita Bautista Díaz Saavedra, y aprobar definitivamente y de forma parcial el Plan Parcial Las Torres, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, cuyo texto se adjunta como anexo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de abril de 1994.- El Director General de Urbanismo, Faustino García Márquez.

A N E X O

La Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 7 de abril de 1994, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

Primero: informar desfavorablemente el recurso formulado por D. Carlos Suárez Fuentes, con fecha 28 de enero de 1994 y registro de entrada nº 03-379, en nombre y representación de la entidad mercantil “Sufuen, S.A.” y del resto de los promotores del Plan Parcial Sector 5-Las Torres, en base a los siguientes motivos:

A) El acto recurrido, como acto de trámite, no es susceptible de ser impugnado salvo los supuestos excepcionales previstos en el artº. 107.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin que el acto de 20 de diciembre pueda resultar encuadrado entre los que imposibilitan continuar el procedimiento o produzcan indefensión al interesado.

B) No existe contradicción entre el escrito de 30 de octubre de 1992 y el hoy recurrido dado que se refieren a momentos procedimentales diferentes. El escrito de 30 de octubre hace referencia a un momento previo al inicio del cómputo de los plazos suspendidos, en tanto no se aportasen por el promotor obligado los documentos requeridos, mientras que el escrito de 20 de diciembre de 1993 se refiere a la suspensión del cómputo de los plazos urbanísticos en tanto se tramita la Declaración de Impacto a partir de la documentación aportada.

C) La simple presentación del Estudio de Impacto Ambiental no supone el alzamiento de la suspensión del cómputo de plazo de aprobación definitiva por silencio del Plan Parcial. Para que tal alzamiento se produzca deben haber transcurrido los plazos establecidos en el artº. 30 de la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico.

D) La exigencia del Estudio de Impacto Ambiental no responde a maniobras dilatorias sino a criterios de interpretación jurídica -discutibles pero ciertos- sobre la normativa aplicable en el momento de la resolución por la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias. Tales criterios se basan en que es la aprobación definitiva la fase que verdaderamente crea derechos y obligaciones, en tanto que las etapas anteriores -normalmente, aprobación inicial y provisional- tienen la naturaleza de actos de trámite no vinculante, por lo que la aprobación definitiva sólo podrá otorgarse cuando el documento se ajuste al ordenamiento jurídico ya que, de no ser así, ello determinaría su invalidez -artº. 18.1 de la Ley 11/1990-, de lo que se deduce que, antes de examinar el Plan desde el punto de vista técnico, debe verificarse su adecuación a derecho o, también, como afirma la Sentencia de 18 de octubre de 1985, del Tribunal Supremo: “y hasta la oportunidad del planeamiento”. Dado que el plazo para la aprobación definitiva de un Plan Parcial, desde la aprobación inicial, será de un año y que la Ley 11/1990 entró en vigor el 24 de julio de 1990, forzoso será reconocer que el Plan Parcial 5-Las Torres, cuya denuncia de mora se produjo el 22 de enero de 1991 y su aprobación inicial por Acuerdo de la Comisión de 18 de abril 1991, debe ajustarse a dicha Ley de Prevención del Impacto Ecológico, a tenor de lo regulado en el apartado 11 del anexo III de la misma.

E) La referencia a la Disposición Transitoria Primera de la Ley 11/1990, lejos de sustentar la teoría del recurrente, abunda en los argumentos a favor de las tesis de esta Administración dado que dicha Disposición excluye expresamente de su aplicabilidad a los proyectos y actividades incluidos en el anexo III.

F) No existe discrepancia entre el Acuerdo de subrogación adoptado por la Comisión en sesión de 18 de abril de 1991 y la exigencia posterior de documentación dado que existe un derecho al trámite sin perjuicio de subsanaciones de los defectos que se aprecien tal y como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de enero de 1990: “Una reiterada jurisprudencia -Sentencias de 21 de junio de 1985 y 28 de abril de 1986- declara que la denegación de la aprobación inicial sólo se justifica jurídicamente cuando se aprecien defectos insalvables, es decir, de tal entidad que no puedan subsanarse o suplirse durante el procedimiento a través de las modificaciones y plazos que la Ley permite introducir en la planificación inicial y ello -como explican las Sentencias de 27 de julio de 1983 y 10 de febrero de 1986- por una elemental razón de lógica y hasta de economía procedimental”.

Segundo: desestimar la petición del escrito suscrito por D. Alfonso Caballero de Rodas Bautista en nombre y representación de Dña. Margarita Bautista Díaz Saavedra, de fecha 25 de marzo de 1994 y registro nº 03-1366, sobre aprobación del Plan Parcial Sector 5-Las Torres por transcurso del año establecido en el Real Decreto-Ley 16/1981, de 16 de octubre, por los siguientes motivos:

A) El transcurso de los plazos legalmente establecidos para que se produzca la aprobación definitiva del Plan Parcial pretendido se suspendió por Acuerdo de la Comisión en tanto se aportase, entre otros, el Estudio de Impacto Ambiental. La simple aportación de dicho Estudio, efectuado el 13 de diciembre de 1993, no supone, como pretende el interesado, que se alce automáticamente la suspensión de los plazos acordados. Para que tal alzamiento se produzca deben haber transcurrido los plazos establecidos en el artº. 30 de la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico, incluyendo el de quince días, tras la denuncia de mora -aquí no efectuada- referida en el apartado 3 del citado artículo. En otras palabras, el cómputo de los plazos para la aprobación definitiva del Plan Parcial no se continuará en tanto no se produzca resolución -expresa o por silencio- del procedimiento de Declaración de Impacto Ambiental. No han transcurrido,en consecuencia, los días que según el Sr. Caballero de Rodas restaban para la aprobación definitiva del Plan Parcial al tener que computarse los mismos desde la fecha de emisión de la Declaración -expresa o por silencio- de Impacto Ambiental.

B) La coincidencia del órgano competente para aprobar definitivamente el Plan Parcial y para otorgar su correspondiente Declaración de Impacto Ambiental, no modifica el régimen legal indicado en el apartado precedente. Tal y como señala el interesado, el silencio fue creado por el legislador en beneficio y protección del particular frente a la Administración para evitar los injustos perjuicios que se derivan de la no resolución o dilación indefinida pero tal institución debe ser respetada en sus justos términos -atendiendo al transcurso de los plazos fijados- accionando los mecanismos legales establecidos -denuncia de mora- y no puede ser utilizada para obtener resoluciones contrarias al ordenamiento ni conseguir fines no deseados por el mismo lo que evidentemente constituiría fraude de Ley.

C) No puede alegar el particular la tardanza en la conclusión del expediente cuando en gran medida tales retrasos son imputables a los promotores que han mantenido una postura contenciosa y dilatoria a lo largo de todo el procedimiento, bastando al respecto recordar que la petición del Estudio de Impacto Ambiental se remonta al Acuerdo de la Comisión de 10 de abril de 1992 y que tal documento no fue incorporado al expediente hasta el pasado 13 de diciembre de 1993, es decir, 20 meses después.

D) La exigencia del Estudio de Impacto Ambiental, sin perjuicio de criterios interpretativos diferentes, se basa en interpretación de las normas vigentes y que, para evitar repeticiones innecesarias, quedan expuestas sintéticamente en el apartado D) del dispositivo anterior. Al respecto, tampoco es de recibo la posible modificación normativa al tratarse de una cuestión hipotéticamente futura no aplicable en el momento de la resolución.

Tercero: aprobar definitivamente, al amparo de lo preceptuado en el artº. 132.3.a) del Reglamento de Planeamiento, y de forma parcial, el Plan Parcial “Las Torres” que desarrolla el Sector 5 de suelo urbanizable programado del Plan General de Ordenación Urbana de Las Palmas de Gran Canaria, excepto en la ordenación de la parcela identificada con el nº 42 (CG-Centro Comercial) que, en virtud del artº. 132.3.b) del citado texto reglamentario, se suspende hasta que los promotores presenten una ordenación específica alternativa que se adecue al vigente Plan General al entenderse que la propuesta es contraria al mismo por los siguientes motivos:

A) La desproporción de la oferta comercial, que podría alcanzar 100.000 m2c frente a los 18.660 m2c exigibles, así como el resto de los parámetros ordenancistas propuestos, hacen que nos encontremos ante un Centro Comercial intermedio (superior al de Barrio o Distrito), con capacidad para servir a una población aproximada de 120.000 a 150.000, lo que supera ampliamente el ámbito del Sector 5 para quedar al servicio del conjunto de la población y constituir, de acuerdo con el artº. 25.1 del Reglamento de Planeamiento, un elemento integrante del Sistema General de Equipamiento Comunitario.

B) La ordenación propuesta en el Plan Parcial para la parcela (CG) excede así del objeto asignado en el artº. 83 del Texto Refundido de la Ley del Suelo a dicho instrumento de planeamiento, al no limitarse a desarrollar el Plan General de Ordenación Urbana de Las Palmas de Gran Canaria sino que introduce un elemento fundamental de la estructura general de la ordenación urbanística del territorio, definido en el citado artº. 25 del Reglamento de Planeamiento, lo que supondría, a tenor de lo preceptuado en el artº. 126.4, que nos encontramos ante una revisión encubierta del Plan General lo que, atendiendo al mentado artº. 83, constituiría una clara vulneración del principio de prevalencia jerárquica del planeamiento general sobre el planeamiento de desarrollo. Tal revisión, por otra parte, correspondería acometerla al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria si por sus regidores se considera oportuno o conveniente.

Cuarto: la ordenación específica que en su caso se proponga por el promotor se elevará nuevamente a la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias para su aprobación definitiva, si procediese.

Quinto: el presente Acuerdo se publicará en el Boletín Oficial de Canarias y será debidamente notificado a los promotores, propietarios, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Cabildo Insular de Gran Canaria, así como a cualquier persona física o jurídica que se haya personado en el correspondiente expediente administrativo.

Contra este Acuerdo cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de un mes, a partir de su notificación, que deberá venir acompañado de dos copias, ante la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, y contra su desestimación expresa cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución del recurso, y si ésta fuera presunta, en el plazo de un año a partir de la interposición del recurso de reposición, en virtud de lo dispuesto en el artº. 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en relación al apartado 1 de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.



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