Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el procedimiento incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, R E S U E L V O:
1.- Notificar a Dña. Dolores Padrón Quevedo la Orden de 13 de mayo de 1994 (libro 01, folio 016/nº 297), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada interpuesto frente a la Resolución de la Dirección Territorial de Industria y Energía de Las Palmas, de fecha 9 de septiembre de 1991 (DA 91/489).
2.- Remitir al Ayuntamiento de Santa Brígida la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.
Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de junio de 1994.- El Secretario General Técnico, Miguel Dalmacio Benítez Cruz.
A N E X O
Orden de 13 de mayo de 1994, por la que se resuelve recurso de alzada interpuesto por Dña. Dolores Padrón Quevedo, frente a la Resolución del Director Territorial de Industria y Energía de Las Palmas, de fecha 9 de septiembre de 1991, sobre facturaciones de Emalsa.
Visto el recurso de alzada formalizado por Dña. Dolores Padrón Quevedo frente a la Resolución de la Dirección Territorial de Industria y Energía de Las Palmas, de fecha 9 de septiembre de 1991, sobre facturaciones del abonado de Emalsa nº 04.02.05.009.08, y teniendo en cuenta los siguientes Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Derecho.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Con fecha 7 de junio de 1991, se interpone por Dña. Dolores Padrón Quevedo, con domicilio en la calle Tomás Quevedo Ramírez, 11, del término municipal de Santa Brígida, reclamación ante la Dirección Territorial de Industria y Energía de Las Palmas por, a su juicio, excesivas facturaciones de Emalsa.
Segundo.- Al objeto de determinar de forma fehaciente el funcionamiento correcto o no del contador del abonado, por parte de los Servicios de la Dirección Territorial de Industria y Energía de Las Palmas, se procedió con fecha 15 de julio de 1991 a levantar la oportuna Acta de Verificación de contador, con el resultado de funcionar con normalidad con un error de -1% dentro de los límites legalmente admisibles.
Tercero.- Por inspección in situ del día 27 de agosto de 1991, se comprueba por personal técnico de esta Consejería que el flotador está hundido en el agua llegando la misma hasta el techo del aljibe, así como que se encontraba cerrada la llave de corte antes del flotador. Todo ello es señal inequívoca de pérdidas en el aljibe.
Cuarto.- A la vista de lo anterior, la Dirección Territorial de Industria y Energía de Las Palmas, por delegación de la Dirección General de Industria y Energía, procedió a resolver en el sentido de no dar lugar a devolución de dinero por la empresa suministradora en relación a los tres últimos recibos facturados.
Quinto.- Contra la citada Resolución se interpone por la parte recurrente recurso de alzada, en el cual viene a formular las siguientes alegaciones:
1. No estar de acuerdo con la comunicación del Técnico acerca de que la visita a la vivienda se realizó en su ausencia, ya que acompañó a las personas de la Consejería a los depósitos de la azotea y aljibe.
2. Que la llave de corte de entrada al aljibe se encontraba cerrada, como consecuencia de que el suministro es muy regular, bastando los depósitos de la azotea, cuya acometida de agua es directa desde la calle.
3. No estar de acuerdo con la referencia a pérdidas de agua de aljibe por filtraciones, dado que se comprobaron por un arquitecto las paredes del aljibe, no teniendo que tomar medida alguna al respecto, ni antes ni después de los hechos de la denuncia.
4. Que es enormemente extraño que existan pérdidas en el aljibe estando la llave de paso cerrada.
5. Que las facturaciones antes y después de los hechos son similares y no se corresponden con el consumo tan elevado.
6. Que no se ha tomado otra medida que sustituir el contador, de lo que puede deducirse o que no funcionaba bien, o bien por entrada de aire como ha ocurrido otras veces.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
-I-
Que condición previa para entrar a conocer los fundamentos del presente recurso es necesario determinar si se han observado los requisitos de admisibilidad, y en especial, el plazo en que debe interponerse el recurso de alzada, que es de quince (15) días, conforme establecía el artº. 122.4 de la Ley de Procedimiento Administrativo, aplicable a este supuesto (hoy parcialmente derogada por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), transcurridos los cuales, sin que se haya presentado el recurso, queda firme y consentida la Resolución impugnada (Sentencia de 11 de marzo de 1967).
-II-
Que presentado el recurso fuera de los mencionados quince (15) días procede declarar la inadmisión del mismo (Sentencias de 14 de marzo de 1959, 20 de febrero y 9 de marzo de 1960), sin que quepa dictar acto alguno que anule el que es objeto del recurso pues el recurrente recibió la notificación de la Resolución recurrida el día 10 de julio de 1991, según consta en el acuse de recibo, que obra en el expediente administrativo, y el recurso tuvo entrada el día 18 de mayo de 1993, siendo por tanto el recurso extemporáneo y, consecuentemente, procede declarar inadmisión del mismo.
-III-
Que el presente recurso no ha sido dictaminado por los Servicios Jurídicos, por suscitarse en el mismo cuestiones de Derecho que ya han sido resueltas por aquéllos en dictámenes anteriores.
VISTOS
Los Reales Decretos números 2.578/1982 y 2.091/1984, de 24 de julio y 26 de septiembre, denominados respectivamente de transferencia de competencias, funciones y servicios de la Administración del Estado a la entonces Junta de Canarias en materia de industria y energía y de Valoración Definitiva y ampliación de medios adscritos a los servicios traspasados y adaptación de los transferidos en fase preautonómica a la Comunidad Autónoma Canaria en materia de industria, energía y minas (B.O.E. números 248 de 16.10.82, y 278 de 20.11.84), así como el Decreto 62/1993, de 13 se abril, de Reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, y el posterior Decreto 228/1993, de 29 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116).
El Consejero de Industria y Comercio, en ejercicio de sus competencias,
ACUERDA
Declarar la inadmisibilidad del recurso de alzada interpuesto por Dña. Dolores Padrón Quevedo, frente a la Resolución de la Dirección Territorial de Industria y Energía de Las Palmas, de fecha 9 de septiembre de 1991, por lo que consecuentemente, debe confirmar y así se confirma la mencionada Resolución recurrida.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dentro de un plazo de dos (2) meses desde su notificación/publicación, previa la comunicación a la Consejería de Industria y Comercio exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Industria y Comercio, José Vicente León Fernández.
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