No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles la Resolución recaída en el expediente incoado contra las mismas, por infracción a la normativa en materia de consumo, y conforme al artº. 80.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958, en relación con la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia de consumo.
Los interesados podrán interponer recurso ordinario contra la Resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
El pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.
1) VISTO EL EXPTE. Nº: 38-144/93. INSTRUIDO A: Supermercados Tinerfeños, S.A. D.N.I. o N.I.F.: A-38025318.
MOTIVACIÓN
Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 7 de enero de 1993, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en el supermercado Sutisa, propiedad de la empresa Supermercados Tinerfeños, S.A., situado en la calle Fragata Danmarck, 4, término municipal de Santa Cruz de Tenerife, y mediante acta nº 31.406, instruida al efecto, comprobó que tenía dispuestas para su venta al público frutas y hortalizas que se despachan a granel, careciendo los envases de los datos obligatorios de etiquetado normalizado, conforme a sus respectivas normas de calidad. Asimismo, se pudo comprobar que en el frigorífico expositor están expuestas para su venta al público bandejas conteniendo frutas y hortalizas envasadas en el propio establecimiento. Dichas bandejas llevan adheridas una etiqueta con los siguientes datos: nombre del producto, código de barras, precio por kilogramo, peso, precio total y Sutisa. No figura la información relativa de nombre de la variedad, categoría comercial, calibre y origen del producto. Igualmente se comprobó que tenía dispuestas para su venta al público bolsas de papas de 5 kilogramos, que carecían del preceptivo etiquetado de normalización, de acuerdo con su respectiva norma de calidad. Finalmente se hace constar que en la visita realizada el día 20 de noviembre de 1992 (acta nº 31.277), el inspector actuante informó al encargado del establecimiento sobre la obligatoriedad de que los envases conteniendo las frutas y verduras llevaran adherido el preceptivo etiquetado de normalización, de acuerdo con sus normas de calidad respectivas. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 13 y 34, apartado 6, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y artículo 3º, apartados 3.3.1 y 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 7º y 12 del Real Decreto 2.192/1984, de 28 de noviembre (B.O.E. nº 300), que aprueba el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para las frutas y hortalizas frescas comercializadas en el mercado interior, Orden de 6 de julio de 1983 (B.O.E. nº 166), modificada por la de 29 de octubre de 1986, por la que se aprueba la norma de calidad para patata de consumo destinada al mercado interior; y Real Decreto 212/1992, de 6 de marzo (B.O.E. nº 72), por el que se aprueba la Norma General de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: artº. 93.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958: existe constancia en actuaciones de que el interesado recibió el Pliego de Cargos y la Propuesta de Resolución, así como de que no contestó a los mismos en el plazo establecido al efecto. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 11, apartado f), y artº. 18, apartado B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10.9.93),
ACUERDO
Imponer a Supermercados Tinerfeños, S.A. la sanción de multa de sesenta mil (60.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 8 de marzo de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo, p.s. (Orden de 25 de febrero de 1994; B.O.C. nº 27, de 4.3.94), Luis García Martín, Director General de Industria y Energía.
2) VISTO EL EXPTE. Nº: 38-212/93. INSTRUIDO A: D. Buenaventura Jiménez González. D.N.I. o N.I.F.: no presenta.
MOTIVACIÓN
Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 26 de enero de 1993, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en el taller de mecánica situado en la calle Cremona, 16, Tejina, en el término municipal de La Laguna, y mediante acta nº 31.502, instruida al efecto, se comprobó la reclamación con el Número de Registro de Inspección 804/92, siendo el motivo de la misma la presunta reparación defectuosa del vehículo propiedad del reclamante que pudo ser el origen del incendio que sufrió el motor, pudiendo constatar el inspector actuante los siguientes hechos que se imputan: - El taller no está inscrito en el registro especial de talleres de reparación de vehículos automóviles y de sus equipos y componentes. - En consecuencia, no está expuesta en la fachada del edificio la placa-distintivo. - No disponen de impresos para la confección de presupuestos ni resguardos de depósito. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículo 34, apartado 6, de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176), y artículo 3º, apartados 3.3.2 y 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en relación con los artículos 4º, 5º, 6º y 14, en concordancia con el artº. 19.j) del Real Decreto 1.457/1986, de 10 de enero (B.O.E. nº 169), por el que se regula la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos, de sus equipos y componentes. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: artº. 93.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958: existe constancia de que el Pliego de Cargos se notificó mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial respectivo y mediante edicto expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del último domicilio conocido del interesado, así como que, en el plazo concedido al efecto, no se dio contestación al mismo. Existe constancia en actuaciones de que el interesado recibió la Propuesta de Resolución, así como que no contestó a la misma. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 11, apartado f), y artº. 18, apartado B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10.9.93),
ACUERDO
Imponer a D. Buenaventura Jiménez González la sanción de multa de setenta y cinco mil (75.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 8 de marzo de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo, p.s. (Orden de 25 de febrero de 1994; B.O.C. nº 27, de 4.3.94), Luis García Martín, Director General de Industria y Energía.
Santa Cruz de Tenerife, a 11 de mayo de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
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