En ejecución de la legislación aplicable, por la presente,
R E S U E L V O:
Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Canarias del Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias de fechas 12 y 13 de marzo de 1992 contra el Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias de 30 de marzo de 1990, interpuesto por D. Javier Baeza Betancor parte en representación de la Cooperativa Alternativa Uno, término municipal de Santa Brígida, cuyo texto se transcribe a continuación.
Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de marzo de 1994.- El Director General de Urbanismo, Faustino García Márquez.
Visto el recurso interpuesto por D. Javier Baeza Betancor parte en representación de la Cooperativa Alternativa Uno contra el Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias de 30 de marzo de 1990, por el que se aprobaron definitivamente las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Santa Brígida, en el que expresa que parte del solar propiedad de la Cooperativa, donde se encuentran construcciones de la Comunidad se han clasificado como rústicas, cuando deberían clasificarse de suelo urbano.
Considerando que, el recurso ha sido informado favorablemente por el Ayuntamiento, contando con sendos informes, técnico y jurídico, que consideran que dicho suelo debe ser clasificado como suelo rústico.
Visto el informe del ponente técnico.
La Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 12 y 13 de marzo de 1992, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:
Estimar parcialmente el recurso presentado por D. Javier Baeza Betancor contra el Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias de 30 de marzo de 1990, y en consecuencia clasificar como suelo urbano la zona excluida en el acuerdo recurrido y propuesta por el recurrente, según se grafía en el anexo II que se acompaña.
Contra este acto que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a partir de su publicación según lo dispuesto en el artº. 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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