BOC - 1994/037. Lunes 28 de Marzo de 1994 - 586

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586 - RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 1994, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica Orden de esta Consejería, resolviendo recursos ordinarios interpuestos por D. Vicente Camacho Lozano, en su condición de Director General de la “Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas”, y de D. José Antonio Santana Navarro contra la Resolución dictada por el Jefe del Servicio de Seguridad Industrial de la Dirección Territorial de Industria y Energía de Las Palmas, de 10 de agosto de 1993, sobre facturaciones de Emalsa.

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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a D. José Antonio Santana Navarro la Orden de 11 de febrero de 1994 (libro 01, folio 07/126), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvieron los recursos ordinarios interpuestos contra la Resolución de la Dirección Territorial de Industria y Energía de Las Palmas, de fecha 10 de agosto de 1993, sobre facturaciones de Emalsa.

2.- Remitir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de marzo de 1994.- El Secretario General Técnico, Miguel Dalmacio Benítez Cruz.

A N E X O

Vistos los recursos ordinarios formalizados por D. Vicente Camacho Lozano, en su condición de Director General de la “Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas”, y por D. José Antonio Santana Navarro contra la Resolución del Jefe del Servicio de Seguridad Industrial de la Dirección Territorial de Industria y Energía de Las Palmas, de fecha 10 de agosto de 1993, sobre facturaciones del abonado nº 16.09.01.092.08 y teniendo en cuenta los siguientes Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Derecho. ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 31 de mayo de 1993 D. José Antonio Santana Navarro, con domicilio en la calle Dña. Perfecta, 83, 2º izquierda, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, interpone reclamación ante la Dirección Territorial de Industria y Energía de Las Palmas por, a su juicio, excesivas facturaciones de Emalsa.

Segundo.- Al objeto de determinar de forma fehaciente el funcionamiento correcto o no del contador del abonado, por parte de los Servicios de la Dirección Territorial de Industria y Energía, se procedió con fecha 29 de junio de 1993 a levantar la oportuna Acta de Verificación de contador, con el resultado de funcionar con normalidad con un error de ± 0%, dentro de los límites legalmente admisibles (al ser el error admisible en domicilio +/- 4% y en laboratorio +/-3%).

Tercero.- A la vista de lo anterior, el Jefe de Servicio de la Dirección Territorial de Industria y Energía de Las Palmas, por delegación de la Dirección General de Industria y Energía (Resolución de 23 de marzo de 1993), dictó Resolución en el sentido siguiente: “se consideran correctas las dos últimas facturaciones emitidas por la empresa suministradora de agua: IV-93 y VI-93. El recibo IV-93 ampara consumos de 7 meses, 4 recibos, por lo que podrá pagarse de dos veces. No se ha acreditado por el abonado su alegación de que el piso se ha encontrado cerrado”. Cuarto.- Contra la citada Resolución se interpone por D. Vicente Camacho Lozano, en su condición de Director General de la “Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas”, y por D. José Antonio Santana Navarro sendos recursos ordinarios alegando, en resumen:

1) Por un lado, Emalsa aduce no estar conforme con lo dispuesto en los puntos 2.1 y 3.1 del anexo de la Orden de 28 de diciembre de 1988 (B.O.E. de 6 de marzo de 1989), preceptos en los que se fundan las Resoluciones impugnadas, que fija en +/- 2% el error máximo tolerado en la verificación primitiva, es decir, en el proceso de control y verificación que ha de seguirse para aprobar modelos, homologar y precintar los contadores que pueden ser comercializados para su posterior colocación en las instalaciones del usuario, ya que entiende que de ninguna manera resulta aplicable a las verificaciones que han de practicarse sobre los contadores que se encuentran en funcionamiento e instalados para medir los consumos practicados por los usuarios.

Asimismo, indica que los supuestos que nos ocupan siguen estando regulados por el Decreto de 22 de febrero de 1907, sobre instrucciones para el servicio de contadores, donde se dispone que el reintegro se hará únicamente del valor de la cantidad de agua consumida, a partir de la última liquidación satisfecha, del que se deducirá un tanto por ciento igual al que resulte de restar del error encontrado el 5 por ciento legal, la cantidad que así resulte representa el importe de la devolución. Afirmando que en dicho sentido se ha pronunciado recientemente el Tribunal Supremo en Sentencia de 22 de abril de 1993 (Ponente el Sr. Martínez San Juan), al aludirse en su fundamento jurídico segundo al mencionado porcentaje del 5%.

Por todo ello, la empresa recurrente considera que son de aplicación los errores máximos admisibles del +/- 3% y +/- 5%, según que la verificación haya sido realizada en laboratorio oficial o “in situ”, respectivamente.

2) Por otro lado, D. José Antonio Santana Navarro expone:

- Que el contador fue instalado inicialmente a un vecino hasta mayo de 1993.

- Que se le han facturado por Emalsa los recibos de agosto-92 y octubre-92 de 10 m3 cada uno.

- Que se comete error en la Resolución al señalarse que ampara cuatro recibos, cuando son tres.

- Que queda a disposición para que se proceda a verificar que la casa se encuentra cerrada.

Quinto.- Con fecha 1 de julio de 1993, la Dirección Territorial de Industria y Energía de Las Palmas remitió al Centro Español de Metrología solicitud de informe acerca de los errores máximos tolerados en verificaciones periódicas, contestando dicho organismo, con fecha 23 de julio del referido año, que, al no existir reglamentación expecífica en la que se establezcan los errores máximos tolerados tanto en la verificación periódica, como en la verificación después de reparación o modificación, los errores máximos tolerados exigibles en verificación periódica a los contadores de agua fría, con aprobación de modelo CEE, serán los correspondientes a la verificación primitiva especificados en el punto 2.1 del anexo de la Orden de 28 de diciembre de 1988 (B.O.E. de 6.3.89), que regula los contadores de agua fría.

Sexto.- Habiéndose remitido por parte de la Dirección Territorial de Industria y Energía de Las Palmas a la entidad recurrente el escrito del Centro Español de Metrología a que se alude en el antecedente anterior, por parte de la misma se presenta el día 4 de octubre de 1993 escrito de alegaciones en el siguiente sentido: 1. Que después de cinco años de vigencia de la Orden de 28 de diciembre de 1988, la Dirección Territorial de Industria y Energía se ha obstinado en aplicarla, no dudando en hacer forzadísimas interpretaciones, como las que se desprenden de la consulta elevada al Centro Español de Metrología, para obtener un informe que refrendara sus tesis.

2. Que el precitado informe es indocumentado y carente de fundamento, y no expresa razón alguna por la que se ha producido una derogación expresa o tácita de la normativa anterior, y que en la actualidad continúa aplicándose en el resto del país.

3. Que de ninguna manera puede hacerse una interpretación extensiva de la Orden Ministerial de 18 de diciembre de 1988, ni entender derogada tampoco la normativa anterior que ha venido aplicándose hasta fechas recientes en estos casos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

-I-

En relación con los requisitos de admisibilidad de los recursos ordinarios presentados, no hay que formular ningún pronunciamiento en contrario, por cuanto que los escritos de impugnación se han interpuesto en tiempo y forma y la Consejería de Industria y Comercio es el Departamento competente para conocer los mismos.

-II-

Por cuanto a las alegaciones de la entidad recurrente Emalsa, el artº. 41 del Decreto de 22 de febrero de 1907, que reguló las instrucciones para el servicio de contadores, establecía los errores legales, del +/- 5%, que según la citada empresa se debió aplicar por la Dirección Territorial de Industria y Energía en las verificaciones periódicas realizadas. Hay que señalar que el citado artículo está incluido en el Título III “De la aprobación y contraste de los contadores para agua”, que se ha de entender derogado parcialmente por el Decreto de 12 de julio de 1945 (B.O.E. de 16 de julio de 1945), sobre “Las Condiciones que han de reunir los Contadores de Agua, Gas y Electricidad, y Pruebas para su Aprobación”, y posteriormente por la cláusula derogatoria contenida en el artº. 97 del Decreto de 12 de marzo de 1954 (B.O.E. de 15 de abril), que aprobó el Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía (de aplicación a los servicios de agua por Orden de 15 de marzo de 1963), dado que regula en su Título Segundo la Aprobación y Verificación de los Contadores y de otros Aparatos de Medida, estableciendo en su artículo 27 como error admisible el +/- 3%, si la verificación se realiza en laboratorio, y +/- 4% si se verifica el contador en el domicilio del abonado.

-III-

La verificación periódica está contemplada dentro del control metrológico CEE (artº. 7.2.D de la Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología, modificada por Real Decreto-Legislativo 1.296/1986, de 22 de junio, B.O.E. de 30 de junio de 1986), aun cuando sólo ha sido desarrollado el modelo y la verificación primitiva por el Decreto 597/1988, de 10 de junio (B.O.E. de 14 de junio de 1988), que regula el Control Metrológico C.E.E. Entendemos que esta normativa es extensiva a todos los contadores C.E.E. por los siguientes motivos:

1. Los artículos 15.1.B) y 15.2 del Decreto 597/1988 disponen que podrá revocarse la aprobación de modelo CEE “... si no se respetan las exigencias metrológicas especificadas en el certificado de aprobación a las restricciones del artículo 13.2” y “... si el instrumento presenta al utilizarlo un defecto de carácter general que lo haga inadecuado para lo que estaba previsto”, y en su artº. 20.2 señala que “en particular, el referido examen recaerá sobre: A) las cualidades metrológicas, B) Los errores máximos tolerados, C) La construcción en la medida en que ésta garantice que las propiedades metrológicas no corren riesgo de disminuir de manera importante por el uso normal del instrumento ...”, y a su vez en su punto 2.2 del anexo I que establece lo siguiente: “... en condiciones normales de uso, el instrumento deberá conservar las cualidades metrológicas exigidas”.

2. El control metrológico CEE para los contadores de agua fría viene impuesto por la Orden de 28 de diciembre de 1988 (B.O.E. de 6 de marzo de 1989), que en su apartado II (“Las características metrológicas”), punto 2.2.1, señala los errores máximos permitidos, y en su apartado III, punto 3.1.2, que los contadores deberán fabricarse de manera que se ajusten a las prescripciones de la presente disposición “en condiciones normales de uso”.

De lo que se desprende que el contador debe mantener las características metrológicas de su aprobación de modelo, entre ellos la exigencia del error máximo tolerado del +/- 2%, en el tramo Qt (caudal de transición) a Qmax (Caudal máximo) de acuerdo con el apartado II, punto 2.12, del anexo de la precitada Orden.

-IV-

En relación con el informe emitido por el Centro Español de Metrología, con fecha 23.7.93, acerca de los errores máximos tolerados en verificaciones periódicas, la Disposición Adicional Primera del Real Decreto 1.616/1985, de 11 de septiembre, por el que se establece “el control metrológico que realice la Administración del Estado”, dispone la sujeción por parte de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos en materia de control metrológico a las directivas técnicas y de coordinación previstas en el artículo 7º.4 de la Ley 3/1985, de 18 de marzo.

-V-

La Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de abril de 1993 (Ref. Aranz. 2708), invocada por la entidad recurrente en el Fundamento de Derecho segundo, reconoce como error admisible el +/- 3%, y no el 5% como manifiesta la Compañía Emalsa en su recurso.

-VI-

La Dirección Territorial de Industria y Energía viene exigiendo en las verificaciones oficiales a los contadores de agua fría los errores máximos tolerados en función de los criterios metrológicos exigidos en la fabricación del contador verificado. Así, los fabricados con criterios distintos al control metrológico CEE y, por tanto, fabricados antes del 7 de marzo de 1989, fecha de entrada en vigor de la Orden de 28 de diciembre de 1988, se les exige unos errores máximos tolerados del +/- 3% en laboratorio, y del +/- 4% “in situ”, según artº. 27.2 del Decreto de 12 de marzo de 1954. Por otro lado, a los fabricados a partir del 7 de marzo de 1989 se les exige el +/- 2%, con independencia del lugar de verificación.

Por ello, la alegación por parte de la entidad recurrente (Emalsa) acerca de la improcedencia de la aplicación de la Orden de 28 de diciembre de 1988, carece de relevancia jurídica en esta vía de recurso, por cuanto la Dirección General de Industria y Energía no aplicó la citada disposición en la Resolución de 10 de agosto de 1993, objeto de recurso.

-VII-

Los argumentos esgrimidos por D. José Antonio Santana Navarro en nada alteran los fundamentos de la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía, adoptada con base a lo dispuesto en el artº. 46 del Decreto de 12 de marzo de 1954, por el que se aprueba el Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía Eléctrica, aplicable también a los suministros de agua, por Orden de 15 de marzo de 1963 (B.O.E. nº 72, de 25 de marzo), precepto que continúa vigente tras la modificación parcial del citado Reglamento contenida en el Real Decreto 1.725/1984, de 18 de julio (B.O.E. nº 230, de 24 de septiembre).

Así el Tribunal Supremo en su Sentencia de 22 de abril de 1993, ha señalado que “únicamente cuando se constata el funcionamiento del contador con un error positivo superior al autorizado (lo que no ha ocurrido en el presente caso) se abonará la rectificación de la facturación y consiguiente reintegro al abonado de las cantidades indebidamente percibidas por la empresa suministradora”.

No obstante lo anterior, se constata que el recibo de agosto-92, facturado por Emalsa por 10 m3 y 1.200 pesetas, corresponde a un periodo de consumo anterior al alta del abonado (25.8.92), por lo que no resultaría imputable al mismo. Por otro lado, el recibo de abril-93, facturado por Emalsa por 70 m3 y 11.464 pesetas, al estimarse en la Resolución recurrida que abarcaba un periodo de 7 meses (hasta el 10.3.93), procede su corrección a 60 m3 y 10.370 pesetas, al considerarse la facturación de octubre-92 de 10 m3 y 1.200 pesetas, pagada por el abonado el 11.3.93.

-VIII-

Que el presente recurso no ha sido dictaminado por los Servicios Jurídicos por suscitarse en el mismo cuestiones de Derecho que ya han sido resueltas por aquéllos en dictámenes anteriores.

VISTOS

Los Reales Decretos 2.578/1982 y 2.091/1984, de 24 de julio y 26 de septiembre, denominados respectivamente de transferencia de competencias, funciones y servicios de la Administración del Estado a la entonces Junta de Canarias en materia de industria y energía y de valoración definitiva y ampliación de medios adscritos a los servicios traspasados y adaptación de los transferidos en fase preautonómica a la Comunidad Autónoma Canaria en materia de industria, energía y minas (B.O.E. números 248, de 16 de octubre de 1982, y 278, de 20 de noviembre de 1984), así como el Decreto 62/1993, de 13 de abril, de Reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, y el posterior Decreto 228/1993, de 29 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116).

El Consejero de Industria y Comercio, en ejercicio de sus competencias,

ACUERDA

Desestimar el recurso ordinario interpuesto por D. Vicente Camacho Lozano, en su condición de Director General de la “Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas”, contra la Resolución del Jefe del Servicio de Seguridad Industrial de la Dirección Territorial de Industria y Energía de Las Palmas, de 19 de agosto de 1993; así como estimar parcialmente el recurso ordinario interpuesto por D. José Antonio Santana Navarro contra la referida Resolución, en el sentido de anular el recibo de agosto-92, facturado por Emalsa por 10 m3 y 1.200 pesetas, por corresponder a un periodo de consumo anterior al alta del abonado, y de corregir el recibo de abril-93 a 60 m3 y 10.370 pesetas, al comprobar que la facturación de octubre-92 había sido pagada por el abonado; manteniendo el resto de la misma en todos sus términos.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dentro de un plazo de dos (2) meses desde su notificación, previa la comunicación a la Consejería de Industria y Comercio exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Industria y Comercio, José Vicente León Fernández.



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