Se hace saber a D. Rubén Reyes Yanes, con título de empresa operadora revocado, que se halla en ignorado paradero, que se ha dictado Propuesta de Resolución en el expediente sancionador incoado por la Viceconsejería para las Administraciones Públicas, Consejería de Presidencia y Turismo, con el nº 196/93, por infracción a la normativa vigente sobre el juego, proponiéndose una sanción de dos millones doscientas mil pesetas, al haberse comprobado por la Inspección del Juego, según acta de fecha 22 de julio de 1993, que en el establecimiento Bar Café Heladería Don, sito en Ten Bel, se encuentra instalada y en funcionamiento una máquina recreativa tipo B, careciendo al momento de la inspección de Boletín de Instalación, de Guía de Circulación y del Reglamento del Juego, resultando, además, que la máquina de referencia pertenece a D. Rubén Reyes Yanes (Recreativos Reyes), quien tiene su título de empresa operadora revocado.
Lo que supone infracción a los artículos 11º, 12º, 13º, 30º.1.b), 31º.1.b) y c) y 40º.4 del Decreto 93/1988, de 31 de mayo (B.O.C. nº 83, de 1.7.88), tipificadas como faltas muy graves, la explotación de máquinas recreativas por personas no autorizadas como empresa operadora y la explotación de máquinas sin autorización de explotación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 39º.1 y 2, correspondiéndole una sanción de un millón de pesetas por cada una; y como falta grave, la no entrega por la empresa operadora al titular del bar de la documentación a conservar en dicho lugar, a tenor de lo dispuesto en el artículo 40º.4 del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo, correspondiéndole una sanción de doscientas mil pesetas.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 43º.1.2.b) del Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias, se concede a Ud. un plazo de ocho días hábiles, a contar del siguiente al de la publicación del presente escrito, para que presente en su descargo las alegaciones que tuviera por conveniente a la defensa de su derecho.
Santa Cruz de Tenerife, a 7 de febrero de 1994.- La Viceconsejera para las Administraciones Públicas, Ana María Oramas González-Moro.
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