Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, es por lo que, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a D. Juan José Pimentel Dorta, Presidente de la Agrupación Comarcal de Auto-Taxis de Icod de los Vinos, la Orden de 11 de junio de 1993 (libro 01, folio 399), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Orden de la extinta Consejería de Industria, Comercio y Consumo, de 17 de septiembre de 1992, por la que se aprueban las tarifas de auto-taxis, presentadas por el Ayuntamiento de Icod de los Vinos (Tenerife).
2.- Remitir al Ayuntamiento de Icod de los Vinos la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.
Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de julio de 1993.- El Secretario General Técnico, Miguel Dalmacio Benítez Cruz.
A N E X O
Visto el recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, interpuesto ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Consumo por D. Juan José Pimentel Dorta, Presidente de la Agrupación Comarcal de Auto-Taxis de Icod de los Vinos, frente a la Orden de 17 de septiembre de 1992, por la que se aprueban las tarifas de auto-taxis, presentadas por el Ayuntamiento de Icod de los Vinos (Tenerife).
RESULTANDO
Primero: que el Ayuntamiento Pleno de Icod de los Vinos (Tenerife), en sesión ordinaria celebrada el día 20 de mayo de 1992, acordó proponer las siguientes tarifas de auto-taxis, elevándose a esta Consejería, el día 1 de julio de 1992 (Registro de entrada nº 1.183, de 6 de julio), para su aprobación definitiva las siguientes:
- Bajada de bandera 175 ptas. - Km recorrido 70 ptas. - Hora de espera 1.000 ptas. - Mínimo de percepción 255 ptas.
Suplementos
- Nocturno 25 ptas.
Segundo: que el Pleno de la Comisión Territorial de Precios de Santa Cruz de Tenerife, en su sesión ordinaria celebrada el día 11 de septiembre de 1992, oído el dictamen del Grupo de Trabajo, acordó proponer las siguientes tarifas:
- Bajada de bandera 150 ptas. - Km recorrido 50 ptas. - Hora de espera 1.000 ptas.
Suplementos
- Nocturno y festivos 25 ptas.
Acordándose posteriormente por el Excmo. Consejero de Industria, Comercio y Consumo la aprobación de las mismas, mediante Orden de 17 de septiembre de 1992.
Tercero: que contra la precitada Orden de 17 de septiembre de 1992, se interpone recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Consumo, que tiene entrada en este Departamento, con fecha de 22 de octubre de 1992 (Registro de entrada nº 1.855), exponiendo, en síntesis, el recurrente lo siguiente:
1º) Señalar su oposición a las tarifas aprobadas, que se dirige exclusivamente al concepto kilómetro recorrido, para el que se solicitaban setenta pesetas, y sólo se aprobó un importe por kilómetro de cincuenta pesetas. 2º) Además deben significar que la petición que se realiza por parte del Ayuntamiento no es una solicitud que suponga aumento alguno de las tarifas urbanas, sino que obligados por el imperativo legal de adecuar el transporte por auto-turismo al de auto-taxi, se propuso, sin que ello significara incremento, la reconversión de las tarifas urbanas de auto-turismos al sistema de taxímetro.
3º) La diferencia entre lo pedido y lo concedido, de 20 pesetas por kilómetro, responde no sólo al mantenimiento de las tarifas anteriores, sino a las condiciones de superficie y características urbanas existentes en el municipio en el que se van a aplicar, por lo que la aplicación del sistema de tarifas por taxímetros aplicando las aprobadas en la Orden que recurrimos, repercute minorando las que por la Comisión de Precios ya se tenían aprobadas, si bien para el sistema de auto-turismos. Cuarto: que la Dirección General de Comercio y Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas.
Y siendo de aplicación los siguientes
CONSIDERANDOS
Primero: que no procede ningún pronunciamiento en contrario sobre los requisitos de admisibilidad del recurso presentado, interpuesto en tiempo y forma, y siendo competente para resolver la Consejería de Industria y Comercio.
Segundo: que estudiada la totalidad del expediente no puede tomarse en consideración las alegaciones formuladas por el recurrente, por cuanto el artº. 107, en sus apartados 1 y 2 del Real Decreto-Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales en materia de régimen local, establece que la determinación de la tarifa de los servicios que con arreglo a la legislación sobre política general (a saber disposiciones complementarias, entre las que destaca el Real Decreto 2.226/1977, de 27 de julio, y la Orden de 30 de septiembre del mismo año) deban ser autorizados por las Comunidades Autónomas deberá ir precedida del oportuno estudio económico ... y que las tarifas deberán ser suficientes para la autofinanciación del servicio de que se trate.
Dicho estudio económico permite determinar si efectivamente las tarifas, aprobadas por el Ayuntamiento en cuestión, se adaptan o no a la realidad social, a la cual han de ser aplicadas.
De conformidad con el informe del Grupo de Trabajo (cuya función consiste en la preparación y estudio de los asuntos a tratar por el Pleno de la Comisión Territorial de Precios, elevando al mismo las propuestas que procedan, artº. 23.7 del Decreto Territorial 251/1991, de 3 de octubre) que sirvió de base para la emisión del preceptivo informe de la Comisión Territorial de Precios de Santa Cruz de Tenerife, previo a la Orden Departamental objeto del recurso:
a) El estudio económico presentado no justifica suficientemente el incremento solicitado, careciendo el mismo de datos esenciales, señalando que los ingresos son el resultado de multiplicar el precio del lm. por los km recorridos, sin añadir por ejemplo lo recaudado por suplementos y sin hacer una valoración estimativa de los gastos correspondientes a uno y a otro, imputándose todos al servicio urbano cuando lo que se debería hacer es un reparto de costes entre lo recaudado por ambas tarifas (urbana e interurbana).
b) Respecto al mínimo de percepción, éste sólo se aplica en trayectos interurbanos, según lo establecido en el apartado primero de la Orden Ministerial de 29 de julio de 1991, sobre régimen tarifario de los servicios públicos de viajeros en vehículos de turismos. Dicha tarifa debe aplicarse desde que el servicio a realizar se desarrolle total o parcialmente fuera de los núcleos urbanos de los municipios que hayan otorgado la licencia municipal, según establece el artículo 2º del Decreto 91/1991, de 29 de abril, por el que se regula la obligatoriedad de instalar el contador taxímetro, en vehículos auto-taxis.
c) Es criterio general de los Grupos de Trabajo de las Comisiones Territoriales de Precios, tanto de Santa Cruz de Tenerife como de Las Palmas de Gran Canaria, el unificar las tarifas urbanas con las interurbanas, aprobadas estas últimas por Orden Ministerial de 29 de julio de 1991 (B.O.E. de 13 de agosto), y cuyo importe es el siguiente:
- Precio por km recorrido 45 ptas. - Precio por hora de espera 1.216 ptas. - Mínimo de percepción 255 ptas.
Para lograr este objetivo, se debería establecer una bajada de bandera a la que sumada 2 -km de recorrido medio, nos diera un mínimo de percepción y para ello el Grupo de Trabajo propone las siguientes tarifas:
- Bajada de bandera 150 ptas. - Km recorrido 50 ptas. - Hora de recorrido 1.000 ptas.
Suplementos
- Nocturnidad y festivos 50 ptas.
Las tarifas propuestas son múltiples de 5 al considerarlo lo más lógico, puesto que el salto del contador-taxímetro se fija en 5 pesetas.
Respecto a las carreras suplementadas, el Grupo de Trabajo no las considera aceptables dado que las tarifas urbanas deben ser uniformes en todo el casco urbano, sin que existan suplementos para determinadas calles porque tengan fuertes pendientes, puesto que esto supondría una discriminación entre habitantes de un mismo casco urbano.
Tercero: que el presente recurso no ha sido dictaminado por los Servicios Jurídicos por suscitarse en el mismo cuestiones de Derecho que ya han sido resueltas por aquéllos en dictámenes anteriores.
VISTOS
Además de los preceptos legales citados en el Considerando segundo, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el Real Decreto 2.695/1977, de 28 de octubre (B.O.E. nº 260, de 3), sobre normativa en materia de precios, el Real Decreto 3.173/1983, de 9 de noviembre (B.O.E. de 28 de diciembre), de traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de intervención de precios. Los Decretos del Gobierno de Canarias 4/1984, de 13 de enero (B.O.C. nº 2, de 17), por el que se asignan a la Consejería de Economía y Comercio las funciones y servicios traspasados a la Comunidad Autónoma de Canarias, y 251/1991, de 3 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria, Comercio y Consumo (B.O.C. nº 134, de 11), el Decreto 62/1993, de 13 de abril, de Reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma Canaria, la Ley de Procedimiento Administrativo y demás disposiciones concordantes de general y especial aplicación.
El Consejero de Industria y Comercio, en ejercicio de sus competencias,
ACUERDA
Desestimar, en todos sus términos, el recurso de reposición previo al contencioso-administrativo interpuesto por D. Juan José Pimentel Dorta, Presidente de la Agrupación Comarcal de Auto-Taxis de Icod de los Vinos (Tenerife), frente a la Orden de 17 de septiembre de 1992 de este Departamento, por la que se resuelven las tarifas de auto-taxis presentadas por el Ayuntamiento de Icod de los Vinos (Tenerife), por lo que, consecuentemente, debe confirmar y así confirma la mencionada Orden recurrida.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dentro de un plazo de dos (2) meses desde su notificación/publicación, previa la comunicación a la Consejería de Industria y Comercio exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Industria y Comercio, José Vicente León Fernández.
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