El Real Decreto 2.344/1985, de 20 de noviembre, prevé en su artº. 11, apartado 4, que todas las inspecciones y sus resultados se anotarán en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, a cuyos Servicios se remitirá por el organismo inspector de la tasa a que alude el artº. 6 de la Ley 16/1979, de 2 de octubre, cuyo importe en papel de pagos del Estado será percibido por quien efectúe la inspección técnica.
Por otra parte, el Real Decreto 1.987/1985, de 24 de septiembre, establece en el artº. 11, apartado 3, que los órganos competentes de las Comunidades Autónomas enviarán trimestralmente, por cada estación, al Centro Directivo del Ministerio de Industria y Energía competente en materia de seguridad industrial, información sobre el número y los resultados de las inspecciones técnicas de los vehículos, así como la frecuencia de los defectos observados basados en los datos que figuren en los informes de inspección técnica.
El Real Decreto 572/1992, de 29 de mayo, efectúa la actualización de las tasas definidas en el artº. 6 de la Ley 16/1979, de 2 de octubre, y asigna a las anotaciones de cualquier clase, en los expedientes, suministro de datos, certificaciones, cotejos y desglose de documentos, la tarifa de 800 pesetas.
También hay que tener en cuenta que al no ser una tasa de la Comunidad Autónoma de Canarias, no se puede girar liquidación reglamentariamente modificada al administrador, para que los sujetos pasivos, si lo estiman adecuado, se opongan al tributo, con lo cual se está favoreciendo la práctica indefensión del ciudadano, actuación claramente contraria al texto constitucional. Respecto a su control se carece de potestad sancionadora y autotutela ejecutiva, por no ser una tasa cedida a la Administración Autonómica.
De acuerdo con el artº. 92 de la Ley 5/1990, de 22 de febrero, de Tasas y Precios Públicos, la tasa se devengará mediante la prestación del servicio. Se exigirá, sin embargo, por anticipado mediante liquidación provisional desde el momento de iniciación del expediente de oficio o a solicitud del interesado. Por tanto, la tasa no puede exigirse hasta que la Jefatura Provincial de Tráfico inicie al menos el expediente de anotación, expediente que nada tiene que ver con el formalizado por la Comunidad Autónoma de Canarias por la inspección técnica que realiza.
Por cuanto antecede, esta Dirección General
R E S U E L V E:
1º) Suspender la obligación de los órganos inspectores, de exigir la tasa de la Jefatura Central de Tráfico de 800 pesetas, regulada por el Real Decreto 572/1992, de 29 de mayo, en las estaciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.
2º) En el caso de que voluntariamente el administrador y en el momento de efectuar la inspección técnica, entregase el importe de la tasa en papel de pagos del Estado, tal y como se prevé en el Real Decreto 2.344/1985, de 20 de noviembre, ésta será percibida por el órgano inspector y remitida a la Jefatura Provincial de Tráfico, de acuerdo con las instrucciones que en su momento dicte este Centro Directivo.
3º) A su vez, si así se le requiere al órgano inspector, informará al administrador de la subsistencia de la obligación legal de impreso de la tasa de la Administración General del Estado.
Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de febrero de 1994.- El Director General de Industria y Energía, Luis García Martín.
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